El referéndum, contestado por la oposición

La ley de Asociación Política y la operación referéndum, las dos batallas más ambiciosas planeadas por el Gobierno reformista, están siendo objeto de una especial atención por las fuerzas políticas de la oposición.Respecto a la operación referendum -que está siendo concienzudamente preparada desde varios departamentos ministeriales- diversos representantes de partidos políticos de oposición así como profesionales y especialistas en Derecho Político, están preparndo un documento en el que se rechaza la convocatoria del sufragio universal, tal como parece que va a ser planteado, po...

La ley de Asociación Política y la operación referéndum, las dos batallas más ambiciosas planeadas por el Gobierno reformista, están siendo objeto de una especial atención por las fuerzas políticas de la oposición.Respecto a la operación referendum -que está siendo concienzudamente preparada desde varios departamentos ministeriales- diversos representantes de partidos políticos de oposición así como profesionales y especialistas en Derecho Político, están preparndo un documento en el que se rechaza la convocatoria del sufragio universal, tal como parece que va a ser planteado, por considerar que no reune las mínimas condiciones democráticas. Este documento sería elevado posteriormente a la Jefatura del Estado y en él se advertiría al Rey de los peligros que, para la Corona, tendría la celebración de una consulta popular que revistiera el carácter que pretende darle el actual Gobierno reformista.

Éste documento vendría a sumarse al memorándum presentado al Rey por el líder democristiano, José María Gil-Robles, a instancias de una alta personalidad. El citado memorándum se basa en la idea de un referéndum de arbitraje democrático; desarrollada por el Equipo Demócrata Cristiano del Estado español el pasado mes de abril. El informe elevado al Rey proporciona una alternativa a la propuesta del Gobierno en torno a los temas que serían sometidos a consulta popular y es la de celebrar referéndum con plenas garantías de libre participación ciudadana, en el que la pregunta sometida a la soberanía popular se limitase a encomendar a la Jefatura del Estado que proceda en el plazo máximo de seis meses a elecciones generales libres, con,participación igualitaria y libre de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna.

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