Garrigues Walker: De socializar el suelo, ni hablar

«Nosotros no nos hemos planteado la socialización del suelo. Este es un objetivo que no se persigue seriamente en ninguna de las democracias occidentales porque ningún presupuesto lo puede abordar. Las medidas que nosostros podamos articular están encaminadas a potenciar la iniciativa privada, solucionar el problema de la vivienda en la medida que podamos y crear puestos de trabajo.»

Así se expresó el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, señor Garrigues, en el curso de una conferencia de prensa celebrada ayer por la mañana a fin de explicar las recientes medidas sobre viviendas socia...

«Nosotros no nos hemos planteado la socialización del suelo. Este es un objetivo que no se persigue seriamente en ninguna de las democracias occidentales porque ningún presupuesto lo puede abordar. Las medidas que nosostros podamos articular están encaminadas a potenciar la iniciativa privada, solucionar el problema de la vivienda en la medida que podamos y crear puestos de trabajo.»

Así se expresó el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, señor Garrigues, en el curso de una conferencia de prensa celebrada ayer por la mañana a fin de explicar las recientes medidas sobre viviendas sociales tomadas por su Ministerio y en la que también estuvieron presentes el subsecretario de Infraestructura y Vivienda, Jaime Fonrodona, y el director general de la Vivienda, Manuel Díaz.Las condiciones exigidas, según la nueva orden, para poder tener acceso a una vivienda social se basan en el ingreso máximo anual de 500.000 pesetas, cifra que se eleva a 625.000 y 750.000 para las familias numerosas de primera y segunda categoría. Posteriormente, se añadió que por los niveles de renta, la vivienda social va destinada a la clase media española. Frente a estos datos, el Ministerio cuenta con 270.000 demandas, de las que cabría decir que un alto porcentaje no cuenta con unos ingresos suficientes para pagar la vivienda social.

Ante la conveniencia de atajar el chabolismo previamente a conseguir viviendas para la clase media y ante la posibilidad de que el relanzamiento de la vivienda social se tratara de un auténtico relanzamiento electoral de Unión de Centro Democrático (UCD) frente a las clases medias, el director general de la Vivienda, Manuel Díez, respondió: «Desconozco el programa político de UCD, yo soy un hombre totalmente apolítico. Por otra parte, no hay dinero suficiente en el mundo para arreglar el problema de la vivienda en España. En cuanto al problema del chabolismo, no hay que olvidar las 12.564 viviendas de construcción directa y a las que tendrán acceso todas aquellas familias cuyos ingresos anuales no lleguen al 11 % del coste total de la vivienda. Además, hay que tener en cuenta que con las nuevas normas se prevé conseguir trabajo para 100.000 hombres.»

En cuanto a los motivos por los que hasta ahora la vivienda social ha resultado un importante fracaso, explicaron que se había debido a un incierto marco socio-político, falta de coordinación entre promotores y entidades y fallos de instrumentación. A consecuencia de todo esto, la demanda, consistente en 270.000 solicitudes, no se podía satisfacer .con una oferta de tan sólo 13.000 viviendas en todo el país. Posteriormente, y como resultado de una serie de conversaciones entre representantes de la Administración y promotores financieros, se hizo público el actual decreto por el, que se podrán atender unas 60.000 solicitudes en toda España. De esta cifra, 20.900 están incluidas en el plan extraordinario de Andalucía, Extremadura y Canarias; mientras que las restantes 40.000 servirán para otras provincias españolas.

Unificada la forma de pago

Respecto a la confusión existente relativa a la forma de pago de la vivienda social y el precio de ésta, el señor Díaz explicó que, partiendo de que el coste aproximado de la vivienda fuera de un millón de pesetas, el adjudicatario contaría con veinte años para su amortización. Durante los primeros quince años sufragaría el 11% del coste, lo que supondría pagar una cantidad mensual de 8.580 pesetas. Los cinco años últimos, las mensualidades serían de 9.020 pesetas. La intervención estatal consiste en pagar la diferencia de intereses que piden las entidades de crédito -11 %- y lo que realmente pagarán las familias adjudicatarias, 6%.Tras esta explicación, el señor Díaz añadió que «evidentemente, la vivienda social no podrá ser para un estrato de población de renta baja, ya que para hacer frente a este coste hay que contar con unos ingresos mensuales aproximados a las 35.000 pesetas. No obstante, hay que recordar que existe la vivienda de construcción directa, promovida por el INUR, en las que se utiliza dinero del presupuesto del Estado. En ellas hay una subvención a fondo perdido que puede llegar hasta el 30% del coste total».

Finalmente, los representantes oficiales del Ministerio presentes en la rueda de prensa hablaron de la necesidad de que las asociaciones de vecinos participen de una forma activa en el departamento, tanto a la hora de las adjudicaciones como para buscar conjuntamente soluciones al tema de la vivienda.