Vetada la información sobre conflictos laborales

Varias cadenas de radio y emisoras privadas han recibido comunicaciones telefónicas del Ministerio de Información y Turismo por las que se les prohíbe informar sobre cualquier tema relacionado con huelgas y conflictos colectivos. Alguna de estas comunicaciones hace mención expresa a la prohibición de informar sobre el conflicto de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.El aviso ha llegado por vía telefónica, medio muy usado por la Administración para transmitir este tipo de órdenes a los directores de las cadenas o emisoras, quienes a su vez lo han transmitido a las emisoras asoci...

Varias cadenas de radio y emisoras privadas han recibido comunicaciones telefónicas del Ministerio de Información y Turismo por las que se les prohíbe informar sobre cualquier tema relacionado con huelgas y conflictos colectivos. Alguna de estas comunicaciones hace mención expresa a la prohibición de informar sobre el conflicto de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.El aviso ha llegado por vía telefónica, medio muy usado por la Administración para transmitir este tipo de órdenes a los directores de las cadenas o emisoras, quienes a su vez lo han transmitido a las emisoras asociadas y al personal de los programas informativos que trabajan en las mismas.

Los medios afectados han recibido esta medida con asombro y con cierta indignación, por lo que en estos momentos pueda suponer de mordaza a la información que en nada contribuiría a clarificar -según ellos- el panorama actual.

En relación con la información en la radio, hace algo más de dos semanas la Dirección General de Radiodifusión y Televisión envió un oficio a los directores de las emisoras privadas en el que se les recordaban las limitaciones legales a que está sometida la radio privada en la legislación española. Concretamente se les recordaba que la exclusiva de la información general, nacional e internacional está reservada, según la legislación vigente, a Radio Nacional.

En el mismo escrito se comunicaba taxativamente que las emisoras no podrían realizar información general en tanto no fueran autorizadas, y de ser autorizadas, lo serían sólo determinados programas «realizados por profesionales de reconocida solvencia».