Don Jaime de Urzáiz, funcionario de carrera del Estado, cumplidor del deber

En relación con el editorial publicado por ese periódico el pasado domingo día 16 de enero, titulado «¿Quién dijo que no había censura?», intereso de usted como director de ese medio, amparándome en el derecho de réplica establecido en el artículo 58 de la ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de l en el decreto 746/66, de 31 de marzo, la difusión íntegra de las siguientes precisiones, en la forma y términos regulados en la expresada normativa legal:

Los lectores de EL PAÍS merecen un mejor tratamiento de la información. Más honestidad. Más coherencia. Es hora ya de que se diga, sin m...

En relación con el editorial publicado por ese periódico el pasado domingo día 16 de enero, titulado «¿Quién dijo que no había censura?», intereso de usted como director de ese medio, amparándome en el derecho de réplica establecido en el artículo 58 de la ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de l en el decreto 746/66, de 31 de marzo, la difusión íntegra de las siguientes precisiones, en la forma y términos regulados en la expresada normativa legal:

Los lectores de EL PAÍS merecen un mejor tratamiento de la información. Más honestidad. Más coherencia. Es hora ya de que se diga, sin miedo ni inhibiciones, que la dictadura del papel prensa no es mejor que las otras que combatimos. Sirva esto de preámbulo general al caso concreto tratado, y maltratado, en su editorial «¿Quién dijo que no había censura?», publicado el pasado domingo día 16 de enero. El primer error grave de fondo y forma del editorialista de EL PAÍS lo encuentra el lector en la cita de la ley de Prensa, en una infracción administrativa específicamente en el ámbito de su competencia. La ley vigente en la materia objeto del comentario es la número 61/64, de 11 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de la Publicidad. No hay, pues, censura de ningún tipo, sino pura y simplemente la exigencia de cumplimiento de una norma plenamente vigente que obliga por igual a todos, administrados y administradores. Y obliga, por su puesto, al diario EL PAIS. ¿Por qué no iba a ser así? Porque parece deducirse del incongruente editorial que refutamos que la dirección del periódico —responsable de todo cuanto en i se publica, en esto sí, según la ley de Prensa— pretende imponer con mal estilo «de minidictadores», una excepción personalísima para sí mismo y su periódico, sin perjuicio del agravio comparativo y la flagrante ilegalidad que supondría no acatar el principio jurídico de la igualdad de todos ante la ley.

Personalmente, y aunque el tema no es de mi competencia, he propugnado y propugno la legalización del juego de azar en España. Busque el editorialista de EL PAIS mis artículos publicados en el diario El Día, de Tenerife, defendiendo la tesis de esta conveniencia con objeto de cortar la exportación de pesetas a casinos portugueses y franceses y crear focos de atracción turística —en Canarias, por ejemplo—, tan necesarios para ayudar a mantener nuestra pujante industria en este sector de la economía nacional.

Pero, a diferencia del editorialista de EL PAIS, y siendo congruente como jurista, yo propugno la legalización del juego en España, es decir, que se modifiquen los artículos correspondientes de los Códigos Penal y Civil para que esta actividad deje de ser tipificada como delito en nuestro ordenamiento jurídico, como lo está hoy.

Supongo —y recuerdo haber leído algo así en ese mismo periódico— que EL PAIS defiende a España como Estado de Derecho. Quiere esto decir que, las leyes vigentes o se cumplen y se hacen cumplir por quienes tenemos esa responsabilidad, o se derogan si se consideran obsoletas o improcedentes. Mientras tanto, la ley vigente debe ser aplicada y cumplida, y quien la infringe debe responsabilizarse de su delito, falta o infracción. Por otra parte, y, de acuerdo con cuanto disponen la ley de Procedimiento Administrativo y la ley de Funcionarios, incurrirían en infracción y serían objeto de expediente aquellos que, teniendo conocimiento de una infracción, no procedieran reglamentariamente para corregirla.

Si, señor director yo soy un funcionario de carrera del Estado, y he cumplido con mi deber, sin temblarme la mano porque el presunto infractor sea un «minidictador» de papel. Yo le agradezco la publicidad personal que me ha hecho, haciendo ver a sus lectores que en la Administración del Estado, y concretamente en el Ministerio de Información y Turismo, sigue habiendo honradez, profesionalidad y conciencia clara de que España es un Estado de Derecho. El señor Pérez o García, que cumplen la ley, que para eso está, no ven de buen grado que se hagan inconfesables excepciones o pucherazos porque se disponga de un órgano de información que se titula independiente y presume de liberal.

Al periódico EL PAIS se le han incoado expedientes administrativos por presuntas infracciones a la ley de Publicidad. La relativa a una esquela tradicional —con la sagrada cruz en cabecera y todo— anunciando una película, fue tramitada nada menos que a instancia de la Junta Central de Publicidad, donde los periódicos están representados, y es el Jurado Central de Publicidad quien debe resolver el procedimiento contra EL PAIS por haber publicado un texto publicitario contrario a las leyes. La Administración del Estado ha actuado, en este caso, a instancia de dicho calificado organismo colegiado. La relativa al anuncio de casinos de juego en Portugal se ha tramitado de oficio a propuesta de la Subdirección General de Publicidad y Relaciones Públicas, por orden del subsecretario del departamento. Ambos trámites se llevan con plenas garantías legales y de defensa para los expedientados. Pero hay más. Este funcionario del Estado y subdirector general, que cumple con su deber honestamente, fue consultado personalmente —pues su despacho oficial está abierto a todos los administrados— por el director comercial de EL PAIS, don José Manuel Sánchez Palomares. La administración del periódico-había recibido el anuncio de los casinos portugueses y «parecía que infringía la legislación vigente». Y así se le confirmó resolviendo la consulta voluntaria. Horas más tarde, el mismo interlocutor comunicó de nuevo que tenía noticias de que un diario de la tarde iba a publicarlo. Se le dijo que si lo hacía incurriría en expediente de posible infracción. Al día siguiente, EL PAIS y el otro diario de la tarde aparecieron insertando los textos publicitarios incriminados. Automáticamente se dio orden de incoación de los pertinentes expedientes a ambos diarios.

No trate EL PAIS de involucrar al presidente del Gobierno ni al ministro de Información y Turismo en un tema inexistente de libertad de prensa ni censura, sino de lucro mercantil para sí mismo. Cumpla la ley como los demás ciudadanos y no trate de coaccionar a los funcionarios del Estado con chantajes políticos o amenazas para sus puestos. Dedique sus páginas, si le place, a pedir la derogación de la ley de la Publicidad y obténgala del Gobierno y de las Cortes, si puede. Y eso es todo. Que lo sepan sus lectores para que no queden en el engaño que se les haya podido producir.

¡Hagan juego, señores! Pero limpio.