El escándalo de las oposiciones en RTVE cumple un año entre sombras

Este lunes se cumple un año desde la suspensión de las oposiciones al puesto de informador en RTVE por la filtración previa del examen, que obligó a repetir la prueba escrita a cientos de aspirantes afectados por un escándalo todavía entre sombras. Su rastro permanece e...

Este lunes se cumple un año desde la suspensión de las oposiciones al puesto de informador en RTVE por la filtración previa del examen, que obligó a repetir la prueba escrita a cientos de aspirantes afectados por un escándalo todavía entre sombras. Su rastro permanece en las diligencias previas abiertas en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid, donde dos integrantes del sindicato UGT en la corporación están investigados por un delito de revelación de secretos. Uno de ellos formó parte del tribunal de oposiciones donde se confeccionó el examen filtrado. El otro envió a una opositora afiliada a su mismo sindicato el documento llamado Lobo, donde aparecía la mayor parte de las respuestas a las preguntas de la prueba. Como contó este periódico, ella fue quien destapó la filtración al ponerla en conocimiento de varios responsables de la corporación. Ambos imputados borraron datos de sus respectivos ordenadores y dispositivos móviles, así como comunicaciones entre ellos, durante los días posteriores a la cancelación de las oposiciones. Así lo refleja un informe policial al que ha tenido acceso EL PAÍS y donde los agentes concluyen que esa actuación de los dos presuntos implicados “podría tratarse de una ocultación de información en aras de entorpecer la presente investigación y mantenerse al margen”.

El día del estallido del escándalo, RTVE presentó una denuncia policial y anunció una investigación interna para aclarar los hechos que quedó paralizada al inicio de las diligencias judiciales. También hay sendos expedientes disciplinarios inconclusos hasta que se resuelva el caso en los tribunales. El presidente de la corporación, José Pablo López, ha asegurado en sede parlamentaria no querer hacer “causa general” del suceso acaecido durante la presidencia de su antecesora en el cargo, Concepción Cascajosa. El actual dirigente se personó en el procedimiento y anunció la puesta en marcha una auditoría externa que se encuentra en fase de licitación por 85.000 euros. “Nosotros mismos no podemos revisar lo que hemos hecho en este proceso”, ha justificado López para externalizar el estudio. Los cálculos respecto a las posibles indemnizaciones para los más de medio millar de afectados que han presentado reclamaciones por el perjuicio de la suspensión de las pruebas rondan los 30.000 euros. Las declaraciones policiales y judiciales de los testigos del caso, así como los documentos de la investigación y las fuentes conocedoras de la misma, esbozan las veladas huellas de un fraude todavía sin resolver.

El 29 de septiembre de hace un año amaneció soleado en el campus madrileño de la Universidad Complutense en Somosaguas. Cinco mil aspirantes habían sido convocados a las 11 horas de aquel domingo a realizar el examen escrito de las pruebas de acceso a unas oposiciones largamente esperadas para medio millar de plazas en la categoría de informador. El controvertido proceso venía precedido de una suspensión decretada por la Audiencia Nacional por diversos requisitos exigidos en sus bases, además de varios problemas durante el periodo de inscripción y una fuga de datos privados de participantes por una brecha de seguridad en el sistema. Pero fue la filtración de las respuestas a las preguntas del examen lo que acabó en escándalo nacional.

Un escueto comunicado interno de RTVE anunció de manera oficial tres minutos antes de la hora señalada la suspensión de la prueba “por causas de fuerza mayor”, pero para entonces los aspirantes ya conocían el motivo por los medios de comunicación. Sumidos en la incertidumbre y la indignación, los opositores vieron asomarse por una ventana de la primera planta de la Facultad de Económicas de la Complutense al entonces responsable de recursos humanos en RTVE, Jorge de San José. En su discurso a viva voz, aquel directivo pidió “disculpas a todas y a todos”. Y transmitió “que para garantizar la igualdad y la transparencia del proceso” se veían “obligados a aplazar el examen”. Entre las voces de protesta se escucharon gritos de “¡A buenas horas!” y “¿Cómo justificamos que hemos venido?”.

