Un año frente a Europa,

SE CUMPLIO ayer el primer aniversario de la candidatura de España al ingreso en las Comunidades Europeas (CEE, CECA y Euratom), presentada el 28 de julio de 1977 por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, ante su homólogo belga y entonces presidente en funciones del Consejo de Ministros comunitario, Henri Simonet. Sólo catorce días bastaron al Gobierno del presidente Suárez, que surgió de las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, para convertir a España en el duodécimo país aspirante al ingreso en la Europa comunitaria.Los grandes argumentos de la «operación Europa», qu...

SE CUMPLIO ayer el primer aniversario de la candidatura de España al ingreso en las Comunidades Europeas (CEE, CECA y Euratom), presentada el 28 de julio de 1977 por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, ante su homólogo belga y entonces presidente en funciones del Consejo de Ministros comunitario, Henri Simonet. Sólo catorce días bastaron al Gobierno del presidente Suárez, que surgió de las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, para convertir a España en el duodécimo país aspirante al ingreso en la Europa comunitaria.Los grandes argumentos de la «operación Europa», que Suárez, Oreja y el embajador Bassols improvisaron con sigilo y urgencia, fueron: la búsqueda de un aval político exterior en favor de la consolidación de la democracia naciente y las ventajas de calendario que pudiera incluir la pronta presentación de la candidatura, unos meses después, de Portugal -Lisboa se presentó en Bruselas en marzo del mismo año- y de Grecia, que lo hizo en 1975.

El argumento de la oportunidad política e histórica también pesó de manera importante en esta primera decisión del Gobierno constituyente, que recurrió a la vocación europeísta de todos los partidos representados en el Parlamento, pero que eludió la obligación de establecer un serio inventario político, económico y social sobre las condiciones del ingreso de España en la CEE, sus problemas y sus consecuencias durante el período negociador y durante las adaptaciones transitorias que España deberá sufrir,durante cerca de diez años, una vez que se convierta en país miembro de pleno derecho. Adaptaciones que se vislumbran importantes en lo comercial y lo político y que amenazan con ofrecernos una infancia discriminada dentro del Tratado de Roma.

El Gobierno ha podido comprobar en los últimos doce meses -y muy personalmente el presidente Suárez en su gira por las capitales de los nueve- que el inventario era imprescindible y, ahora, a remolque de los acontecimientos lo construye y asimila de cara al irreversible proceso de negociación hispano-comunitaria. Un procedimiento que, hasta el momento, ha cumplido los plazos previstos por los eurócratas y deseados por Madrid, una vez que el Gobierno sancionó el nombramiento del mister Europa hispano en favor de un ministro, Leopoldo Calvo Sotelo, con servicios propios.

Pero si el procedimiento técnico progresa (por lo menos en lo que se refiere al encargo de la elaboración del dictamen por el Consejo de Ministros de la CEE, redacción del fresco o predictamen y elaboración de los cuestionarios que servirán de base al «sí» formal de la Comisión Europea) en los niveles político, comercial y económico-social, los resultados obtenidos al término del primer año de candidatura dejan mucho que desear y desdicen de la vocación continental de la Europa comunitaria y de la claridad y rigor que el Gobierno español debería adoptar ante la equívoca actuación de los nueve. Que, en sus niveles gubernamentales, los nueve declaran su apoyo al ingreso de España en la CEE es algo tan indiscutible como lógico y normal. Lo que no dicen los nueve, y motivos tienen para ello, es el cómo y cuándo podrá completarse la entrada de España en la CEE, como miembro de pleno derecho y sin discriminación de ningún tipo.

Aquí la cautela oficial es la norma, aunque los hechos hablan por sí solos. En el plano político hay que señalar que España solicitó participar en la concertación política comunitaria y en las proyectadas reformas institucional y agrícola de la CEE que tanto habrán de influir sobre nuestro país cuando ingrese en la Comunidad. A la petición de concertación política -que es paralela al Consejo institucional comunitario y que tiene como objetivo la consulta y homologación de las políticas exteriores- no hubo ni oposición ni respuesta. A las dos solicitudes restantes, institucional y agrícola, los mayores peligros para un eventual retraso de la adhesión de España, la respuesta es negativa y el argumento simple y ligero: «éstas son cuestiones de los nueve». También es problema de los nueve la definición de las condiciones de la adhesión de España, que se orientan hacia una transición larga y especial en lo agrícola y con dificultades importantes para otorgar a los países candidatos la libre circulación de trabajadores en el territorio comunitario. Condiciones éstas aplazadas en los primeros análisis de las instituciones europeas, fresco y dictamen. que deberán quedar claramente definidas en el mandato negociador que el Consejo de Ministros debe entregara la Comisión europea en los últimos seis meses (le 1979. En el terreno comercial y de las relaciones sectoriales los resultados del primer balance anual hispano-comunitario son peores. El acuerdo comercial preferencial de 1970 no fue adaptado económicamente a los tres nuevos países de la CEE, está sometido a una discriminación agrícola con respecto a las naciones meditérráneas que mantienen relaciones preferenciales con la Comunidad (Marruecos, Mauritania, Argelia, Israel y Malta) y cuenta en su haber con un déficit superior a los 10.000 millones de dólares en sus ocho años de vigencia.

En las políticas sectoriales de pesca, siderurgia, calzado, textil y laboral, el trato recibido por España en los últimos doce meses no fue precisamente el que merece una nación candidata al ingreso en las Comunidades. Al contrario, la norma fue la discriminación y la salvaguardia en sus planos bilateral o comunitario.

Con este panorama por delante no debe ser él optimismo la norma en las declaraciones gubernamentales sobre la adhesión de España a la CEE, como las del ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas quien, en relación con los problemas sectoriales, dijo: «España no recibiría mejor trato en estos temas aunque estuviera dentro de la CEE». El ministro, que intenta así eludir protestas y preguntas por estas discriminaciones, conoce la importancia de estar sentado en la sala del Consejo de¡ edificio Charlemagne de Bruselas. Dar por buenas sus palabras supondría, por otra parte, justificar la interrogante de ¿para qué nos sirve, pues, ingresar en las Comunidades? Sobre todo si, amén de estos problemas laterales, se nos anuncia una discriminación agrícola y laboral en el período transitorio -excepción laboral ésta que no rige en los nueve y que nunca se debe justificar en España por la presencia en Portugal de mano de obra en paro, porque éste es un principio ineludible de la Europa política y, a priori, se nos excluye de las reformas agrícolas e institucionales de los nueve que tanto nos han de afectar después del ingreso.

Porque somos un pueblo europeo no le mendigamos a Europa: reclamarnos derechos. Avanzar hacia Europa a costa de todo era la técnica de los Gobiernos técnocratas que estuvieron a punto de entregar el libre cambio industrial español -la gran arma negociadora de hoy- a cambio de un éxito público-político que los ministros López Bravo y López Rodo no consiguieron firmar, a pesar de los esfuerzos denodados del embajador Ullastres. El Gobierno debe hacerse respetar, en público y en privado, en el proceso de integración comunitaria, no justificar la inclemencia de los nueve y no engañarse por el procedimiento, por los aromas del fresco y del dictamen prenegociadores. Porque, y eso se sabe en Madrid, será el mandato del Consejo de Ministros el que, en última instancia, marque las condiciones reales de negociación y de ingreso en la CEE.