Hacienda se regulará por ley votada en Cortes

La llamada oposición institucional al Gobierno de la reforma, aliada con el sector legislativo, reformista contrario a la política económica del señor Villar Mir, consiguió ayer tarde, en la Comisión de Presupuestos de las Cortes, derrotar al Gobierno, si se puede considerar así el mantenimiento de la necesidad de ley votada en Cortes para la regulación de determinadas materias relativas a la Hacienda Pública. Lo que se debatía, en definitiva, es si las Cortes se muestran o no favorables a que el Gobierno legisle por decreto-ley o si, por el contrario, exhiben su volunta...

La llamada oposición institucional al Gobierno de la reforma, aliada con el sector legislativo, reformista contrario a la política económica del señor Villar Mir, consiguió ayer tarde, en la Comisión de Presupuestos de las Cortes, derrotar al Gobierno, si se puede considerar así el mantenimiento de la necesidad de ley votada en Cortes para la regulación de determinadas materias relativas a la Hacienda Pública. Lo que se debatía, en definitiva, es si las Cortes se muestran o no favorables a que el Gobierno legisle por decreto-ley o si, por el contrario, exhiben su voluntad contraria este procedimiento. Voluntad más romántica que efectiva, porque para todo ello, el precepto aprobado en su día por la Comisión -y ayer de nuevo sometido a debate, por decisión de la presidencia de la Cámara, oída su Comisión Permanente- es inoperante.

Tal era la tesis mantenida en primer lugar por el señor Benzo, ex subsecretario de Hacienda y promotor de la revisión del artículo siete de la ley General Presupuestaria y apoyada desde la ponencia por el señor Mendizábal -actual subsecretario de Justicia-, quien ofreció, como fórmula de transación, que la entradilla del citado artículo quedara redactada así: «Se regularán por ley votada en Cortes las siguientes materias relativas a la Hacienda Pública sin perjuicio de las facultades normativas del Gobierno.

No gustó a la mayoría de los procuradores esta fórmula, y ni siquiera el término transación (que el señor Sancho Rof lo interpretó como transacion con el Gobierno). Con especial vehemencia, el señor Bernal -«nuestro deseo no era dar un toque al Gobierno, sino expresar una voluntad legislativa»-, el señor Fugardo -«un poco más de formalidad: si estamos en la era de la libertad y la democracia, al Gobierno hay que hacerle respetar las leyes»- e incluso un miembro de la ponencia, el señor Madrid del Cacho -quien con florida oratoria declaró que la regla de oro de la hidalguía es mantenella y no enmendalla-, rechazaron cualquier propuesta que no coincidiera con lo ya aprobado conscientemente por la Comisión de Presupuestos.

Ni siquiera el apoyo de los señores Cruylles, Gutiérrez Rubio y Arcenegui, ni el fantasma del contrafuero esgrimido por el señor Mendizábal, apearon de sus argumentos a quienes se mostraban dolidos por que entre las reformas en marcha no se le hubiera ocurrido al Gobierno introducir, por ejemplo -la,queja era de Madrid del Cacho, pero se notaría que tenía consenso-, la responsabilidad del ejecutivo ante las Cortes.

El presidente de la Coimisión, señor Pinilla, tras réplicas y contrarréplicas, zanjó la cuestión con la votación, que arrojó el siguiente resultado: 17 votos a favor de dejar el texto como originariamente fue dictaminado, 13 a favor del nuevo texto ofrecido por la ponencia y dos abstenciones. Las siete materias que enumera el artículo séptimo de la Ley General de Presupuestos, y que se refiere a la Hacienda Pública, tendrán que regularse -a tenor de lo reaprobado ayer- por ley votada en Cortes.

Victoria pírrica, quizá, la de la Comisión de Presupuestos, pero victoria al fin.