La ejecución del Plan Parcial de Orcasitas comenzará en diciembre

El próximo mes de diciembre, si el Consejo de Ministros da su aprobación, comenzará la construcción de viviendas e infraestructura del plan parcial de Orcasitas que actualmente se encuentra en el Consejo de Estado para obtener informe favorable. Este es el primer plan parcial totalmente elaborado por equipos de técnicos de una asociación de vecinos, conforme a los gustos de los futuros usuarios. Se utilizarán 2.000 millones de pesetas para construir 1.518 viviendas con su correspondiente equipamiento.

El pasado mes de agosto se registró una manifestación ante el Ministerio de la Viviend...

El próximo mes de diciembre, si el Consejo de Ministros da su aprobación, comenzará la construcción de viviendas e infraestructura del plan parcial de Orcasitas que actualmente se encuentra en el Consejo de Estado para obtener informe favorable. Este es el primer plan parcial totalmente elaborado por equipos de técnicos de una asociación de vecinos, conforme a los gustos de los futuros usuarios. Se utilizarán 2.000 millones de pesetas para construir 1.518 viviendas con su correspondiente equipamiento.

El pasado mes de agosto se registró una manifestación ante el Ministerio de la Vivienda por parte de 70 propietarios de Orcasitas en la que solicitaban la anulación del plan parcial de la zona, pendiente de información en el Consejo del Estado y a falta de aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. Como réplica a esta actitud de la asociación de propietarios, la Asociación de Vecinos de Orcasitas informó al director gerente del Instituto Nacional de Urbanización, Carlos García Maura, que si se alteraba o suspendía el plan como consecuencia de aquella protesta, los habitantes de toda la zona afectada por el plan iría en masa al Ministerio. En aquella reunión se obtuvo la promesa del señor García Maura de que el plan seguiría adelante y que en absoluto había cambiado.Los habitantes actuales de Orcasitas, en espera de las casas que les proporcionará el plan parcial, se dividen en pequeños propietarios, familias arrendadas o realquiladas que habitan en las casas bajas y un núcleo de comerciantes modestos. También existen unos pocos propietarios del suelo aún sin construir, propietarios de viviendas que no residen en el barrio o a quienes no interesa que se modifique la situación actual y otra minoría de propietarios residentes en la Meseta, además de dos o tres grandes industriales que ocupan importantes superficies.

El enfrentamiento entre vecinos se produjo por la disparidad de enfoque entre unos y otros ante el problema de la remodelación. La comunidad de propietarios sólo aceptaba la actuación urbanística en términos de una junta de compensación a la que los vecinos opusieron una remodelación en la que se cumplieran tres requisitos:

- Que todos los habitantes de la Meseta tuvieran derecho a quedarse a precio de coste en una de las viviendas que se construyeran, tanto si son propietarios como inquilinos, realquilados o núcleos familiares constituidos.

- Que todos los comerciantes con establecimientos abiertos tengan derecho a un local comercial a precio de coste, de los que se construyan en el nuevo polígono.

- Que todos los económicamente insolventes encuentren soluciones especiales que contemplen su situación, de forma que no tengan que irse por no poder pagar. Para ello se apuntó la posibilidad de fijar menor entrada y mayor plazo de amortización.

Estas condiciones se pidieron para los habitantes de la Meseta, Pradolongo, Rancho del Cordobés, Poblado Agrícola, Almendrales y otros núcleos. Para conseguir estos fines, la asociación propugnó la participación de los vecinos en el pian parcial vigente, tercero de los efectuados para la zona.

Plan parcial

El primer plan, del que era autor el señor Granados, arquitecto de Gerencia Municipal pretendía liberar una parte de la Meseta en favor de los grandes propietarios y que el Estado resolviese el resto mediante expropiaciones. El segundo plan se debió al señor Canosa, arquitecto de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, e intentaba resolver el problema mediante la expropiación total estatal, pero sin acompasar el paso de los vecinos de una situación actual a la futura. El tercer plan, definitivo por el momento, fue elaborado por arquitectos de la asociación y pretende resolver la situación mediante el sistema de expropiación exigido por el Instituto Nacional de Urbanización.«La razón de que los propietarios se escandalicen y protesten, dicen en la asociación de vecinos, es que quieren más dinero por sus posesiones. Tuvieron opción a la protesta durante el período de información pública pero no lo ejercitaron».

Hasta el momento el plan ha sido informado favorablemente por INUR, Ayuntamiento, Coplaco, Consejo Superior de la Vivienda y actualmente se encuentra en el Consejo de Estado de donde pasará al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Este plan recoge el primer plan, de Granados, si bien se ha ampliado a todo el polígono por indicación de Coplaco que aceptó el recurso de la asociación de vecinos y sólo modifica la estructura del nuevo polígono permitiendo el paso ordenado de un estado de casas bajas a otro de viviendas al gusto de los vecinos, futuros usuarios.

Expropiación

La expropiación, impuesta por la Administración a través del INUR, se compone de dos fases: la expropiación del suelo, totalmente terminada, y la de casas, suelos y demás derechos existentes. La primera se inició en noviembre de 1973 con el proyecto de delimitación y baremo de precios máximos y mínimos. La segunda se inició a principios de noviembre de 1975.Desde el momento en que el INUR expropió los terrenos es legítimo propietario de todos ellos. No obstante se daba la paradoja de que muchos propietarios seguían pasando recibos a sus inquilinos, que éstos, en algunos casos, han pagado. Durante una rueda de prensa celebrada ayer en el Ministerio de la Vivienda con Carlos García Maura, director gerente del INUR, especificó que el organismo que dirige ha renunciado específicamente a cobrar recibos a los inquilinos que habitan los terrenos expropiados, a pesar de que éstos son de su propiedad. «Si algún propietario se cree con derecho a cobrar algo a un inquilino, ahí tiene los tribunales para que decidan. Al propietario que se presente con los documentos en regla, se le paga por sus terrenos la cantidad fijada por el INUR o la acordada tras las reclamaciones a que han tenido derecho. Todos los pagos están depositados ya en la Caja General de Depósitos, dinero del que INUR no puede disponer desde el momento de su ingreso, legalmente.

A pesar de ello, algunos propietarios siguen pasando recibos. Se ha mandado una notificación a todos ellos en la que se les comunica que tienen el dinero a su disposición.

El plan parcial propuesto por los vecinos ponía como fecha tope para comenzar a construir la del final de año. Para ello se debe aprobar el plan y disponer de esos dos mil millones de pesetas que se invertirán. Según el señor García Maura el dinero está a disposición en dos presupuestos. Uno de 320 millones para infraestructura y otro de más de 1.500 millones para 1.518 viviendas en las que se alojarán vecinos de los barrios anteriormente expuestos. En estos momentos se acomete el plan de demolición de las casas sin habitar y se desalojan otras que serán derribadas en breve. En algunas de ellas se han instalado familias de gitanos que, según el señor García Maura serán desalojados en breve. La ocupación de las casas que comprenden el plan parcial se hará gradualmente en dos fases. El criterio de la primera de ellas obedece al deseo de derribar aquellas viviendas en las que habiten menor número de personas o las que, por encontrarse en viales, sean de demolición urgente.

Otra cuestión aclarada ayer fue el que cada comerciante del barrio dispondrá de su correspondiente local comercial en el nuevo polígono y tendrán preferencia a la hora de elegir los que se encuentren asentados en la zona, antes que los que puedan venir de fuera, ya que el número de locales a construir es superior al de comerciantes existentes en el barrio.