La justicia europea exime a Valencia y Elche de devolver cantidades millonarias a la Generalitat

Primero fue el Hércules. Ahora, llega el turno de Valencia y Elche. Los equipos valencianos a los que la Comisión Europea obligó a abonar cantidades millonarias a la Generalitat respiran aliviados: el Tribunal General de la UE ha considerado este martes que no tendrán que devolver a las arcas públicas el dinero debido a que no considera ilegales los avales concedidos a ambos clubes por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Una decisión contraria habría supuesto un importante golpe para sus...

Primero fue el Hércules. Ahora, llega el turno de Valencia y Elche. Los equipos valencianos a los que la Comisión Europea obligó a abonar cantidades millonarias a la Generalitat respiran aliviados: el Tribunal General de la UE ha considerado este martes que no tendrán que devolver a las arcas públicas el dinero debido a que no considera ilegales los avales concedidos a ambos clubes por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Una decisión contraria habría supuesto un importante golpe para sus cuentas: Bruselas estimaba que habían recibido las subvenciones en condiciones favorables, y reclamaba al Valencia ingresar al erario público 23,2 millones —20,3 millones de euros del aval y otros 2,9 millones en intereses—, y 4,1 millones al Elche, que actualmente milita en la Segunda División del fútbol español.

El año pasado, el Hércules se había librado de pagar siete millones. Y esa decisión había abierto una vía de esperanza para los otros dos clubes que ha terminado por confirmarse. En el caso del equipo de la capital del Turia, el aval se concedió a la Fundación Valencia CF para lograr un préstamo de 75 millones de euros que usó para adquirir la mayoría accionarial del club en una ampliación de capital. La Comisión Europea concluyó que ninguna entidad financiera habría concedido un aval así a una empresa en crisis. Los jueces comunitarios le quitan la razón, y creen que la interpretación de Bruselas fue “errónea”.

Los magistrados también afean a la Comisión que no realizara una evaluación global lo suficientemente completa como para poder determinar que no habría obtenido un aval similar por parte de entidades privadas. Y discrepan de la opinión del Ejecutivo comunitario de que las acciones del Valencia adquiridas por la Fundación tuvieran un valor “prácticamente nulo” cuando se decidió incrementar la cuantía del aval concedido en 2010, un momento en que el club estaba sumido en una importante crisis. “Las conclusiones de la Comisión sobre esta cuestión son parcialmente inexactas, ya que el ejercicio anterior a esa fecha había arrojado beneficios”, rebaten los jueces. “No tuvo en cuenta factores pertinentes, como la existencia de un patrimonio neto importante del club y la obtención de un beneficio antes de impuestos en el ejercicio anterior a la concesión del incremento”, añaden.

En lo que respecta al Elche, la sentencia se convierte también en una enumeración de los errores cometidos por la Comisión Europea al abordar si hubo o no ayudas ilegales en el crédito de 14 millones recibido por el club franjiverde en 2010. El primero, no tener en cuenta la situación económica de la Fundación Elche, la que oficialmente había recibido el préstamo, sin lo cual considera imposible conocer el nivel de riesgo asumido por la administración pública. El segundo, ignorar la existencia de una hipoteca sobre una parcela que la Fundación Elche había concedido al IVF como contragarantía del aval. En tercer lugar, no tomar en consideración la recapitalización del Elche CF para apreciar el valor de las acciones, que Bruselas consideraba prácticamente nulo. Y por último, asumir sin respaldarlo convenientemente, como hizo en el caso del Valencia, que ningún banco privado habría dispensado un aval así a una empresa en crisis por su elevado riesgo.

La decisión favorable a los clubes valencianos cierra así un largo litigio. La investigación de la Comisión Europea empezó en 2013, cuando el socialista español Joaquín Almunia era comisario de Competencia. Hubo que esperar tres años, hasta el 4 de julio de 2016, para que la Comisión, ya con la danesa Margrethe Vestager a cargo de la cartera, lanzara un jarro de agua fría sobre los tres equipos al anunciarles que debían devolver las cantidades percibidas dado que “utilizar dinero público para financiar clubes de fútbol profesional podía falsear la competencia".