La plaga de los testimonios anónimos no remite

Cuenta la redactora jefa de Internacional, Lucía Abellán, que uno de sus primeros jefes en la sección de Economía le obligó a eliminar de un reportaje un testimonio, que no estaba bien identificado. “Era muy pertinente para el texto, pero el jefe entendió que quedaba invalidado al no venir respaldado por el apellido de quien lo ofrecía”, explica. No ha olvidado aquella anécdota, pero con el tiempo ha entendido que dar datos precisos imprime un “sello de credibilidad” en las informaciones. Es además una exigencia que impone el principio periodístico de que todas las fuentes deben ir identificadas, en aras de la transparencia, y que solo en contadas, y tasadas, ocasiones se protegen con el anonimato. Es también una norma recogida en el Libro de Estilo de EL PAÍS.

El anonimato no vale para todo, pero se ha extendido por el periódico la mala práctica de no atribuir adecuadamente las fuentes. Ya escribí de ello en mayo, cuando señalé que a menudo se escudan falsamente bajo ese eufemismo interlocutores de parte, que trabajan en departamentos de prensa de instituciones, partidos políticos y empresas. También es una protección que exigen continuamente los políticos y que se otorga sin reparos. La situación no ha cambiado en los meses transcurridos.

Para agravar las circunstancias, la plaga se ha extendido a crónicas y reportajes con los testimonios recogidos en la calle. Solo se da un nombre de pila, sin que exista razón alguna para proteger la identidad de estas personas. No se trata de menores, ni de víctimas de delitos, ni estas personas temen represalias por la información que ofrecen o están obligadas a mantener la confidencialidad del asunto que desvelan, los únicos casos en los que el Libro de Estilo permite que se proteja la identidad. La mayoría de las veces dichos testimonios solo sirven para recoger opiniones y no información.

Estos textos son ejemplos recientes, publicados esta semana, pero hay otros muchos de los últimos meses en la hemeroteca:

Victoria de la izquierda en las calles de París: “Éramos muy pesimistas y pensábamos que pasaríamos la noche llorando’, admitía con una inmensa sonrisa Marina, de 30 años y originaria de la ciudad de Saint-Ouen, en la periferia de París. Un sentimiento compartido por Stéphane, un parisino de 47 años y simpatizante socialista. ‘Estoy muy feliz y como funcionario público, es un gran alivio’, confesaba antes de seguir la celebración”.

Movilización de vecinos en Valencia contra el turismo: “Joa y Àfrica, vecinas de Extramurs, de 56 y 53 años, son muy conscientes del problema. ‘He venido muchas veces con mis alumnos a hacer rutas por Ciutat Vella pero cada vez resulta más complicado por los grupos de turistas y guías. Y en los comercios sí he notado que cada vez hay más con carteles en castellano o inglés’, añade África, profesora”.

Mueren dos vecinos de Madrid en un incendio: “Otra apesadumbrada vecina, Carmen, se lamenta al recordar que hace un par de días se cruzó con ellos por el barrio y ahora “han partido”(...). “Eran de los primeros que se instalaron aquí cuando construyeron este bloque, nos conocemos de toda la vida, más de 40 años”, explica Felipe, otro vecino”.

El mercadillo de Majadahonda (Madrid) que enfrenta a Ayuntamiento y vecinos: “Yo no estoy en contra del mercadillo ni de los comerciantes”, dice Carmen C. mientras mira la feria desde su terraza en la calle de Santa Catalina. “Pero hay que ponerse ‘en la acera del otro’. No tengo por qué aguantar el ruido y la suciedad justo bajo mi casa”.

En las secciones que los publicaron dan diferentes motivos sobre por qué rebajaron la exigencia: por no saber que era obligatorio hacerlo, por haber recogido el testimonio de manera apresurada o porque la persona se negaba a hablar si no era con la condición del anonimato.

Pero esta es una protección que debe estar justificada: por una razón sólida como las citadas antes y cuando el testimonio proporciona información vital que no se puede obtener por otra vía. Jamás debe utilizarse para escudar a quien da opiniones, especialmente si son negativas, y no datos. Cada interlocutor al que se interpela debe también hacerse responsable de sus palabras.

Lucía Abellán reconoce que la obligación de identificar se ha relajado, opinión en la que coincide con otros cuadros de la Redacción consultados. Como Ferran Bono, coordinador de la edición de Valencia, que lo justifica en que cada vez hay más reticencias de la gente a dar el apellido. “Además, se violentan cuando se lo pides”, añade. También Berta Ferrero, jefa de la sección de Madrid, cree que la negativa ha ido a más: “La gente piensa que al dar el apellido se está exponiendo demasiado, porque con las redes sociales son más accesibles”. Varios reporteros de distintas secciones insisten en esta dificultad.

Cuando se acude al anonimato, el periodista pide de forma tácita al lector que confíe en que ha hablado con personas de carne y hueso y que ha reflejado fielmente en el texto lo que le dijeron. Es, por tanto, una prueba de confianza. ¿No exige eso de su parte un ejercicio de transparencia con el lector y un esfuerzo por detallar un mínimo perfil con el nombre, apellidos, edad y ocupación del interlocutor? Es obvio que eso implicará una conversación larga, una explicación a la persona abordada y dedicarle tiempo. Y sí, habrá siempre quienes no quieran dar sus datos y ha de respetarse. Por eso, hay que dedicarle un esfuerzo mayor a buscar aquellas personas que sí estén dispuestas a ser identificadas. Si las circunstancias lo impiden, se debe afrontar que no hay una declaración que sirva para publicar. Que el texto está tan incompleto como cuando aún falta la versión de una parte.

Es justamente ese esfuerzo de precisión y rigor el que demanda el lector de EL PAÍS. No atender esa exigencia tiene consecuencias en la credibilidad del periódico. Por eso, quiero insistir en la excepcionalidad del anonimato de las fuentes. Cuando se iguala el tratamiento de todos los testimonios, banalizamos el esfuerzo que hacen, y los riesgos que corren, esas otras personas que sí merecen ser protegidas a cambio de información valiosa. Es un deber con el periodismo y un compromiso con los lectores.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).