Proceso de democratización de la Sociedad General de Autores

La aprobación el pasado día 21 de junio, en junta general extraordinaria, de los nuevos estatutos de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), supone una medida de indudable trascendencia, ya que una violenta lucha de notas y contranotas no ha hecho sino oscurecer para el gran público.

Para una cierta comprensión de los hechos y del proceso que desde hace un año asalta casi diariamente las páginas de actualidad hay que retrotraerse a muchos años atrás.La SGAE quedaba constituida en 1941 como resultado de la disolución de otras varias sociedades que se encargaban en nuestro país d...

La aprobación el pasado día 21 de junio, en junta general extraordinaria, de los nuevos estatutos de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), supone una medida de indudable trascendencia, ya que una violenta lucha de notas y contranotas no ha hecho sino oscurecer para el gran público.

Para una cierta comprensión de los hechos y del proceso que desde hace un año asalta casi diariamente las páginas de actualidad hay que retrotraerse a muchos años atrás.La SGAE quedaba constituida en 1941 como resultado de la disolución de otras varias sociedades que se encargaban en nuestro país de la recaudación y reparto de los derechos que los autores perciben por la utilización o reproducción de sus obras. Los estatutos, que fueron revisados en años posteriores, disponían una serie de derechos y deberes a los socios en relación directa con los ingresos percibidos en concepto de derechos por cada uno de ellos.

La SGAE quedaba dividida en varias secciones como la musical, la teatral, cine y televisión, etcétera. Cada una de ellas disponía de una junta general, un director, un consejero delegado y otros varios cargos administrativos o de dirección. Las secciones tenían a su cargo la gestión de los derechos recaudados por ese concepto determinado y la adopción de acuerdos para la defensa de los intereses de los autores. Los acuerdos tomados en cada sección eran ejecutivos, a menos que se recibiera orden en contrario por parte de la presidencia de la entidad, cosa que raramente ocurría.

Las secciones se constituían de esta forma y en la práctica, en pequeños reinos de taifas que ponían y quitaban cargos, hacían y deshacían a su antojo en una dinámica de compadreo que el absentismo de unos socios cansados y decepcionados no hacía sino favorecer.

Ya desde un principio los mayores ingresos de la sociedad se recibían a través de la sección musical, básicamente en concepto de ejecución (orquestas, cantantes, etcétera). Aunque nunca ha sido probado, era un lugar común en la sociedad que determinados autores de escasa fama habrían encontrado un método de aumentar sus ingresos por medio de la rueda. La rueda consistiría en que los inspectores de la sociedad (estamos hablando siempre de la música), socios ellos mismos de la entidad, incluirían en las hojas de declaración (por medio de las cuales se especifica qué temas se reproducen en vivo o en discotecas), canciones de otros autores a cambio de que éstos incluyeran los suyos. Se supone que por éste método, dichos autores habrían conseguido un control prácticamente absoluto de la sección musical, puesto que el límite de veinticinco votos, impuesto como tope máximo para cada uno de los socios, son fácilmente rebasables poniendo canciones a nombre de familiares o amigos, que delegarían sus votos en una sola persona.

Presunto fraude

Así se llegó a los años sesenta y setenta y al ascenso de las discotecas como fuente de recaudación. Aquí comienza el verdadero problema, pues si bien la rueda ya sería inmoral, la nueva modalidad daría lugar a presuntas acciones que llevaron a la destitución de la junta de la sección musical y a acusaciones contra determinados socios (entre ellos varios miembros de la misma junta) que en estos momentos esperan una resolución definitiva por parte del Juzgado número 13 de Madrid. El presunto fraude, que alcanzaría la suma de 63 millones de pesetas, se ejercería trucando las hojas de declaración de las discotecas por diversos medios, dando lugar a que autores totalmente desconocidos y que no ingresan nada por las ventas de sus discos, perciban en cambio millones por la reproducción de esos mismos discos en discotecas y salas de fiesta.El día 31 de mayo del pasado año la junta general de la SGAE destituía a la junta de la sección musical y el día 30 de junio se realizaban nuevas elecciones para la misma, en la cual resultaban elegidos autores claramente progresistas como José Nieto, Teddy Bautista o Francisco Burrull, junto a otros tan conocidos como Pablo Herreros, Manuel Alejandro o Tomás Marco.

Los consejeros destituidos contraatacaron, bien personalmente, bien a través del Sindicato Profesional de Músicos Españoles, que ha asumido sus quejas de manera indiscriminada. Dichas acusaciones iban desde la dirigida al presidente Moreno Torroba por el déficit de la entidad (que ciertamente no es un modelo de gestión económica), hasta otra en la cual se indicaba la incompetencia de la junta general de la SGAE para destituir a la junta de la sección musical. En medio del conflicto se sitúan las multinaciones discográficas, que, con una regularización en los repartos verían, sin duda, aumentados sus ingresos, ya que es su música la que con mayor frecuencia se programa en discotecas. Esta consecuencia, por otra parte justa, se vería compensada por una mayor atención a las recaudaciones de la SGAE en el extranjero, que, actualmente están casi totalmente abandonadas, con grave perjuicio de nuestros autores.

En dicho estado de cosas y en el seno de un proceso democratizador objetivamente impulsado por el presidente Moreno Torroba, se llegó el día 21 del pasado mes de junio a la aprobación de los nuevos estatutos.

En ellos se contempla una nueva forma de gestión de la sociedad, reestructuración de las secciones y un funcionamiento más globalizado en la toma de decisiones. Se aumenta, asimismo, el número de socios con derecho a voto y se impiden los abusos de los votos por delegación.

Queda por solucionar el problema de las recaudaciones por cine y literatura -que en estos momentos son un verdadero escarnio-, la gestión económica de la SGAE, la separación por parte de la entidad de sus socios y de la sociedad española en general. La resolución de dichas cuestiones y una toma de postura más activa para la defensa de los autores y de la cultura española en general es el reto que en este momento se plantea una sociedad en lucha por salir de sus desprestigiadas cenizas.