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Un sector de la policía se enfrenta con el Gobierno

El País
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Dos nuevos ceses de altos cargos del Ministerio del Interior fueron dispuestos ayer por el titular del departamento, Rodolfo Martín Villa, como un paso más de la «operación relevo» que se inició con el cese del jefe superior de Policía de La Coruña Andrés Gómez Margarida, y que, previsiblemente, continuará en los próximos días. El Boletín Oficial del Estado publica hoy sendas órdenes del Ministerio del Interior por las que se disponen los ceses de Gonzalo Cerrillo en el cargo de comisario general de Documentación y de José Luis Fernández Dopico como jefe del gabinete técnico del subsecretario ...

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Dos nuevos ceses de altos cargos del Ministerio del Interior fueron dispuestos ayer por el titular del departamento, Rodolfo Martín Villa, como un paso más de la «operación relevo» que se inició con el cese del jefe superior de Policía de La Coruña Andrés Gómez Margarida, y que, previsiblemente, continuará en los próximos días. El Boletín Oficial del Estado publica hoy sendas órdenes del Ministerio del Interior por las que se disponen los ceses de Gonzalo Cerrillo en el cargo de comisario general de Documentación y de José Luis Fernández Dopico como jefe del gabinete técnico del subsecretario de Orden Público.

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Estos ceses se producen simultáneamente a la decisión de la Dirección General de Seguridad de abrir expediente de sanción a los autores de la nota difundida el martes por la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía, en relación con los recientes asesinatos de miembros de la fuerza pública.Ayer mismo fueron objeto de expediente tres de los autores del comunicado emitido en Madrid -entre ellos el presidente de la Asociación de Policías, señor Cabrerizo, y el que fue ex secretario de Federico Quintero, quien fue jefe superior de Policía de Madrid con Arias Navarro- y el presidente de la Asociación Regional de Policías del País Vasco, Manuel Dafauce, organismo que ayer mismo difundió otro comunicado en Bilbao en términos similares al de Madrid. La sanción impuesta a estos cuatro funcionarios lleva implícita la suspensión de funciones, con la consiguiente retirada de la placa y el arma reglamentaria.

Los propios mandos policiales, en un comunicado hecho público anoche por la DGS, acusan a los autores de la nota de eludir sus responsabilidades desplazándolas a otros estamentos (Gobierno y Parlamento) y, en un tono de gran dureza, recuerdan que la principal obligación de los cuerpos. de seguridad del Estado es respetar y obedecer las leyes.

En medios gubernamentales la nota difundida en Madrid se considera grave no sólo por el tono («estamos dolorosamente hartos», se decía repetidas veces), impropio de unos servidores del Estado, sino por las acusaciones que se vertían en ella contra las fuerzas políticas y sociales, contra el Gobierno e implícitamente contra el Jefe del Estado, ya que se condenaban las «indiscriminadas medidas de gracia», que son de estricta competencia de la primera magistratura de la nación.

Entre los miembros de la Asociación de Policía de Madrid se detectó ayer gran contrariedad con el contenido de la nota y con el procedimiento con que fue elaborada.

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Editorial en página 6

Probable relevo en los mandos policiales

(Viene de primera página)

Un sector de policías de Madrid intentaba ayer convocar una reunión extraordinaria de la asociación para tratar del tema y exigir responsabilidades. También se afirmaba en círculos policiales que algunos miembros de la asociación estaban dispuestos a darse de baja de la misma.

Por lo que respecta a otras organizaciones regionales y provinciales, el descontento provenía además por no haber sido consultadas y, en algunos casos, por haber conocido la nota por la prensa.

En la reunión de los jefes superiores de Policía de toda España celebrada ayer en Madrid, el señor Martín Villa les informó de la apertura de sanciones y de la difusión de una contranota por parte de la Dirección General de Seguridad. Según manifestaciones recogidas en medios policiales por EL PAIS, los jefes superiores se manifestaron mayoritariamente en contra del comunicado.

Al margen del problema político que al Gobierno se le ha planteado con las notas de la Asociación Profesional (aún no se sabe qué medidas va a originar la difundida en Bilbao), la ineficacia de la actual policía en la lucha contra el terrorismo parece que va a traducirse en el relevo de altos cargos en todas las fuerzas implicadas. El Gobierno, que ha respaldado la política de inhibición de Martín Villa ante las críticas que a los responsables de las fuerzas de seguridad se les han hecho por sus connotaciones políticas, parece que no está dispuesto a tolerar por mucho tiempo las críticas que desde todos los frentes empiezan a recaer sobre la incomptencia profesional de esos mismos mandos, incapaces de ofrecer resultados positivos en la lucha antiterrorista.

Por lo que respecta a los responsables de los cuerpos de seguridad del Estado, la insatisfacción gubernamental se fundamenta en el escaso aprecio que han hecho a un instrumento legal que tanto habían reclamado, como es el decreto-ley antiterrorista de 28 de junio.

En medios gubernamentales se afirma que, a veces, el excesivo celo en, el espíritu de cuerpo de esos altos cargos impide que se actúe con toda diligencia.

A pesar de que en el Ministerio del Interior se resta importancia a este hecho, no deja de ser significativo que en las reuniones de los tres días últimos, mantenidas por Martín Villa con los responsables de la seguridad nacional, nunca estuvieran presentes ni el general inspector de la Policía Armada, señor Timón de Lara, ni el director general de la Guardia Civil general Oliete.

Por lo complejo de la operación, no es probable que a muy corto plazo se produzcan los ceses de los máximos responsables del orden público. En cambio, la «operación relevo» puede iniciarse esta misma semana, con el cese de algún jefe de la Policía Armada en una de las zonas afectadas por los últimos atentados con víctimas.

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