Moción contra la "injerencia" del Senado USA en los asuntos internos españoles

La Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes aprobó ayer recomendar la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos. Ningún procurador se opuso a ello. En cambio, la máxima carga polémica residió en el debate sobre una moción en la que se contesta a la declaración del Senado USA -que aludió a la marcha de España hacia instituciones libres-, por contener a juicio de su proponente, Fernández de la Mora, condicionamientos que suponen la injerencia o fiscalización en asuntos internos españoles. Sólo Esperabé y Escudero Rueda votaron en contra de la moción. Otros dos proc...

La Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes aprobó ayer recomendar la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos. Ningún procurador se opuso a ello. En cambio, la máxima carga polémica residió en el debate sobre una moción en la que se contesta a la declaración del Senado USA -que aludió a la marcha de España hacia instituciones libres-, por contener a juicio de su proponente, Fernández de la Mora, condicionamientos que suponen la injerencia o fiscalización en asuntos internos españoles. Sólo Esperabé y Escudero Rueda votaron en contra de la moción. Otros dos procuradores se abstuvieron.

La sesión, presidida por el titular de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, se inició poco después de las cinco de la tarde, con el discurso del ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja -cuyo resumen se ofrece en esta misma página-, que fue recibido con gran frialdad por la comisión legislativa. Sólo al término del discurso se produjeron unos tibios aplausos.Después, el presidente de las Cortes y el ministro abandonaron la sesión y, tras un descanso, y ya bajo la presidencia del titular de la Comisión de Asuntos Exteriores, Jesús Fueyo, se entró en el orden del día, cuyo punto más importante era la propuesta de ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos.

Según criterio de la ponencia, ninguna de las observaciones presentadas constituía una propuesta de no ratificación o una objeción a la totalidad del tratado.

Sin embargo, algunos de los enrnendantes insistieron en sus puntos de vista. Madrid del Cacho entendía que, por afectar a la soberanía española, debía conocer sobre la ratificación el pleno de las Cortes. También señaló que Ceuta y Melilla no quedaban incluidas expresamente dentro de la zona geográfica de interés común.

A esta última observación se unieron varios procuradores procedentes de la zona -entre ellos, Becerra, León Solá y Sotelo- y uno de ellos llegó a proponer una mocíón para subsanar la omisión. Ante los argumentos del ponente Thomas de Carranza sobre la seguridad para las dos partes negocíadoras de que Ceuta y Melilla van incluidas en la expresión España, León Solá terminó retirando su moción.

Pedrosa fue el procurador que más importancia atribuyó a la decisión de la Comisión de Asuntos Exteriores, hasta el punto que estimó que había pocos procuradores en la sala para la validez de un acuerdo histórico. En definitiva, pidió quórum,

Fueyo no le dejó tiempo para continuar y dio orden inmediata de que se efectuara el recuento. Faltaban señorías tan notables corno Calviño, Díez-Alegría, Franco Bahamonde (Nicolás), García Ribes, Iniesta Cano, López Bravo, Pérez-Viñeta, Piñar López, Silva Muñoz... Pero había 29 procuradores que completaban el quórum suficiente para continuar.

Sin argumento cuantitativo, Pedrosa se refirió a otros aspectos formales, pero no se opuso a la ratificación del tratado.

Rosillo, por su parte, se mostró expresamente partidario del tratado, cuyas ventajas glosó.

También Fernández de la Mora estuvo a favor de la ratificación, con un pero: la Comisión de Asuntos Exteriores debía tomar posición homóloga a la del Senado de los Estados Unidos, que se había permitido esperar que el tratado servirá «para promover y apoyar la marcha de España hacia instituciones libres y la participación de dicho país en las instituciones europeas de cooperación política y económica».

«Injerencia»

Escobar Kirpatrick bajó desde la ponencia a un escano para complementar la propuesta de moción, que sólo se aprobaría minutos antes de las diez de la noche, cuando eran escasos los procuradores en la sala -aunque nadie se atrevió a pedir quórum- e incluso los miembros militares y diplomáticos de la delegación española que negoció el tratado (con el teniente general Gutiérrez Mellado y el embajador Rovira a la cabeza) habían abandonado la comisión.El texto que finalmente fue aprobado dice así: «En relación con el Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos, la Comisión de Asuntos Exteriores considera que únicamente el texto suscrito el 24 de enero de 1976, que es el que ha sido sometido a las Cortes y ratificado por la comisión, obliga al Gobierno español, y que la ulterior unilateral declaración del Senado de los Estados Unidos de 22 de junio de 1976 en nada lo modifica, pues sería contrario al Derecho Internacional cualquier condicionamiento que suponga la injerencia o fiscalización de asuntos internos que son de la exclusiva competencia del pueblo español. Las prestaciones españolas a que el tratado se refiere no quedarán afectadas por ningún factor extrínseco a los propios términos de lo convenido.»

En la propuesta inicial, que no prosperó, se aludía entre estos factores a la posible acentuada evolución interna norteamericana hacia las ideas imperialistas.

Desde la ponencia, García Valdecasas precisó el alcance jurídico de la resolución del Senado, que sólo era un interpretación política interior que en nada condicionaba la eficacia del tratado.

Los argumentos políticamente más enérgicos fueron expuestos por Escudero y Esperabé, entre rumores desaprobatorios de algunas señorías.

Escudero manifestó que la filosofia política de nuestras leyes, bajo el principio de la coordinación de funciones, no permite a la Comisión de Asuntos Exteriores sino proponer la ratificación como ha venido rutinariamente haciendo. Rechazó que pudiera considerarse injerencia el deseo norteamericano de que caminemos hacia una normalización política. Sólo cuando exista división de poderes y auténtica soberanía parlamentaria -añadió- las Cortes podrán plantearse estas cuestiones.

Esperabé, por su parte, se mostró contrario a la calificación de estrambote que había hecho Fernández de la Mora, referido a la declaración del Senado. Recordó que el Rey don Juan Carlos había dicho ante el Congreso norteamericano que España estaba sometida a un proceso de democratización, por lo que no debía sorprender que los senadores nos animaran a lograrlo. Mostró su asombro porque personas procedentes de un régimen apoyado por los americanos alegaran ahora injerencia de éstos, por expresar su opinión sobre el sistema español. Sin aquella injerencia, el señor Fernández de la Mora no habría sido ministro.

Se dio por aludído el ex ministro de Obras Públicas, quien, entre otras cosas, dijo a Esperabé que si hubiéramos caído en poder del imperialismo soviético, el señor Esperabé no hubiera aceptado injerencias exteriores, y en caso de hacerlo, habría sido llevado al archipiélago Gulag.

En la contrarréplica, Esperabé señaló que su oponente había pedido la palabra con el puño en alto y después había abierto la mano.

Finalmente, con sólo 21 procuradores en la sala, incluidos enmendantes y mesa, sólo Escudero y Esperabé expresaron con su voto su disconformidad con la moción. Se abstuvieron Afrodisio Ferrero y Franco y Pascual de Pobil.

Acuerdos internacionales

La Comisión dio asimismo su conformidad, unánimemente y sin apenas debate, a diversos acuerdos, entre los que figuraba uno relativo al comercio internacional de textiles. El único enmendante a la totalidad, Juan María Roger Gallés, la retiró, y el dictamen favorable a la ratificación se aprobó por unanimidad.Los restantes acuerdos internacionales que se propuso ratificar se refieren a turismo, rectificación en el registro del estado civil y un convenío complementario sobre Seguridad Social entre España y la República Federal Alemana.