Se generaliza el malestar por las medidas económicas

Como «antipopulares y contrarias a los intereses de la clase trabajadora» han sido calificadas las recientes medidas económicas dictaminadas por el Gobierno Suárez, concretamente las referidas a la supresión del artículo 35, regulador del despido, de la ley de Relaciones Laborales, y la congelación salariales por todas las organizaciones obreras del país que abarcan tanto a los verticalistas como a los sindicatos todavía ilegales, según se desprende de diversos comunicados hechos públicos por las mencionadas organizaciones.

El comité ejecutivo del sindicato Solidaridad de Trabajadores ...

Como «antipopulares y contrarias a los intereses de la clase trabajadora» han sido calificadas las recientes medidas económicas dictaminadas por el Gobierno Suárez, concretamente las referidas a la supresión del artículo 35, regulador del despido, de la ley de Relaciones Laborales, y la congelación salariales por todas las organizaciones obreras del país que abarcan tanto a los verticalistas como a los sindicatos todavía ilegales, según se desprende de diversos comunicados hechos públicos por las mencionadas organizaciones.

El comité ejecutivo del sindicato Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV) se pronuncia además contrario a la tregua de conflictividad solicitada, por considerar que las medidas «deben ser previamente negociadas con las fuerzas sindicales representativas», al tiempo que se pregunta: «Si la reforma sindical es retrasada caprichosamente, si a las organizaciones sindicales se les niega hasta la personalidad jurídica, cuando no se les persigue, a quién solicitan una tregua, ¿al sindicato vertical?Igualmente, el comité de Madrid del Partido del Trabajo de España añade que «estas medidas son beneficiarias sólo para los grupos monopolistas» y los representantes provinciales del grupo Alianza Sindical Obrera (ASO) exigen el control obrero de los medios de producción «apoyando plenamente la posible huelga general que tales medidas pueden originar».

El Frente Sindicalista Revolucionario (FSR) considera la decisión gubernativa como una «nueva agresión a los trabajadores, ante la que nos opondremos mediante la lucha en las fábricas y barrios».

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales del País Vasco recalca que los efectos del plan económico serán el paro obrero, la pérdida del poder adquisitivo, la congelación salarial y probablemente una nueva devaluación de la peseta».

Entre otras entidades del sindicalismo oficial, el comité ejecutivo del Consejo Provincial de Trabajadores de Santander ha acordado elevar su «más enérgica protesta» por la supresión del citado artículo, lo que considera «un paso atrás en la conquista conseguida al haberse aprobado en su día le ley de Relaciones Laborales». Agrega la nota de protesta que esta medida no ratifica la política social anunciada por el Gobierno.

En similares términos se expresa la protesta hecha pública por las uniones de trabajadores y técnicos de los sindicatos provinciales del metal de Huelva y La Coruña. En esta última capital gallega, los trabajadores del metal acordaron en asamblea solicitar permiso para realizar una manifestación de protesta contra las mencionadas disposiciones del Gobierno.

Para manifestar su desacuerdo en el mismo sentido, el presidente y vicepresidente de la UTT del sindicato local de la Banca de El Ferrol, han anunciado que presentarán la dimisión de sus cargos en la próxima reunión que celebre la mencionada unión.

También la UTT provincial de madera y corcho de Pontevedra ha decidido formular « su más rotunda oposición» a lo dispuesto en el real decreto sobre medidas económicas, y de manera específica ante la suspensión del mencionado artículo 35 de la ley de Relaciones Laborales.

Por último, la UTT del metal de Oviedo considera que la supresión de este artículo perjudica a la clase trabajadora «ya que -dice- aumentará el número de trabajadores beneficiarios del seguro de desempleo».