El fiscal del Reino, a favor del respeto de los derechos humanos en las cárceles

El fiscal del Reino, Juan Manuel Fanjul, ha enviado una circular a los fiscales de las audiencias territoriales y provinciales sobre visitas a prisiones en la que dice que las funciones de mantenimiento del orden jurídico y la satisfacción del interés social que el Estado confiere al ministerio público concuerdan directamente con la defensa de los derechos humanos y, muy especialmente, el que afecta a la libertad del ciudadano. La circular recuerda que una de las misiones del ministerio fiscal es investigar, con la mayor diligencia, las detenciones arbitrarias que se efectúen y promover su cas...

El fiscal del Reino, Juan Manuel Fanjul, ha enviado una circular a los fiscales de las audiencias territoriales y provinciales sobre visitas a prisiones en la que dice que las funciones de mantenimiento del orden jurídico y la satisfacción del interés social que el Estado confiere al ministerio público concuerdan directamente con la defensa de los derechos humanos y, muy especialmente, el que afecta a la libertad del ciudadano. La circular recuerda que una de las misiones del ministerio fiscal es investigar, con la mayor diligencia, las detenciones arbitrarias que se efectúen y promover su castigo y el derecho de los fiscales de las audiencias para requerir de los jefes de establecimientos penitenciarios relación de los internos y motivo de su prisión.

El señor Fanjul presta especial atención a las prolongadas prisiones preventivas que pudieran incidir en ilegalidad si no existiera causa procesal que las justificara, así cómo a la misión de tutela que al ministerio fiscal corresponde sobre las condiciones materiales y humanas, así como las circunstancias de los internados.«Debe superarse, sin restricciones ni temores -añade el fiscal del Reino-, la errónea imagen del fiscal acusador y exigente, incapaz de ofrecer a la sociedad a la que servimos y representamos el amplio abanico de nuestras funciones», y hace alusión a las visitas que los fiscales de las audiencias deberán hacer a los establecimientos penitenciarios para conocer las condiciones de las detenciones, el estado de las prisiones y el trato que se dispensa a los internos.

La circular da a continuación unas instrucciones generales con carácter general para las visitas a prisiones. Las visitas no se espaciarán más de dos meses y las realizarán dos fiscales, con posibilidad de que uno de ellos sea fiscal de distrito. Tales visitas serán avisadas a los internos y se facilitarán las entrevistas que éstos quieran celebrar con representantes de la fiscalía, que se celebrarán directamente y sin testigos, pero sin aceptar reuniones con comisiones de reclusos, debiendo, si son solicitadas, comunicar las peticiones a la Fiscalía del Reino.

Se tomará nota del estado material del edificio y de sus instalaciones y merecerá especial atención anotar la autoridad que hubiese decretado la prisión de los internados y a cuya disposición se encuentren. El jefe del establecimiento deberá dar relación de las personas a las que afecte algún caso de ilegalidad, anomalía o confusión en la situación legal, con los datos y antecedentes necesarios para instar, ante las autoridades, las medidas que en cada caso se consideren oportunas.

Por último, la circular estipula que los fiscales visitantes trasladarán a su jefe todo lo que de interés humano se detecte en las entrevistas, para que aquél busque el medio de orientarlo o lo traslade a la Fiscalía del Reino.

Por otra parte, unos 450 reclusos, casi la totalidad de la tercera galería de la cárcel Modelo de Barcelona, celebraron el domingo una asamblea, convocada por la Copel, para discutir la nueva situación creada en las cárceles tras el nombramiento de Carlos García Valdés como director general de Instituciones Penitenciarias. Según informó Efe, se acordó apoyar al señor García Valdés en su gestión y la Copel se mostró partidaria de no recurrir a métodos violentos, al tiempo que criticó los recientes motines de Ceuta, Granada y Valladolid, que calificó como «intentos desestabilizadores de los sectores ultra, no interesados en que se den soluciones al problema de las cárceles».

También se puso de manifiesto la necesidad de una relación de mutuo respeto entre los funcionarios y los reclusos y -siempre según Efe- se aceptó implícitamente la posibilidad de sanción por parte de los funcionarios, siempre que fuera justificada.

La Copel se ratificó en su petición de indulto general.