Dirigentes de extrema derecha comienzan a declarar sobre la matanza de Atocha
Los más importantes dirigentes de la extrema derecha española comenzarán hoy a declarar ante el titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, señor Gómez Chaparro, que instruye el sumario de la matanza del despacho de abogados de la calle Atocha. Los llamados a declarar son Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva; Raimundo Fernández Cuesta, líder de FE de las JONS; Mariano Sánchez Covisa, jefe de los Guerrilleros de Cristo Rey, y Juan García Carrés, antiguo dirigente del sindicalismo vertical.
La decisión de llamar a estas personas fue tomada como consecuencia del recurs...
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Los más importantes dirigentes de la extrema derecha española comenzarán hoy a declarar ante el titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, señor Gómez Chaparro, que instruye el sumario de la matanza del despacho de abogados de la calle Atocha. Los llamados a declarar son Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva; Raimundo Fernández Cuesta, líder de FE de las JONS; Mariano Sánchez Covisa, jefe de los Guerrilleros de Cristo Rey, y Juan García Carrés, antiguo dirigente del sindicalismo vertical.
La decisión de llamar a estas personas fue tomada como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la acusación privada del caso, en representación de los supervivientes y los familiares de las víctimas, que insistieron en la necesidad de sus declaraciones por aparecer sus nombres en las efectuadas por los procesados, actualmente presos en Carabanchel.También deberán declarar otras personas de extrema derecha, tales como Angel Sierra y Ricardo Manteca, relacionados con atentados a librerías progresistas y salas de arte; Pedro Rodrigo, director de la revista Fuerza Nueva; Luis Fernández Villamea, miembro de este partido; así como los inspectores de policía Luis González Gay y Antonio González Pacheco, este último ayudante del comisario Conesa en la brigada antiterrorista.
Sucesivos aplazamientos
Las declaraciones debieron haberse producido el mes de junio pasado, pero fueron aplazadas como consecuencia de un recurso interpuesto por la acusación privada contra la providencia en la que el juez instructor comunicó a los abogados acusadores que podían acudir «con el interrogatorio ya escrito a fin de facilitar la práctica de la diligencia».
La acusación privada que ayer se reunió para preparar los interrogatorios, está formada por José María Mohedano, Antonio Rato, Jaime Sartorius, Jaime Miralles, Cristina Almeida y José Luis Núñez.
En nombre del Colegio de Abogados de Madrid, que también forma parte de la acusación privada, ha actuado en anteriores ocasiones su presidente, Antonio Pedrol.
En los actos que ahora se enjuician, ocurridos en la noche del 24 de enero del año pasado, fueron muertos a tiros en el despacho de la calle Atocha los abogados Luis Javier García Benavides, Serafín Holgado, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdevira, así como el ordenanza Angel Rodríguez.
Están procesados por su presunta implicación en los hechos Fernando Lerdo de Tejada, Carlos García Juliá, Francisco Albadalejo Corredera y Simón Sánchez Fernández-Palacios.
Juicios contra ultras
Por otra parte, ayer se celebraron en la Audiencia Nacional dos juicios contra presuntos activistas de la extrema derecha implicados en diversos atentados y acusados de terrorismo.
En el primero de los juicios comparecieron César García Alonso y Guillermo Díaz Castro, quienes, según el escrito de acusaciones del fiscal, hicieron disparos que hirieron a Francisco Gil Zurita y José Amorós Reina, el pasado 1 4 de enero, en Morón de la Frontera. La agresión, según el fiscal, se hizo con intención de intimidar a personas de ideología política contraria a la de los acusados para quienes se piden dos años y medio de prisión e indemnizaciones.
En el segundo juicio comparecieron José Antonio Oncina Pinero. Eugenio Escolano Zapata, Pedro Juan Cobos Marcos y José Enrique Tormo Pérez, acusados de arrojar botellas de líquido inflamable a las sedes del PSOE, PCE y PSP de Murcia, por lo que se les pide año y medio de prisión al primero. cuatro años al segundo y ocho a los dos últimos. En ambos casos los abogados defensores solicitan la absolución de los procesados o que sus delitos, sean considerados como faltas, lo que implica penas de arresto.
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