Presentación de la alternativa del PCE en el campo de la información

Ayer fue presentada en Madrid la alternativa que propone en el campo de la información el Partido Comunista de España, con vistas a garantizar en el actual proceso de democratización las libertades de expresión e información «sin trabas represivas legales ni condicionamientos económicos restrictivos, de modo que todos los intereses presentes puedan realmente expresarse».El documento analiza primeramente la situación actual de la información, que se caracteriza por la pervivencia de un marco jurídico legal franquista, la concentración y centralización informativa en pocas manos y zonas, un sist...

Ayer fue presentada en Madrid la alternativa que propone en el campo de la información el Partido Comunista de España, con vistas a garantizar en el actual proceso de democratización las libertades de expresión e información «sin trabas represivas legales ni condicionamientos económicos restrictivos, de modo que todos los intereses presentes puedan realmente expresarse».El documento analiza primeramente la situación actual de la información, que se caracteriza por la pervivencia de un marco jurídico legal franquista, la concentración y centralización informativa en pocas manos y zonas, un sistema mixto de intervencionismo estatal y de libre iniciativa dentro de un marco jurídico todavía estrecho y represivo, y la existencia de un sector informativo independiente poco fuerte.

Los objetivos generales que propone la alternativa comunista en la información, tras la previa liquidación de los restos de las instituciones informativas de la díctadura, son los siguientes: supresión de toda la legislación franquista sobre información que limita la libertad de expresión, cuyos limites represivos deberían ser los que marcase un Código Penal despolitizado y común a todos los ciudadanos; reconversión democrática de las actuales empresas de radiotelevisión, agencias informativas y prensa estatales, y fusión de las mismas en una empresa estatal autónoma de información; reconocimiento institucional de la libertad de expresión e información; preservación, al igual que en otros países democráticos, del monopolio estatal de las ondas, de la televisión y de la información internacional de agencia; desarrollo de una política antimonopiolista de créditos y subvenciones a la prensa independiente deficitaria. y a la de opinión o de partido, en función de su audiencia o número de votantes; realización de una política de descentralización a favor de una información regional; establecimiento de un sistema de distribución democrática de las inversiones publicitarias estatales, y presentación por los diputados demócratas para su aprobación en las Cortes de un proyecto de un Estatuto de la Información.