Casi noventa mil familias pueden perder sus ahorros depositados en el grupo MPI

La apreciación de importantes inexactitudes en los balances presentados está retrasando el dictamen judicial sobre la solicitud de suspensión de pagos presentada por MPI Inversiones, sociedad participada mayoritariamente por el Banco de Navarra, según ha podido confirmar EL PAIS en fuentes solventes.

El temor imperante en estos momentos entre la mayoría de los 80.000 inversores con que cuenta la sociedad es el de perder total o parcialmente los ahorros depositados en MPI, cuya junta general está convocada para el próximo día 27. Por otra parte, ha sido dictado auto de procesamiento cont...

La apreciación de importantes inexactitudes en los balances presentados está retrasando el dictamen judicial sobre la solicitud de suspensión de pagos presentada por MPI Inversiones, sociedad participada mayoritariamente por el Banco de Navarra, según ha podido confirmar EL PAIS en fuentes solventes.

El temor imperante en estos momentos entre la mayoría de los 80.000 inversores con que cuenta la sociedad es el de perder total o parcialmente los ahorros depositados en MPI, cuya junta general está convocada para el próximo día 27. Por otra parte, ha sido dictado auto de procesamiento contra el promotor del grupo y presidente del Banco de Navarra, Juan Palomeras, al haber apreciado el ministerio fiscal presuntas irregularidades en la administración del banco, intervenido por el Banco de España hace varios meses.La solicitud de declaración de suspensión de pagos, presentada por los administradores de MPI, señalaba un activo de 7.600 millones de pesetas y un pasivo de 4.672 millones. El balance aportado ha sido calificado de confuso en diversos medios consultados, especialmente en lo que se refiere a una partida del activo que, bajo el epígrafe «otros derechos y créditos» importaba 2.400 millones de pesetas y se entiende como pieza clave para evitar que la consideración final fuera de quiebra de la sociedad. Según los medios consultados, el juez encargado del asunto rechazó el balance presentado y solicitó una nueva elaboración. Los principales acreedores de MPl son: Banco Cantábrico -actualmente en la UVI bancaria-, con 130 millones; Banco de Navarra, 89 millones; Gernavarra, 45 millones; IBM, con 22, y el Ministerio de Hacienda con diez millones de pesetas.

MPI participa actualmente en un total de 87 empresas, con un pasivo global de 4.250 millones de pesetas y unos 35.000 clientes. La captación de recursos se efectuaba mediante un gran despliegue de red comercial, basada en el contacto directo. El señuelo empleado fue la rentabilidad asegurada del 13 % anual, abonado regularmente por la sociedad hasta el pasado 17 de enero, cuando el Gobierno decidió intervenir el Banco de Navarra y sobrevinieron las dificultades para la sociedad.

A partir de la actuación judicial, los problemas para los que aportaron sus fondos a MPl se centran en su consideración de acreedores de la sociedad, en lugar de cuenta partícipes. Además de significar un falseamiento del planteamiento mediante el que se instaba a los ahorradores a aportar sus fondos, ello supone que la recuperación de la inversión resultará cuando menos problemática, por no decir imposible, para las cerca de 90.000 familias afectadas, que habían aportado sus recursos -en general provenientes de economías modestas- a MPI o cualquiera de las restantes sociedades del grupo: Carfide, Gesfide, Seguriver, Acción Inmobiliaria Financiera y otras. Las aportaciones se realizaban bien dierectamente a la sociedad para su cartera de inversiones o para valores específicos para los que la sociedad captaba recursos directamente. En todos los casos, parece que en el expediente de suspensión de pagos son considerados los partícipes no como tales, sino como prestatarios de la sociedad, con lo que adquieren la tipificación de acreedores.

