Próximo envío a las Cortes de un paquete de medidas antiterroristas

La prolongación del plazo legal de 72 horas siguientes a la detención y la intervención de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas son las dos principales medidas contenidas en el proyecto de ley sobre medidas en relación con los delitos cometidos por grupos o bandas armadas que el Gobierno enviará en breve a las Cortes.En dicho proyecto el Gobierno explicita que tendrá el deber de informar periódicamente a las Cortes, en la forma que éstas lo determinen, el uso que hace de estas medidas antiterroristas y del resultado obtenido por las mismas. Igualmente, el proyecto con...

La prolongación del plazo legal de 72 horas siguientes a la detención y la intervención de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas son las dos principales medidas contenidas en el proyecto de ley sobre medidas en relación con los delitos cometidos por grupos o bandas armadas que el Gobierno enviará en breve a las Cortes.En dicho proyecto el Gobierno explicita que tendrá el deber de informar periódicamente a las Cortes, en la forma que éstas lo determinen, el uso que hace de estas medidas antiterroristas y del resultado obtenido por las mismas. Igualmente, el proyecto contempla el hecho de que la autoridad judicial competente podrá revocar total o parcialmente lo acordado por el Ministerio del Interior.

El proyecto de ley antiterrorismo del Gobierno, consta de siete artículos y tres disposiciones finales, así como de una disposición transitoria. Las medidas del proyecto de ley afectan exclusivamente a «los delitos de asesinato, lesiones graves, detención ilegal bajo rescate o imponiendo cualquier otra condición, detención ilegal con simulación de funciones públicas, depósito de armas o municiones, tenencia de explosivos, estragos y delitos conexos con los anteriores, siempre que sean cometidos por personas integradas en bandas o grupos organizados y armados».

Las tipificaciones de estas figuras delictivas se llevan a cabo, según dice el preámbulo del decreto, «ante los crecientes y gravísimos actos cometidos por grupos o bandas armadas, intolerables atentados contra la vida de las personas y la seguridad ciudadana, y en definitiva una amenaza constante para el ejercicio de las libertades fundamentales en el supuesto ineludible del Estado de derecho».

La ley, según el proyecto del Gobierno, tendrá una duración de un año y ni los indultos generales ni los particulares podrán alcanzar a los condenados por los delitos tipificados en el texto legal. La tramitación de las causas a que se refiere este proyecto tendrá absoluta preferencia.