Tribuna:

El reajuste interno de Europa

El palacio Barberini, de Roma, fue, la pasada primavera, el marco histórico del vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Roma. Los jefes de Estado y de Gobierno de los nueve no desperdiciaron la oportunidad política de tan solemne encuentro e iniciaron el primer debate, en la cumbre, de las consecuencias políticas y económicas de toda ampliación del territorio comunitario.Fue en esta reunión excepcional del Consejo Europeo cuando, por vez primera, salieron a flote los problemas esenciales que la ampliación comunitaria causaría a la propia realidad política y económica de l...

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El palacio Barberini, de Roma, fue, la pasada primavera, el marco histórico del vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Roma. Los jefes de Estado y de Gobierno de los nueve no desperdiciaron la oportunidad política de tan solemne encuentro e iniciaron el primer debate, en la cumbre, de las consecuencias políticas y económicas de toda ampliación del territorio comunitario.Fue en esta reunión excepcional del Consejo Europeo cuando, por vez primera, salieron a flote los problemas esenciales que la ampliación comunitaria causaría a la propia realidad política y económica de la CEE, sin incluir en ellos la incidencia que dicha ampliación tendrá en las naciones candidatas, lo que es tema aparte, aunque no de menor importancia.

El presidente de Francia, Valery Giscard d'Estaing, declaró al término de la cumbre de Barberini que tres son los requisitos previos a toda ampliación de la CEE: la reforma institucional, la revisión de ciertos reglamentos intracomunitarios y la adaptación de varias políticas de los nueve.

Las palabras de Giscard d'Estaing no sorprendieron a nadie en Roma, como tampoco deberían sorprender las declaraciones de primeros resposables europeos que, casi una vez por semana, hablan de la necesidad de reformar la agricultura europea, de solucionar el paro comunitario o de instituir el sistema de voto mayoritario en el seno del Consejó de Ministros de la CEE, en sustitución de la unanimidad vigente.

La crisis de la Europa verde, cerca de seis millones deparados en territorio comunitario y el deseo de varios países de adaptar las instituciones de la Comunidad -Comisión, Parlamento y Consejo de Ministros- a una Europa política y con vocación continental, constituyen, en la actualidad, barreras reales para las naciones candidatas. Obstáculos que se utilizan en los debates parlamentarios y preelectorales -como ocurre hoy en Francia- de la política interna de las naciones comunitarias.

Que existen graves problemas en la Comunidad y en las neciones candidatas para culminar la segunda ampliación de la CEE es un hecho que nadie duda, y que no vamos a descubrir cada vez que un político europeo saque el tema en campaña electoral.

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Tampoco creemos que la voluntad pofitica es suficiente para solucionar estos problemas, pero sí estamos seguros que, igual que la Europa verde mantiene sistemas de equilibrio comercial y que Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca terminaron su adaptación arancelaria en el interior de la CEE, España, Grecia y Portugal, juntos o por separado, bien merecen la oportunidad de su presencia política de pleno derecho en las instituciones comunitarias para participar en la definición de la reforma institucional y de las nuevas políticas agrícola y laboral comunitarias, que tanto habrán de afectar a los Estados candidatos. Lo importante es estar dentro, y que el reajuste interno de Europa discurra en presencia de todas las partes interesadas en la ampliación de las Comunidades Europeas.

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