UCD quiere potenciar la capacidad legisladora del Gobierno
El partido gubernamental Unión de Centro Democrático (UCD) ha presentado dieciséis votos particulares al articulado del proyecto de Constitución, el más importante de los cuales pretende que el presidente del Gobierno pueda plantear ante el Congreso de Diputados la disyuntiva de que, o se aprueba una ley o cae el Gobierno. Con esto, si los distintos grupos parlamentarios no han sido capaces de ponerse de acuerdo para designar otro candidato a presidente, el Congreso se vería obligado a aprobar la ley.El artículo, en concreto el número 90, quedaría redactado de la siguiente forma: «El president...
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El partido gubernamental Unión de Centro Democrático (UCD) ha presentado dieciséis votos particulares al articulado del proyecto de Constitución, el más importante de los cuales pretende que el presidente del Gobierno pueda plantear ante el Congreso de Diputados la disyuntiva de que, o se aprueba una ley o cae el Gobierno. Con esto, si los distintos grupos parlamentarios no han sido capaces de ponerse de acuerdo para designar otro candidato a presidente, el Congreso se vería obligado a aprobar la ley.El artículo, en concreto el número 90, quedaría redactado de la siguiente forma: «El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de Diputados la cuestión de confianza sobre su programa, sobre una declaración política general o sobre un proyecto de ley. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los diputados. Cuando la cuestión de confianza sea planteada sobre un proyecto de ley, el otorgamiento de la confianza supondrá la aprobación de dicho proyecto.»
UCD pretende también que la definición de la forma política del Estado como Monarquía parlamentaria pase a ocupar el primer apartado del artículo 1 de la Constitución, en lugar del tercero como figura en el proyecto. Propugna la disminución de materias que deberán ser objeto de ley, y que la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de los demás miembros del Gabinete sea competencia del Tribunal Supremo en pleno. Propone también que se suprima la prohibición de aplicar la prerrogativa real de gracia en los casos de acusación contra el presidente o sus ministros.