El Ayuntamiento valenciano aprobó las directrices ministeriales sobre El Saler
El pleno de ayer del Ayuntamiento aprobó el dictamen elaborado por una comisión mixta de Hacienda y Urbanismo, que marca como directrices generales las pautas de la resolución del Ministerio de la Vivienda que remitió a la Corporación de nuevo el plan de remodelación de El Saler. Las postura municipal ha sido de acatar las indicaciones de la Administración Central, aunque dejando bien sentado que los criterios que ésta defiende ya fueron argumentados en el hemiciclo valenciano en diciembre del 74.
«Se nos planteaba consentir la resolución o realizar un recurso -dijo Fausto Martínez, pre...
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El pleno de ayer del Ayuntamiento aprobó el dictamen elaborado por una comisión mixta de Hacienda y Urbanismo, que marca como directrices generales las pautas de la resolución del Ministerio de la Vivienda que remitió a la Corporación de nuevo el plan de remodelación de El Saler. Las postura municipal ha sido de acatar las indicaciones de la Administración Central, aunque dejando bien sentado que los criterios que ésta defiende ya fueron argumentados en el hemiciclo valenciano en diciembre del 74.
«Se nos planteaba consentir la resolución o realizar un recurso -dijo Fausto Martínez, presidente de la Comisión de Urbanismo-, pero esto último habría supuesto un largo proceso». Puntualizó que en la zona norte del canal de Puchol todas las precisiones de vivienda ya habían sido tenidas en cuenta, mientras que en la zona sur la modificación importante consiste en la creación de una zona verde.Por su parte, Vicente Donat, de la comisión de Hacienda, dijo que el dictamen suponía modificar el volumen edificable, pensado para un presupuesto equilibrado, por el cual las ventas de parcelas financiaban los gastos de infraestructura de la zona. «Esta modificación, ¿hasta qué punto puede sustentarse económicamente? -pregunto-.Tenemos que presentar otras alternativas financieras para que la Corporación elija de nuevo, sin olvidar las relaciones contractuales que ya existen con las actuales constructoras».
Rapidez en el tema
El alcalde, Miguel Ramón, valoró la decisión como una necesidad de adaptarse a la orden ministerial, pero ésta supone «casi partir de cero, ya que habrá que iniciar un período de información pública para adoptar las soluciones definitivas». Anunció que éste no se realizaría en el mes de agosto, iniciativa que sería muy impopular por lo implicadas que se encuentran las fuerzas ciudadanas en este tema, pero que tratarían de agilizar al máximo los trámites. «No desearía que se perdiese un solo día. Las dilaciones en este asunto no pueden repetirse».Señaló que la Corporación ya adoptó los criterios que ahora se barajan, según consta en acta de 21 de diciembre de 1974. « Se nos dice lo que ya dijimos, aunque no tenemos inconveniente en acatar la decisión del Ministerio. Tratando de defender la postura de no vender más parcelas, o vender lo mínimo, estaremos en la vía de dar una solución con la mayor rapidez».
Recordó los compromisos adquiridos por el sistema de autofinanciación. Aunque Vivienda señala que la financiación no sea a costa de la venta, existen unos vínculos jurídicos y un préstamo de la Caja de Ahorros que debe salir de ese presupuesto económico que se gestó.
Miembros de las asociaciones de barrios presentes en la sesión anunciaron a EL PAÍS que iban a adoptar una postura pública, ya que no quedaba claro que no se fuese a vender más.