Ciertos sectores del Gobierno, contra la empresa pública

La posible existencia de una ofensiva en contra de la empresa pública, lanzada desde los sectores más liberales del propio Gobierno, fue señalada ayer a EL PAIS como el principal motivo por el que se encuentran congeladas todas las actuaciones previstas, entre las que destaca la remisión a las Cortes del proyecto de estatuto de la empresa pública, que debería haberse producido antes del pasado 30 de junio, de acuerdo con los pactos de laMoncloa.

En esta misma línea, los máximos dirigentes de la política económica mostrarían en estos momentos escaso interés en que la figura del Instituto...

La posible existencia de una ofensiva en contra de la empresa pública, lanzada desde los sectores más liberales del propio Gobierno, fue señalada ayer a EL PAIS como el principal motivo por el que se encuentran congeladas todas las actuaciones previstas, entre las que destaca la remisión a las Cortes del proyecto de estatuto de la empresa pública, que debería haberse producido antes del pasado 30 de junio, de acuerdo con los pactos de laMoncloa.

En esta misma línea, los máximos dirigentes de la política económica mostrarían en estos momentos escaso interés en que la figura del Instituto Nacional de Industria (INI) apareciese potenciada, siquiera por la puesta en marcha de las reformas anunciadas al hacerse cargo de su presidencia José Miguel de la Rica, hace ya dos meses.Diversos medios de la Administración, consultados por EL PAIS, expresaron sus recelos ante la reiteración con que determinadas personalidades aluden a la preocupación que en el sector privado empresarial pudiera causar un reforzamiento de las empresas públicas, eliminando taxativamente el viejo principio de la subsidiariedad. Las mismas fuentes insistieron en destacar que estas mismas aseveraciones suelen llevar aparejada la comparación con los restantes países europeos, especialmente en el sentido de recordar que España sería el primer país del continente que contará con un estatuto específico para las empresas estatales. Por otra parte, dirigentes del INI no ocultan su preocupación por el retraso en abordar la problemática de sectores industriales en aguda crisis, en los que el primer holding estatal es claramente mayoritario, como es el caso de la construcción naval o la siderurgia. Como ejemplo, se cita el caso de los astilleros, señalando que el representante del Ministerio de Economía en las negociaciones entre Administración y centrales sindicales para solventar la crisis no asiste a las deliberaciones desde hace varias semanas.

La congelación del estatuto es atribuida unánimemente al vicepresidente económico, Fernando Abril, quien recibió los trabajos de la comisión redactora a mediados del pasado mes de junio y todavía no ha distribuido sus conclusiones a los miembros del Gabinete para que éstos puedan informar previamente a la discusión en Consejo de Ministros. Paralelamente, parecen existir instrucciones tácitas de no revelar el contenido del estatuto específico del INI, ya elaborado al margen del grupo de trabajo designado, manteniendo la consideración de que el Instituto no es empresa pública. El criterio al respecto de esta última norma parece ser el de posponer su discusión al menos tres meses tras la aprobación parlamentaria del Estatuto de la Empresa Pública.

Otros medios consultados han asegurado detectar una operación de vasto alcance, encaminada a trocear el INI, repartiendo sus empresas por los distintos ministerios relacionados con la actividad que desarrollan. Esta idea, contraria al principio de concentración de las participaciones estatales que figuraba en el programa electoral de UCD y que fue posteriormente introducido en el principal borrador de Plan Energético, contaría con importantes valedores entre sectores del Gobierno que consideran excesivo el poder que se otorgaría a un departamento concreto, en el caso de que asumiera la gestión de todas las empresas públicas.

Remodelación del INI

El caso del Instituto Nacional de Industria, cuya ubicación actual no aparece del todo exenta de polémica, es considerado por la mayor parte de medios consultados como claramente ilustrativo de las pugnas libradas en los últimos tiempos en el seno del equipo económico, al respecto del papel concurrencial de las empresas estatales.A los dos meses de su toma de posesión, el presidente del INI, José Miguel de la Rica, no ha puesto en práctica transformación alguna, ni siquiera en los aspectos reiteradamente anunciados por el titular de Industria, Agustín Rodríguez Sahagún, incluso en el acto de toma de posesión del rector del Instituto. En algunos medios del holding y las empresas de su grupo existe notoria inquietud por el retraso en la puesta en marcha de reformas.

Según fuentes próximas al presidente del INI, los dos niveles iniciales de actuación propuesta son renovación de la estructura sectorial del holding y revisión de su deficiente estructura financiera. La reforma que en estos momentos se estudia pasaría por una potenciación de sectores, cuyos directores podrían obtener rango de vicepresidente ejecutivo, en línea con los criterios de descentralización ya adelantados. Paralelamente, se crearían tres nuevos sectores -no consolidados-, incluidos en principio en el de planificación, dedicados a defensa, electrónica e informática. Por otra parte, parece va a ser creado un comité de exámen de las empresas, encargado de diagnosticar el estado de las sociedades, sobre todo comparando sus resultados con los obtenidos por empresas privadas en el mismo sector de actividad. Este organismo estaría igualmente encargado de aplicar el control de gestión, netamente reforzado y potenciado. Finalmente, y como medio de posibilitar una amplia remodelación de cargos ejecutivos en todas las empresas, se proyecta crear un fichero de ejecutivos del grupo que permita su movilización idónea.