Esta consideración legal tiene ya diversos precedentes en España, en los procesos abiertos en torno a varias de las sociedades de inversión que han concluido en insalvables dificultades. El que afectó a mayor número de personas fue acaso el de Rentagracón, con el concomitante de Sofico, todavía ambos sin resolver definitivamente. El denominador común de todo este tipo de sociedades fue el señuelo de un sustancioso interés garantizado, divulgado en espectaculares y costosas campañas publicitarias, unido a una escasa solidez financiera y empresarial. A partir de ese reclamo, miles de modestos ahorradores, habituados a las ridículas retribuciones de los depósitos bancarios de la época, canalizaron el fruto de sus rentas salariales hacia las sociedades de inversiones.

Procesamiento a Juan Palomeras

Según ha podido saber EL PAIS, el promotor y presidente del Banco de Navarra, inspirador asimismo de todas las sociedades del grupo, Juan Palomeras, se encuentra actualmente procesado por el Juzgado de Pamplona, aunque, al parecer, permanece en situación de libertad provisional.Desde que el pasado mes de enero la autoridad monetaria decidió la intervención del Banco de Navarra, los servicios de inspección del Banco de España han desbrozado las actividades del banco en los últimos tiempos. Como consecuencia de estos trabajos, los citados servicios de la banca central trasladaron el fruto de las averiguaciones al ministerio fiscal, por estimar pudieran existir materias presuntamente constitutivas de diversos delitos. Posteriormente, el ministerio fiscal trasladó las actuaciones al Juzgado de Pamplona, uno de cuyos titulares decretó el correspondiente auto de procesamiento.

Paralelamente a las investigaciones seguidas por el Banco de España, se produjeron diversos intentos para introducir al Banco de Navarra en la Corporación Bancaria sociedad formada por la banca privada y el Banco de España. Frente a estos intentos, los accionistas mayoritarios del banco, representados por el señor Palomeras, plantearon acciones judiciales en contra de tal incorporación a la UVI.

Asociación de afectados de MPI

Al igual que en casos precedentes -Rentagracón y Sofico, entre otros-, los afectados por el affaire de MPI han solicitado del Ministerio del Interior el reconocimiento legal de una asociación que englobe a la mayos parte de las cerca de 90.000 familias afectadas por el caso.Los trabajadores de la sección comercial de MPI, que eran, precisamente, los encargados de la captación directa de participaciones, han protagonizado diversos encierros, en demanda de una mayor atención a los intereses de los partícipes. Estos trabajadores recibieron el pasado mes de marzo cartas individuales de despido, frente a las que han presentado recursos ante las autoridades laborales. La empresa les adeuda los salarios desde el mes de febrero y las comisiones correspondientes de los meses precedentes. Este colectivo de trabajadores acusa al consejo de administración de la sociedad de promover el deterioro progresivo de la situación, resguardando exclusivamente sus intereses personales y obviando los de los partícipes de la sociedad, en absoluto responsables de la pésima gestión desarrollada y que -opinan los propios trabajadores- ha sido la causa esencial del hundimiento de MPI.

La parte laboral rechaza asimismo la conducta de la administración, obsesivamente centrada en llevar a cabo de forma apresurada la liquidación de la compañía. Este propósito liquidador estaría especialmente sintonizado con la actitud de la banca privada, personalizada según los trabajadores en Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, que se ha opuesto en todo momento a una solución de salvación pactada del Banco de Navarra y todo su grupo. Para los trabajadores, han existido y existen numerosos casos similares en el contexto bancario español que han sido sobrellevados por la voluntad de cooperación de la colectividad bancaria. La parte laboral estima igualmente que los intentos de Rumasa por hacerse con Banco de Navarra fueron torpedeados por los grandes bancos y se frustró una posibilidad de reflotar todo el grupo, incluida MPI.

Afectados y trabajadores responsabilizan a la administración, finalmente, de no haber ejercido adecuadamente las tareas de control de este tipo de sociedades, de acuerdo con las competencias que otorga la vigente normativa al respecto, especialmente en lo que se refiere a garantías, publicidad y supervisión de las actividades inversoras y gestoras de las compañías de inversión.