UCD pretende reducir la inflación a la mitad en un año
La Unión del Centro Democrático ha hecho público el programa económico que proyecta poner en práctica en el caso de ganar las elecciones y que se basa fundamentalmente en un plan de saneamiento con una duración de dos años. El denominado programa titulado «Respuesta a la crisis económica» mantiene no sólo la tesis sino los argumentos mantenidos y redactados por el equipo de economistas de la socialdemocracia española encabezada por Francisco Fernández Ordóñez y que cuenta en sus filas a hombres como Juan Antonio García Díez, Roberto Centeno, Mariano Rubio, Carlos Bustelo y Antonio Santillana....
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La Unión del Centro Democrático ha hecho público el programa económico que proyecta poner en práctica en el caso de ganar las elecciones y que se basa fundamentalmente en un plan de saneamiento con una duración de dos años. El denominado programa titulado «Respuesta a la crisis económica» mantiene no sólo la tesis sino los argumentos mantenidos y redactados por el equipo de economistas de la socialdemocracia española encabezada por Francisco Fernández Ordóñez y que cuenta en sus filas a hombres como Juan Antonio García Díez, Roberto Centeno, Mariano Rubio, Carlos Bustelo y Antonio Santillana.
El programa inicial del equipo socialdemócrata sufre únicamente ligeras variaciones de matices y enunciados. El documento se fija como meta el conseguir al final del primer año de su aplicación a menos de la mitad de la tasa actual de inflación, para llegar al final del segundo año a unos aumentos de precios similares a los de los países de la CEE.Para conseguir estos objetivos prevé un crecimiento del dinero adaptado a fines realistas, pero estrictos, de la evolución de los precios. En cuanto al sector público se le someterá a una profunda reforma financiera para contener su déficit dentro de unos límites tolerables, evitando que su financiación detraiga una masa excesiva de recursos del sistema financiero en detrimento de la empresa privada.
Para reducir el déficit del sector público establece un control preciso del gasto corriente y de las inversiones, elevación de ciertos precios de los servicios públicos, revisión de programas de actuación y eliminación de subvenciones al sector privado, tanto directas como indirectas.
Por otro lado, se propone un replanteamiento de la financiación del déficit del sector público.
Mantiene el programa la postura de plena integración de los presupuestos de la Seguridad Social en los presupuestos consolidados del sector público, así como una revisión del sistema de previsiones basado en la aplicación al crecimiento de las prestaciones económicas de limitaciones similares a las que se establezcan para el crecimiento de las rentas salariales y una revisión de prestaciones farmacéuticas. Se propone, Igualmente, una sustitución gradual del actual sistema de cotización.
Por lo que se refiere a la reforma fiscal fija como tarea más urgente la lucha contra el fraude fiscal, estableciendo la creación del delito fiscal, la modernización del sistema de inspección y la supresión de los obstáculos que impiden la eficacia de la inspección. De la misma manera. señala la necesidad de una investigación sobre el patrimonio, la revisión de las desgravaciones del Impuesto sobre la Renta y un tratamiento fiscal que evite las plusvalías.
La UCD aborda la reforma fiscal partiendo de la base de la libertad de los tipos de interés para lo que propone la persecución de las restricciones a la competencia, revisión de las limitaciones que hoy pesan sobre la política de inversiones de las cajas de ahorro; el cese de la representación que la Confederación de Cajas de Ahorro tiene en los mercados financieros en nombre de las cajas confederadas; la supresión de la Junta de Inversiones; la desaparición del Consejo Superior Bancario, y la revisión de la política de coeficientes.
Por lo que respecta a la política de rentas y precios, la UCD intentará alcanzar una moderación negociada del crecimiento de todas las rentas monetarias . Para la contención de precios creen necesario mantener un control centrado en los precios agrícolas con regulación de campaña, precios de productos energéticos, precios de servicios públicos y precios subvencionados por el Estado, precios de bienes y servicios vendidos en mercados con escaso grado de competencia y precios aplicados por empresas con cifras de venta superior a un cierto volumen.
Sobre política de empleo, proponen, entre otras, medidas para facilitar la movilidad de la mano de obra y la utilización de la política fiscal de incentivos en función de la ocupación de personal.
El programa aborda una serie de medidas para alcanzar un ahorro energético importante los puntos para un plan de emergencia de política agraria y medidas tendentes areducir el desequilibrio de comercio exterior.