Comienzan los interrogatorios sobre el asunto Lockheed
El Consejo Supremo de Justicia Militar ha comenzado los interrogatorios de presuntos implicados y testigos en relación con los sobornos de la Lockheed, según informa Logos citando fuentes competentes.
Aún no se ha decidido si hay procesamientos, si bien las mismas fuentes han indicado que el citado organismo militar está realizando una investigación minuciosa y más amplia de la que en su día hizo el fiscal del Tribunal Supremo, señor García y Rodríguez-Acosta, como delegado del Gobierno para informar del asunto.
Los presuntamente implicados, según la nota oficial fa...
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El Consejo Supremo de Justicia Militar ha comenzado los interrogatorios de presuntos implicados y testigos en relación con los sobornos de la Lockheed, según informa Logos citando fuentes competentes.
Aún no se ha decidido si hay procesamientos, si bien las mismas fuentes han indicado que el citado organismo militar está realizando una investigación minuciosa y más amplia de la que en su día hizo el fiscal del Tribunal Supremo, señor García y Rodríguez-Acosta, como delegado del Gobierno para informar del asunto.
Los presuntamente implicados, según la nota oficial facilita da en su día, son el general Luis Rey y el coronel Carlos Grandal.
Antes de sus ceses desempeñaban los cargos de director del Servicio de Control de Emisiones Radioeléctricas del Ministerio del Aire, el primero. y subdirector general de Transportes Aéreos en el citado departamento ministerial, el segundo.
Querella criminal
El abogado Miguel Cid Cebrián, actuando en su propio nombre, presentó a media mañana de ayer ante el Juzgado de Instrucción número uno de guardia de Madrid, una querella criminal ejercitando la acción popular prevista en el artículo 101 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, contra las personas que resulten responsables de los posibles delitos de cohecho cometidos en España en el asunto Lockheed.
Aunque los nombres de los querellados se desconocen por el momento, el abogado indica que pueden averiguarse con la práctica de las siguientes pruebas: el informe del fiscal del Tribunal Supremo, donde existen datos que pudieran permitir descubrir la existencia de un presunto cohecho y las declaraciones testificales de todas las personas que aparecen citadas en dicho informe.
El abogado propone que, una vez practicadas dichas pruebas, se averigüen los nombres de los presuntos implicados; si los hubiere, se proceda a su procesamiento y detención, para determinar las responsabilidades.