El régimen administrativo de Canarias se someterá a consulta popular

El proyecto de régimen administrativo especial para las Islas Canarias será sometido en fecha próxima a consulta popular, según anunciaron los presidentes de las mancomunidades de cabildos de SC de Tenerife y Las Palmas en las sesiones plenarias de ambas corporaciones celebradas ayer.«Ningún canario que sienta preocupación por la nueva estructura administrativa del archipiélago quedará al margen de las discusiones sobre el documento base», decía el titular de la mancomunidad tinerfeña al presentar la moción al pleno, mientras que su compañero de Las Palmas, después de anunciar su propósito de ...

El proyecto de régimen administrativo especial para las Islas Canarias será sometido en fecha próxima a consulta popular, según anunciaron los presidentes de las mancomunidades de cabildos de SC de Tenerife y Las Palmas en las sesiones plenarias de ambas corporaciones celebradas ayer.«Ningún canario que sienta preocupación por la nueva estructura administrativa del archipiélago quedará al margen de las discusiones sobre el documento base», decía el titular de la mancomunidad tinerfeña al presentar la moción al pleno, mientras que su compañero de Las Palmas, después de anunciar su propósito de someter el proyecto a información popular «a fin de que sea el pueblo de las islas, como destinatario del mismo, partícipe con cuantas sugerencias y observaciones que su sentido crítico y responsable tenga a bien formular, en la seguridad de que los cabildos, tan arraigados en nuestras islas y desde siempre tan solidarios con la base y la base con ellos, recogerá sus aportaciones». Más adelante se dice que «las corporaciones insulares son conscientes de la importancia de este momento y que esperan y desean la constructiva y fructífera participación de todo el pueblo canario, con espíritu abierto y democrático, pues es el pueblo del archipiélago el que quiere y debe protagonizar su historia, al ser, junto con los restantes pueblos de España, depositarios de la soberanía nacional».

Del texto del proyecto -redactado por una comisión especial que presidía el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona y profundo conocedor de los problemas canarios, Alejandro Nieto- serán editados varios miles de ejemplares para distribuirlos a cada uno de los siete cabildos de las islas y éstos, a su vez, a cuantas entidades de carácter político, profesional, económico, cultural, sindical o recreativa existan en Canarias. Durante los meses de agosto y septiembre, el documento base pasará a estudio de los cabildos, y en octubre y noviembre será sometido a información popular. Durante este período se prevé la publicación del mismo en el «Boletín Oficial» de ambas provincias, peródicos, así como la celebración de charlas, mesas redondas, declaraciones en los distintos medios de comunicación, con el fin de que el pueblo canario conozca desde distintas perspectivas el amplio espectro de posibilidades que ofrece el documento base y puedan aportar sus críticas con las mayores garantías de conocimiento del tema. Por último, una comisión recopiladora especial, nombrada al efecto, redactará el texto modificado con las aportaciones que se hayan considerado de interés incorporar en base a los resultados de la consulta popular y la legalidad de las mismas, para someter luego a aprobación de los cabildos el texto reformado del proyecto de ley que éstos tendrán que elevar al Gobierno para su aprobación antes del 20 de noviembre de 1977. Entre las recomendaciones de las mancomunidades provinciales figuran las de sugerir a los cabildos coherencia, coordinación y simultaneidad en los pronunciamientos sobre el tema, con el fin de presentar en la medida de lo posible un texto único, que aunque contemple particularidades concretas de las siete islas, sea un proyecto de ley coordinado y representativo de las aspiraciones del archipiélago de cara a su futura estructuración administrativa peculiar.

La decisión de los señores Clavijo García y Olarte Cullen, presidente de las mancomunidades provinciales canarias, de someter el proyecto de régimen administrativo especial a consulta popular ha producido un gran impacto en la opinión pública del archipiélago, sobre todo en los sectores sensibílizados políticamente, que temían, desde que el documento base comenzó a ser redactado, que con el mismo fuera a suceder algo similar que con la ley de Régimen Económico Fiscal, discutida en los años sesenta en el seno de los organismos oficiales y oficialistas de la región, sin que la base tuviera la oportunidad de expresar sus opiniones.