Más de setenta mil madrileños han solicitado una vivienda mejor

La asociación de vecinos del barrio de Bilbao ha organizado unas jornadas de estudios sobre los problemas de la vivienda, coincidiendo con el Congreso Europeo de Urbanismo y Vivienda que se celebra en Madrid actualmente.

En las jornadas se puso de manifiesto que sólo en Madrid se han presentado 72.000 solicitudes, cifra que por sí misma absorbería todo el presupuesto estatal del plan nacional.Participaron arquitectos, ingenieros y técnicos en general, además de representantes de¡ movimiento ciudadano, conocedor directo, al menos, de los problemas de la falta de viviendas a nivel familia...

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La asociación de vecinos del barrio de Bilbao ha organizado unas jornadas de estudios sobre los problemas de la vivienda, coincidiendo con el Congreso Europeo de Urbanismo y Vivienda que se celebra en Madrid actualmente.

En las jornadas se puso de manifiesto que sólo en Madrid se han presentado 72.000 solicitudes, cifra que por sí misma absorbería todo el presupuesto estatal del plan nacional.Participaron arquitectos, ingenieros y técnicos en general, además de representantes de¡ movimiento ciudadano, conocedor directo, al menos, de los problemas de la falta de viviendas a nivel familiar.

Se llegó a la conclusión de la necesidad de creación de un sistema que permita a las clases más modestas acceder a una vivienda digna. La actual crisis económica agrava las dificultades económicas de estas familias, y favorece la extensión del chabolismo y la degradación de los barrios populares.

Las medidas generales que debían tomarse para paliar esta situación se refieren a la participación de las entidades ciudadanas en la planificación y dotación de las nuevas urbanizaciones. así como el control de calidad de las obras, que evite que las viviendas de promoción oficial presenten graves deficiencias de habitablidad a los pocos años de su construcción.

Otras medidas actualmente importantes serían garantizar que el precio de las viviendas se regulara de forma que controlara los beneficios abusivos de las empresas constructoras y que las condiciones de pago sean asequibles para estos sectores, ya sea a través de subvenciones oficiales, de exención de impuestos o de facilidades de pago a largo plazo con entradas pequeñas.

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