Un país marginado

La composición de la comisión que, por parte de la Oposición democrática, deberá negociar con el Gobierno el establecimiento de unas normas y garantías electorales, para que posean auténtica legitimidad democrática las elecciones generales convocadas para antes de junio de 1977, no satisfizo a todos los que participaron en su elaboración. La insatisfacción tiene un doble motivo: representatividad insuficiente de la comisión e indefinición de sus relaciones con el conjunto de la Oposición democrática, de quien, de hecho, recibe el mandato y el apoyo para su gestión, pero ante la que no asume ni...

La composición de la comisión que, por parte de la Oposición democrática, deberá negociar con el Gobierno el establecimiento de unas normas y garantías electorales, para que posean auténtica legitimidad democrática las elecciones generales convocadas para antes de junio de 1977, no satisfizo a todos los que participaron en su elaboración. La insatisfacción tiene un doble motivo: representatividad insuficiente de la comisión e indefinición de sus relaciones con el conjunto de la Oposición democrática, de quien, de hecho, recibe el mandato y el apoyo para su gestión, pero ante la que no asume ningún compromiso explícito.Al mismo tiempo, la insuficiente representatividad de la comisión tiene también una doble causa: ideológica, al no sentirse representados determinados partidos políticos, y territorial, al haber sido claramente marginados países y regiones españolas que, desde el primer momento pidieron estar representadas directa o indirectamente en la comisión.

Este último motivo de fricción en el seno de la Oposición democrática ha sido silenciado casi por completo por los grandes medios de comunicación con sede en Madrid y en Barcelona. Las enérgicas protestas emitidas por la Taula del País Valenciano o por diferentes partidos de estructura estrictamente valenciana a duras penas han conseguido superar el puerto de Contreras, ni tampoco cruzar el Ebro.

En cualquier caso, el problema, como todos los que deberán afrontarse en un período constituyente. está ahí. Sería absurdo darle la espalda. Lo que ya no sería absurdo, sino tremendamente grave. es que en ese período constituyente, e incluso en el proceso previo que lo ha de posibilitar, prosperase la tesis impuesta ahora en el seno de la comisión negociadora.

En pocas palabras, dicha tesis considera que sólo en los casos de Catalunya, Euzkadi y Galicia puede reivindicarse a priori unos órganos de autogobierno. Y ello es así, porque sólo estas tres áreas territoriales -a las que, automáticamente, se identifica como nacionalidades- dispusieron, en mayor o menor medida, de dichos órganos en tiempos de la II República española. Con lo que los defensores de esta postura, y de sus consecuencias políticas, cometen algún que otro error.

En primer lugar, al confundir un territorio bien delimitado con una «nación». Los vascos saben muy bien que Euzkadi, la nación vasca, no dispuso toda ella de un estatuto de autonomía durante la última República. Los catalanes, de Catalunya se entiende, se han dedicado durante estos últimos cuarenta años a profundizar el alcance de su identidad nacional. Y ahora resulta que la nación es Catalunya. Justo al mismo tiempo en que, también en Madrid, valencianos, mallorquines y catalanes, de Catalunya se entiende, presentaban en público el Congrés de Cultura Catalana.

Otro error parte de consideraciones mucho más elementales. Vascos, catalanes, de Catalunya se entiende, y gallegos aceptan esa «razón histórica» para el reconocimiento de sus reivindicaciones actuales. ¿Es que acaso la historia de esos países está limitada o puede concretarse en unos pocos años, aun en escasos meses de autogobierno restringido en la década de los años treinta? ¿Puede mantener alguien con un mínimo de seriedad y de coherencia política que de aquellos años o meses se transmite alguna legitimidad especial hasta hoy?

Cuando liberales, democristianos, socialdemócratas, socialistas y comunistas, por no decir nombres, hemos estado repitiendo hasta la saciedad que condición indispensable para el establecimiento de un sistema democrático es la libre formación y funcionamiento de los partidos políticos, sin exclusiones, todos sabemos perfectamente lo que queremos decir. Pues bien, no es la única condición. Otra es que dispongan de sus propios órganos de autogobierno todos los países y regiones que forman España, sin exclusiones.

La estructuración política concreta de este principio es ahora lo de menos. Lo que no puede discutirse, lo que no puede negociarse son los principios. La democracia pluralista, sin exclusiones, no es negociable. puede serlo el método para llegar a ella.

Y el problema, referido nuevamente a la comisión negociadora. no estriba en que los dignos representantes de Catalunya. Euzkadi y Galicia no sean capaces de plantear un techo reivindicativo suficientemente elevado y correcto para la cuestión de las nacionalidades. Cualquiera que hubiera sido la designación, esto era impensable. Una vez conocida, todavía con mayor motivo.