Isaac Rabin seguirá como primer ministro israelí
El primer ministro israelí Isaac Rabin permanecerá en este cargo hasta después de las elecciones generales del próximo 17 de mayo, según declaró ayer su secretario de prensa, quien agregó que hasta esa fecha Rabin es el responsable legal de la dirección de Israel.
El fiscal general del Estado israelí declaró que el primer ministro debe permanecer en su cargo hasta después de las próximas elecciones y asi se lo hizo saber al Gabinete que ha aceptado la decisión del jurista.
A raíz de su dimisión, al frente del Partido Laborista israelí, Isaac Rabin comunicó su deseo de no pres...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El primer ministro israelí Isaac Rabin permanecerá en este cargo hasta después de las elecciones generales del próximo 17 de mayo, según declaró ayer su secretario de prensa, quien agregó que hasta esa fecha Rabin es el responsable legal de la dirección de Israel.
El fiscal general del Estado israelí declaró que el primer ministro debe permanecer en su cargo hasta después de las próximas elecciones y asi se lo hizo saber al Gabinete que ha aceptado la decisión del jurista.
A raíz de su dimisión, al frente del Partido Laborista israelí, Isaac Rabin comunicó su deseo de no presentarse a la reelección y que estaba dispuesto a abandonar incluso el cargo de primer ministro antes de los comicios legislativos de mayo.
Junto a la decisión del fiscal general de que Rabin debe permanecer al frente del Gabinete transitorio, el tribunal dictaminó que la esposa del primer ministro deberá comparecer en juicio para ser procesada en relación con la cuenta abierta por el matrimonio en el National Bank of Washington. El fiscal general Aaron Barak declaró que Rabin no podía abandonar el Gobierno transitorio y aunque se ausentase de las tareas de Gobierno sería responsable de la política ejecutiva israelí. En cuanto a la esposa del primer ministro, los cargos serán presentados mañana y pudiera ser condenada a tres años de cárcel y una multa tres veces superior al importe de la cuenta en el extranjero, unos 54.000 dólares.