¿Quién pretende reformar (y por qué) el Reglamento Taurino de Andalucía?

El Gobierno andaluz apoya sin aparentes fisuras la existencia y promoción de la fiesta de los toros, pero parece preocupado por adaptarla al siglo XXI desde el convencimiento de que la sociedad ha modificado sus hábitos socioculturales.

Este es el planteamiento de partida que hace ahora un año llevó a Demetrio Pérez, responsable de asuntos taurinos en la Comunidad Autónoma, a proponer al sector una reforma del Reglamento, vigente desde 2006.

El director general de Política Interior, Protección Civil y Emergencias (este es su cargo en el organigrama oficial) ha asegurado en distin...

El Gobierno andaluz apoya sin aparentes fisuras la existencia y promoción de la fiesta de los toros, pero parece preocupado por adaptarla al siglo XXI desde el convencimiento de que la sociedad ha modificado sus hábitos socioculturales.

Este es el planteamiento de partida que hace ahora un año llevó a Demetrio Pérez, responsable de asuntos taurinos en la Comunidad Autónoma, a proponer al sector una reforma del Reglamento, vigente desde 2006.

El director general de Política Interior, Protección Civil y Emergencias (este es su cargo en el organigrama oficial) ha asegurado en distintas ocasiones que se encontró con ‘un sentimiento de cambio en el sector’; de ahí, que la sección ejecutiva del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía (CATA), -organismo que reúne a representantes del taurinismo, (toreros, ganaderos, empresarios, presidentes, aficionados)- se encuentre desde entonces en pleno proceso de diálogo y negociación sobre las posibles reformas de la normativa taurina.

Este martes, día 3 de octubre, vuelven a reunirse en Sevilla todas las partes implicadas para continuar el análisis de todas las propuestas y con el objetivo prioritario de acercar posturas. De entrada, 49 de los 76 artículos del Reglamento actual son objeto de estudio y modificación; y algunos pueden cambiar sustancialmente.

Los toreros pretenden restringir las funciones del presidente y que la concesión de trofeos solo dependa del público

Este periódico ha tenido acceso al documento de trabajo en el que se detallan las pretensiones de la Junta de Andalucía y de cada uno de los colectivos; de su contenido se deriva que los planteamientos de unos y otros están muy alejados y parece improbable un acuerdo entre las partes. Pero hace tiempo que Demetrio Pérez lo dejó claro: “Si no hay consenso, todo se quedará como está”.

¿Qué pretende la Junta de Andalucía?

“Rebajar la dureza de las corridas”, ha reiterado el director general. (No parece, en principio, que sus propuestas puedan alcanzar ese objetivo, pero ahí queda el deseo).

¿Y los demás? Procurar, por encima de todo, que la pretendida actualización no perjudique sus intereses, y mejorar su situación, si ello es posible.

La Junta propone, por ejemplo, que en todas las corridas que se celebren en plazas de primera y segunda sea obligatorio realizar análisis de astas y de muestras biológicas de dos reses que, de forma aleatoria y mediante sorteo, se elijan entre las reses a lidiar, lo que parece contar con el beneplácito de los demás.

Pretende, además, que desaparezcan las banderillas negras -que se utilizan en casos muy excepcionales- y sean sustituidas por un cuarto par en el caso de manifiesta mansedumbre del animal, lo que no cuenta con el visto bueno de ganaderos y profesionales.

Los ganaderos solicitan compartir con empresarios y matadores la responsabilidad sobre la integridad del toro

Un asunto controvertido es la intención de la Junta de que en las plazas de tercera, no permanentes y portátiles, las cuadrillas podrían estar compuestas por un picador en lugar de dos, dos banderilleros y no tres, y un mozo de espada, a lo que se opone radicalmente la Unión Nacional de Banderilleros y Picadores de España (UNPBE). La misma respuesta tanto de este colectivo como de los ganaderos encuentra la propuesta de que, en plazas de primera y segunda categoría, cada res deberá entrar dos veces al caballo de picar.

La Junta de Andalucía aspira a que se acelere la muerte del animal, y para ello propone que el torero solo podrá entrar cinco veces con el estoque en corridas y siete en los demás espectáculos. Tras esos intentos infructuosos deberá utilizar el descabello, cuyo número de tentativas también se plantea reducir. No están de acuerdo con esta medida ni los toreros ni los subalternos, y son los ganaderos los que ponen abren el debate sobre el conflicto que se plantea con un toro moribundo en el ruedo si se supera el número de descabellos. De todos modos, este apartado, como tantos otros, está abierto al debate y a la espera de otras iniciativas.

Parece haber conformidad, sin embargo, en que el corte físico de las orejas sea practicado de forma superficial o testimonial -y no el trozo de carne que, a veces, reciben actualmente los toreros triunfadores-, y que en los contratos con los profesionales figuren los honorarios convenidos.

Hasta aquí, las propuestas fundamentales de la Junta de Andalucía, pero la negociación permite a los demás interlocutores fortalecer -o intentarlo, al menos- su posición en la normativa taurina. Estos son los cambios fundamentales que han presentado hasta ahora:

Los toreros proponen, por ejemplo, que en aquellas plazas en las que no exista enfermería fija debidamente equipada deberá estar presente un quirófano móvil (tipo tráiler), además de las ambulancias de soporte vital avanzado.

Consideran necesario restringir las funciones del presidente del espectáculo taurino a la ordenación de la secuencia del mismo y a la concesión de trofeos (tanto la primera como la segunda oreja) según la petición mayoritaria del público, como sucede en Francia. Proponen, asimismo, un plan de formación para los presidentes y un régimen de responsabilidades por las consecuencias lesivas de sus actos.

Los presidentes, por su parte, proponen que, en las plazas de primera y segunda, el Gobierno suscriba un seguro de responsabilidad, de accidente y de vida a favor de quien dirija el espectáculo, con motivo de su intervención antes, durante y después de cada festejo.

Los ganaderos aspiran, en primer lugar, a que en aquellas plazas que tengan callejón haya un burladero ‘amplio, de varias localidades’ con la denominación ‘Ganaderos’.

Más adelante, solicitan que la responsabilidad sobre la integridad de las reses frente a la manipulación de las astas y la alteración del comportamiento de las reses mediante la administración de sustancias sea compartida con el empresario y los matadores. Insisten, por otra parte, que en los reconocimientos se respete el tipo zootécnico de cada encaste, y que los espectadores puedan pedir los trofeos con “la exhibición de pañuelos blancos (las modas han impuesto los de papel), elementos similares o mediante la solicitud vocal del público”.

Sorprenden, finalmente, las escasas aportaciones de los representantes de los aficionados. Según figura en el documento de trabajo, opinaron sobre la formación de los presidentes (“debe comenzar en plazas de pueblos, y ser evaluada por los aficionados y nunca por la autoridad administrativa”; el toro “debe ser adecuado a la categoría de la plaza, armónico y rematado, acorde con su encaste”; el indulto (“el toro indultado debe ofrecer pelea y casta en la suerte de varas”, y la reventa (“no se debe castigar al aficionado que intente vender su entrada a su precio”).

El martes, 3 de octubre, nueva reunión de la sección ejecutiva del CATA. Las posiciones continúan muy alejadas. Y parece que Demetrio Pérez lo tiene claro: “Si no hay consenso, todo se quedará como está”.

Lo que queda en el aire es qué podría hacer el Gobierno andaluz si la pretendida reforma no sale adelante.