Anormalidades generalizadas en los juzgados españoles

Los servicios de Administración de Justicia se vieron ayer afectados sensiblemente en la mayor parte de las provincias españolas como consecuencia de la huelga general lanzada por el Sindicato Libre e Independiente de la Administración de Justicia. Según este sindicato, la práctica totalidad de los 14.000 funcionarios del cuerpo secundó la huelga. Según fuentes de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia el paro alcanzó a 4.000 funcionarios, y solamente a 1.500 de forma total, habiendo realizado los otros 2.500 huelga de trabajo lento.

Por su parte, la Federación Española de Trabajad...

Los servicios de Administración de Justicia se vieron ayer afectados sensiblemente en la mayor parte de las provincias españolas como consecuencia de la huelga general lanzada por el Sindicato Libre e Independiente de la Administración de Justicia. Según este sindicato, la práctica totalidad de los 14.000 funcionarios del cuerpo secundó la huelga. Según fuentes de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia el paro alcanzó a 4.000 funcionarios, y solamente a 1.500 de forma total, habiendo realizado los otros 2.500 huelga de trabajo lento.

Por su parte, la Federación Española de Trabajadores de Administración Pública (FETAP), integrada en UGT, calculó la cifra de un 80 % de huelguistas, y CC OO, sin ofrecer datos concretos, afirmó que la huelga se había seguido de forma masiva.Según el Sindicato Libre e Independiente de la Administración de Justicia, la huelga de ayer, que tiene carácter indefinido y que continuará durante el día de hoy, paralizó prácticamente de forma total la celebración de juicios y las actividades de los juzgados municipales, de instrucción, de primera instancia, así como las audiencias y el Tribunal Supremo, en tanto que. el Ministerio de Justicia aseguraba en la tarde de ayer que la Administración de Justicia se había celebrado con normalidad en toda España (salvo en Granada, Sevilla, San Sebastián, Pamplona,-Valencia y Ciudad Real. Madrid y Barcelona se vieron sólo parcialmente afectadas por la huelga en asuntos de trámite. Según el Ministerio, ayer no fue suspendido ningún juicio en toda España.

La huelga convocada por el citado sindicato, el de mayor implantación en el sector, tiene como objeto apoyar la plataforma reivindicativa de los trabajadores de Justicia y principalmente su inclusión en la Seguridad Social y la aprobación del decreto de retribuciones del cuerpo. Según un directivo del sindicato, la huelga continuará en tanto el Consejo de Ministros no apruebe los dos puntos citados anteriormente.

Por su parte, la FETAP (UGT) hizo público un comunicado anoche en el que afirma su apoyo a la huelga como instrumento de presión, aunque considera que la plataforma reivindicativa debe ser ampliada, entre otros puntos, a la estabilidad del empleo del personal interino, al tiempo que exige la consideración de interlocutor válido para las negociaciones. CC OO no apoyó la huelga ayer, aunque no descartó la posibilidad de hacerlo en días sucesivos.

Un alto funcionario del Ministerio de Justicia aseguró a EL PAÍS que los dos principales puntos planteados por los huelguistas habían sido sumidos por el departamento hace poco menos de un año. Manifestó que el Ministerio apoyaba las peticiones por considerarlas de justicia. Igualmente manifestó que no entendía el sentido de la huelga, cuando los sindicatos del sector sabían que dichas peticiones están siendo gestionadas por el Ministerio de Justicia ante los organismos competentes.

Al parecer, en el Consejo de Ministros de hoy se estudiará el decreto» de retribuciones, que es una de las cláusulas calificadas por los huelguistas como «no negociables». Por otra parte, se ha podido saber que el Gobierno aprobará en breve un proyecto de ley por el que se fija la cobertura de la Seguridad Social a favor de estos funcionarios. El Sindicato Libre e Independiente ha elaborado un amplio dossier titulado «Justicia para la Justicia», en el que se detallan los problemas y peticiones de los funcionarios, que ha sido enviado al Rey y el presidente del Gobierno.