Sobre la suspensión de un magistrado

La noticia aparecida el viernes 3 de diciembre bajo el titular Un magistrado de la Audiencia de Sevilla suspendido de empleo y sueldo es de una gravedad que supera, con mucho, el marco de la judicatura, para afectar a toda la sociedad española.En sí el hecho es significativo de un estado de cosas vigentes hoy en el país: la Inspección de Tribunales impone un correctivo a un magistrado, al parecer, por participar en una manifestación prohibida, pertenecer a Justicia Democrática y por sus colaboraciones en diversas revistas.

¿Porqué se discrimina en el trato a personas que han actu...

La noticia aparecida el viernes 3 de diciembre bajo el titular Un magistrado de la Audiencia de Sevilla suspendido de empleo y sueldo es de una gravedad que supera, con mucho, el marco de la judicatura, para afectar a toda la sociedad española.En sí el hecho es significativo de un estado de cosas vigentes hoy en el país: la Inspección de Tribunales impone un correctivo a un magistrado, al parecer, por participar en una manifestación prohibida, pertenecer a Justicia Democrática y por sus colaboraciones en diversas revistas.

¿Porqué se discrimina en el trato a personas que han actuado de la misma manera, en acciones de diverso signo? -me refiero a la manifestación del día 20 de noviembre en la que participaron altas personalidades del Ministerio de Justicia (y olvido, en este momento, cualquier referencia a la relación de los jueces españoles y la política desde 1939 hasta hoy)-.

Si se me contesta que porque en un caso la manifestación estaba prohibida, y no en el otro, no creo entonces, que fuera la Inspección de Tribunales la encargada del

asunto. Si lo censurado es la ilicitud, el señor Fernández Viaga no incurre en ella como magistrado, sino como ciudadano, y como tal, sería sometido a los Tribunales ordinarios.Si es su pertenencia a Justicia Democrática lo que se pretende castigar, el asunto es más grave, tratándose de un movimiento de profesionales de la Administración de Justicia, sin profesión política partidista, que pretenden restablecer las libertades políticas, devolver la soberanía del pueblo e instaurar un Parlamento representativo, como medio para la realización de un Estado de Derecho, y el funcionamiento de un poder judicial independiente que lo garantice. Es decir, que está castigando la letra del programa reformista que se someterá al referéndum de la nación el próximo día 15, con una matización expresamente destacada: la del Estado de Derecho.

No creo pueda pensarse en que lo sancionado sean sus publicaciones, dándose -como se dan- las dos circunstancias anteriores.

Suficientemente significativo es que haya debido nacer Justicia Democrática, porque, si es cierto que la justicia o es justicia a secas, o no es nada, la verdad es que la unidad de jurisdicciones es inexistente en nuestro país, como lo es la independencia judicial hasta que los cargos designados por el Gobierno -y hoy lo son muchos entre los que se cuentan los más altos- desaparezcan por completo. Precisamente porque la palabra «democracia» -tantas veces hoy en boca de quienes sólo ayer la despreciaban - fue casi tachada de nuestro vocabulario, se afirma, sí, que la justicia debe ser democrática en el camino de la verdadera y total democracia de la sociedad española. Solamente conseguida ésta, podrá perder aquel calificativo.

Creo -quiero creer- que otros muchos miembros de la judicatura española. no pertenecientes a Justicia Democrática, estarán en desacuerdo con esta medida que no viene sino a alejar más los fines perseguidos por los jueces demócratas.

El «correctivo» a que alude nuestro comunicante fue impuesto por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, como aclaró, en esta misma sección, el inspector jefe delegado de la Inspección de Tribunales.