En dos semanas puede haber amnistía total
«En un plazo máximo de dos semanas habrán salido de la cárcel todos los presos políticos: la mayoría de ellos se beneficiarán de la amnistía y un último grupo, de unos quince, que están directamente implicados en delitos de sangre, serán expulsados del territorio español.» Martín Fernández Palacios, procurador familiar por Vizcaya y director general de los Consumidores, eligió un marco tan atípico como la apertura de una nueva Feria de Muestras, en Bilbao, para hacer este anuncio.El señor Fernández Palacios hablaba, y así lo hizo constar, por boca del señor Martín Villa, ministro de la Goberna...
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«En un plazo máximo de dos semanas habrán salido de la cárcel todos los presos políticos: la mayoría de ellos se beneficiarán de la amnistía y un último grupo, de unos quince, que están directamente implicados en delitos de sangre, serán expulsados del territorio español.» Martín Fernández Palacios, procurador familiar por Vizcaya y director general de los Consumidores, eligió un marco tan atípico como la apertura de una nueva Feria de Muestras, en Bilbao, para hacer este anuncio.El señor Fernández Palacios hablaba, y así lo hizo constar, por boca del señor Martín Villa, ministro de la Gobernación, que hace tan sólo quince días le comisionó para que pulsase directamente en Vizcaya la opinión acerca de cuatro cuestiones: amnistía, cooficialidad del eúskera, institucialización regional y viaje del Rey al País Vasco.
Si bien en aquella reunión se orilló la presencia de representantes de la política oficial vasca, también se dejó al margen a todos los sectores políticos que pueden situarse a la izquierda de PNV, sin dejar un hueco siquiera para socialistas, reconocidos ya legalmente.Respecto al tema de la amnistía, la mayoría de los reunidos consideraron aceptable inicialmente la salida de todos los presos, aunque al precio de que una parte de ellos tuvieran que ser expulsados del país. Esta parece ser -el señor Fernández Palacios lo confirmó ayer- la tesis asumida ya por el Gobierno, pese a las dificultades técnicas que plantea. Entre ellas, y quizá la más importante, el que ningún ciudadano puede ser expulsado del país contra su voluntad, a no ser que haya de por medio una sentencia judicial. Concretamente, siete presos de Cáceres, entre los que figuran tres personas a las que fueron conmutadas sendas penas de muerte, que, por tanto, entrarían en el paquete de los expatriados, han hecho conocer su propósito de no aceptar la expulsión. El Gobierno trata de endulzar esta medida diciendo que probablemente, y dadas las circunstancias actuales, la medida más acertada para los propios presos incursos en este tipo de delitos sería la salida del país, por propia seguridad personal.
Esta medida de extrañamiento significaría también la imposibilidad de regresar a España para aquellos exiliados que hayan participado presumiblemente en atentados contra personal. Todos los demás podrían volver. En el caso de los que están incursos en sumarios por delitos de sangre, se plantea una nueva dificultad: la imposibilidad de volver a su país, pese a la inexistencia de un juicio en el que se pruebe su participación directa en las acciones en las que se les acusa. Dicho de otra manera, estarían previamente condenados por unos simples indicios.
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"Dentro de dos semanas no habrá presos políticos"
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Desde el País Vasco se hace una última consideración respecto a este nuevo anuncio de amnistía: Nos encontramos ya ante la enésima promesa del Gobierno, que esta vez coincide, además, con una briosa reactivación de la campaña popular en favor de la amnistía total. Es tanto ya el escepticismo existente en el pueblo vasco después del incumplimiento del retraso de tantas promesas, que el slogan de la campaña recién iniciada lo expresa con claridad: «La amnistía total no es negociable, la está conquistando el pueblo.»
Este recrudecimiento de la campaña ha sido aceptado desde las esferas gubernativas con una nueva incoherencia: mientras el gobernador civil de Guipúzcoa permitía encierros y agradecía posteriormente el ordenado comportamiento de los encerrados -pidió, incluso, que le hicieran socio honorario de la comisión pro amnistía-, el de Vizcaya ordenaba a la Guardia Civil el desalojo de media docena de templos. Los métodos empleados por la fuerza pública, en algunas ocasiones, principalmente en Lequeitio y Elorrio, arrojaron un saldo de un centenar de personas que precisaron asistencia médica. Por estos incidentes, el presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, Andrés Haya Goñi, ha enviado una protesta al gobernador civil, reprobando,los «atentados a la integridad física que han sufrido pacíficos ciudadanos de Lequeitio, al expresar, pacíficamente también, los anhelos de que llegue una amnistía para sus deudos y amígos».En términos más duros se maniflesta el Partido Socialista Vasco -ESB-, que considera que estas acciones «atentan contra las justas aspiraciones del pueblo de Euzkadi de ver libres a la totafidad de sus hijos». Tras exigir el inmediato esclarecimiento de los sucesos de Vitoria, cuyas responsabilidades no han sido asignadas todavía. al cabo de un año, exige como condiciones para la pacificación de Euzkadi, la amnistía total, el reconocimiento de todas las organizaciones políticas y la devolución de las libertades que gozó el pueblo vasco »
Siguiendo con el tema de la campaña popular, el lunes por la noche se manifestaron unas 1. 500 personas en Ondárroa, formando algunas barricadas cuando la Guardia Civil procedió a disolver a los manifestantes. Otros quinientos jóvenes se manifestaron ayer tarde en Bilbao, al grito «amnistía denont'za», coincidiendo con el final de la huelga de hambre que han protagonizado una veintena de estudiantes de bachillerato, en solidaridad con los PNN Cooficialidad de los idiomas regionales
Junto al anuncio de la próxima extensión de la amnistía, el señor Fernández Palacios dijo, asimismo, que, probablemente, en el inisinó Consejo de Ministros en que se decida este asunto saldrá el decreto de cooficialidad de los idiomas regionales: catalán, euskera y gallego.
La cooficialidad y la amnistía se coátemplan desde el Gobierno, siempre según esta versión, como dos elementos pacificadores del País Vasco, de cara a las próximas elecciones. En este contexto, la visita del Rey, como nuevo elemento de distensión, quedaría aplazada: hasta después del proceso electoral.
Por último, el tema de la institucionalización regional parece el más vidrioso y en el que existe una mayor disparidad de criterios. Se barajan distintas posibilidades, desde el nombramiento de un supergobernador, hasta el reconocimiento de las juntas generales, como paso inmediato para contribuir luego a la estructura regional. Con toda probabilidad, cualquier solución a medio plazo será postergada hasta después de las elecciones.
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