Editorial:

La cuestión republicana

EL VOTO particular presentado al anteproyecto de Constitución por el PSOE propone la supresión del artículo según el cual «la forma política, del Estado español es la Monarquia parlamentaria» y sugiere la inclusión de una serie de artículos sobre la elección y competencias del presidente de la República.La dirección del PSOE sabe no obstante que su propuesta resulta inviable: es seguro, que la actual mayoría de las Cortes aprobará la fórmula de la Monarquía parlamentaria. Se trata el suyo, evidentemente, de un «gesto», de un ademán retórico, puesto que la inicitiva no tiene posibilidade...

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EL VOTO particular presentado al anteproyecto de Constitución por el PSOE propone la supresión del artículo según el cual «la forma política, del Estado español es la Monarquia parlamentaria» y sugiere la inclusión de una serie de artículos sobre la elección y competencias del presidente de la República.La dirección del PSOE sabe no obstante que su propuesta resulta inviable: es seguro, que la actual mayoría de las Cortes aprobará la fórmula de la Monarquía parlamentaria. Se trata el suyo, evidentemente, de un «gesto», de un ademán retórico, puesto que la inicitiva no tiene posibilidades de prosperar. De esta forma, nada en aguas monárquicas, pero guarda sus ropas republicanas.

Hay que señalar que el tema de la forma del Estado no requiere ahora, entre nosotros, una discusión abstracta sobre Ias bondades intrínsecas de la Monarquía o la República, sino la valoración concreta de cuál puede ser, en la España actual, el vehículo adecuado para la consolidación de la democracia. La opción republicana habría tenido sentido y virtualidad si las célebres «ataduras» de la Ley Orgánica hubieran reducido a don Juan Carlos a la condición de titular de la «Monarquía del 18 de julio». Y sólo podría recobrarla en el hipotético e improbable caso de que un golpe a la griega vaciara de contenido democrático a la Corona.

A lo largo de los dos últimos años don Juan Carlos ha demostrado sobradamente que su compromiso con la democratización del país era sincero y consecuente. Nada hay que haga pensar, fuera de recelos doctrinarios, que ele compromiso vaya a debilitarse o a cambiar de signo en el futuro. La aceptación de la Monarquía, parlamentaria por el titular de la Corona limita por lo demás los exorbitantes poderes que Franco; pretendía legar a su sucesor, y los nuevos poderes del Rey van a ser delimitados Y concretados constitucionalmente. Por lo demás es un secreto a voces que la disciplina y obediencia de las Fuerzas Armadas a la Corona es más vigorosa que las convicciones democráticas de una parte de su oficialidad.

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¿Qué significaría una alternativa republicana aquí y ahora? Hagamos un poco de política-ficción. ¿Tendría mayores posibilidades de desarrollo la vida democrátida en una República presidida por el señor Suárez, por los señores Alvarez de Miranda o Fontán o por el señor Fraga? ¿Y si el presidente fuera don Felipe González? El apartado e) del artículo 51 del voto particular del PSOE confía a ese presidente de la República «el mando supremo de las Fuerzas Armadas». ¿Sentirán éstas mayor respeto por las instituciones constitucionales si su jefe máximo no es el Rey?

No, se trata pues de una amable y cultivada discusión en la Academia platónica sobre la mejor forma de gobiemo, sino de una decisión política que se ha de tomar en una situación histórica configurada no sólo por tradiciones ideológicas, sino también, y fundamentalmente, por fuerzas sociales, instituciones y factores, internacionales. El legado republicano del PSOE es un hecho respetable. Sus preferencias por las formas republicanas de Gobierno son también perfectamente legítimas. Su conversión doctrinaria al monarquismo sería, sin duda, o una farsa o una desnaturalización de su ideología. La posibilidad de que la institucíón monárquica pudiera verse tentada de servir en el futuro como escudo a fórmulas autoritarias da derecho a los socialistas, o a cualquier otra formación política, a no renunciar, como principio, a otras opciones. Pero no se adivinan las razones por las que estas reservas o lealtades deben adquirir la expresión concreta de un voto particular para pretender modificar ahora, en un sentido republicano, el anteproyecto de Constitución. Una Constitución no es el despliegue articulado de los planos de la ciudad, ideal de cada uno, sino el resultado de un compromiso entre fuerzas políticas y sociales reales, que se dan un instrumento jurídico para normar su convivencia.

En la España actual, al partido que dirige Felipe González sólo le separa del Gobierno el trecho que le queda para obtener la mayoría parlamentaria. Si en las próximas elecciones generales lograra la hegemonía, el primer secretario del PSOE sería, sin duda, llamado a formar Gabinete por el Rey. Nadie sabe, en cambio, dónde podría acabar, a corto o medio plazo, el establecimiento de una República; ni tampoco siésta podría ser -como ocurrió en Grecia hace pocos años o en Italia con la experiencia de Saló- el marco institucional para una feroz dictadura. En esta perspectiva resulta difícil de entender la estrategia política que subyace al voto particular del PSOE. Y todo indica que antes o después los socialistas, manteníendo sus principios republicanos, no cometerán la ingenuidad visceral de decírselo a todo el mundo, cuando no es ese el problema que está planteado, y retirarán, sin duda, su voto.

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