Cuatro salidas a la crisis

En caso de que la anunciada dimisión de los alcaldes de la provincia llegara a consumarse, cuatro son las posibles salidas políticas que cabría adoptar. La primera de ellas consistiría en que el Gobierno Civil no aceptase las dimisiones y obligara a los alcaldes dimisionarios a continuar en sus puestos hasta las elecciones. La segunda podría ser la cooptación, por parte del gobernador de la provincia, de concejales ausentes de la operación dimisiones que asumieran de modo interino las alcaldías vacantes. La tercera, consistente en la formación de comisiones gestoras nutridas por todos los part...

En caso de que la anunciada dimisión de los alcaldes de la provincia llegara a consumarse, cuatro son las posibles salidas políticas que cabría adoptar. La primera de ellas consistiría en que el Gobierno Civil no aceptase las dimisiones y obligara a los alcaldes dimisionarios a continuar en sus puestos hasta las elecciones. La segunda podría ser la cooptación, por parte del gobernador de la provincia, de concejales ausentes de la operación dimisiones que asumieran de modo interino las alcaldías vacantes. La tercera, consistente en la formación de comisiones gestoras nutridas por todos los partidos del arco constitucional -incluso el partido. en el Gobierno-, que tramitaran los problemas municipales hasta los comicios, y la cuarta solución podría configurarse en torno a la elección, por parte de los vecinos, de hombres buenos que cubrieran las alcaldías mientras las elecciones municipales resuelven el problema.Con todo, la mejor solución sería que los padrinos de la operación reconsideraran su actitud y sobre la base de los compromisos adquiridos cumplieran con su deber como alcaldes y facilitaran el acceso a las elecciones municipales democráticas. La dimisión, evidentemente, constituiría una medida claramente desestabilizadora por cuanto que la simultaneidad de las dimisiones, la falta de claridad de sus objetivos y la sinuosidad de su planteamiento lo deja ver de un modo directo.

Sin duda alguna el derecho a dimitir constituye un atributo incuestionable para todo el que asume voluntariamente unos cometidos políticos. Sin embargo, forzar una ristra de dimisiones en base a criterios de falta de autoridad, excesivas exigencias del vecindario y otros conceptos por el estilo jamás constituye otra cosa, que una medida impolítica que en último término acaba contra los que la postulan. Asumir la responsabilidad de crear un fuerte vacío de poder cuando se desconoce quién y cómo lo va a llenar significa, cuando menos, la descalificación de los que lo abandonaron y su reducción casi absoluta al ostracismo político en una etapa ulterior. Independientemente de la punibilidad, por parte de la justicia, de una cadena de dimisiones que dejaría toda la provincia de Madrid sin alcaldes.