Al menos una persona entre aquella masa de candidatos había recibido la filtración durante la tarde anterior y dio la voz de alarma. Fue una opositora afiliada al sindicato UGT que recibió un correo electrónico con el documento Lobo. Se lo envió César Moreno, secretario de organización de UGT-RTVE en Madrid y uno de los dos investigados judicialmente. Moreno solicitó a la opositora afiliada a su mismo sindicato una dirección de mail durante la tarde del 28 de septiembre sin avisarle previamente de lo que le iba a mandar. Poco después de recibir el documento, que llegó en un mensaje que incluía breves instrucciones para contestar a las preguntas con “un máximo de 70 bien” y fallar “6 aproximadamente”, ella se percató del contenido que no había solicitado y recriminó a su interlocutor: “Me parece horrible que se haga esto con esta impunidad. Esto que estáis haciendo es lo peor de lo peor”. Y añadió: “Es ilegal y hay que denunciarlo”.

Lo hizo aquella misma tarde. Habló con compañeros que le propusieron entrar en contacto con una trabajadora de RTVE, persona de confianza y con acceso al tribunal de oposiciones. La información llegó hasta Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas e integrante de aquel tribunal. Ónega puso en conocimiento de la situación a varios de sus miembros durante la noche previa al examen. A la mañana siguiente, durante una reunión que se prolongó durante cuatro horas, el tribunal —formado por cinco representantes de la empresa, otros tantos sindicales (dos de UGT, uno de CC OO, uno del SI y otro de USO) y una secretaria— tomó la decisión de suspender el examen. RTVE presentó una denuncia policial el mismo día.

En una declaración posterior, Cristina Ónega explicó que durante la confección del cuadernillo de preguntas y respuestas se había proyectado en una pantalla la imagen del ordenador de la secretaria del tribunal donde aparecían sus mascotas. Uno de aquellos cuatro perros se llamaba Lobo. Tanto la secretaria del tribunal, Raquel de la Ossa, como Ónega y la trabajadora que recibió la información sobre el fraude por parte de la opositora, así como esta última, han declarado meses después ante el juez como testigos.

Al día siguiente de la suspensión del examen dimitieron en bloque todos los integrantes del tribunal de oposiciones. Y dos días después, la corporación anunció un plan antifiltración por el que solo el presidente del nuevo tribunal conocería todas las preguntas de la nueva prueba en noviembre. Antes de la repetición de la convocatoria, EL PAÍS publicó que el nombre de uno de los vocales del dimitido tribunal de oposiciones aparecía en los metadatos del documento de la filtración. Se trataba de Julián Pérez Olmos, integrante de UGT y segundo investigado judicialmente. Al día siguiente de la publicación de aquella noticia, su compañero de UGT César Moreno fue detenido por la policía y puesto en libertad tras negarse a declarar. Los agentes le requisaron dos teléfonos móviles y un ordenador portátil. También solicitaron “la salvaguarda de los datos digitales de las sesiones y equipos asignados por RTVE a Julián Pérez Olmos”, a quien intervinieron un ordenador portátil cedido por la corporación.

En uno de los teléfonos requisados a Moreno ha aparecido una captura de pantalla de los metadatos del documento Lobo. Los investigadores también constataron la eliminación de la cuenta de correo que usó para enviar dicho documento en formato Pdf a la opositora que destapó el escándalo. “Con la conducta anteriormente descrita, César parece desear borrar todo rastro de su posible implicación en los hechos que nos ocupan”, concluye la policía. En el ordenador portátil requisado a Julián Pérez Olmos aparecieron “huellas digitales” del archivo Lobo, pero en formato Word. De este modo, el 27 de septiembre del año pasado —día siguiente a la reunión del tribunal de oposiciones para elaborar el examen— se creó un archivo Pdf de Lobo en un equipo informático con “un paquete Office" registrado a nombre de Julián Pérez Olmos. Y además, según los investigadores, “el documento Lobo en formato de procesamiento de texto podría haber sido visualizado, guardado o modificado” en su ordenador portátil requisado.

Conversaciones borradas

Los dos imputados en la causa “se habrían puesto en contacto al menos en 10 ocasiones” entre sí durante varios días del mes de octubre del año pasado previos a la detención de Moreno. Pero las conversaciones entre ambos han sido eliminadas de sus respectivos terminales. El archivo Lobo tampoco apareció en los dispositivos requisados a cada uno de ellos. Para la Policía, “la conducta consistente en el borrado voluntario de los archivos, así como del contenido de las comunicaciones llevado a cabo por los investigados Julián Pérez Olmos y César Moreno Casado podría tratarse de una ocultación de información en aras de entorpecer la presente investigación y mantenerse al margen de la misma”.

Un año después, el proceso ha terminado con una controvertida valoración de los méritos de los candidatos, muchos de los cuales alegaron que no han sido tenidos en cuenta y barajan interponer acciones judiciales al respecto. Los méritos computaban junto a la prueba teórica y la práctica. Y la directora de recursos humanos que sustituyó a principios de año al cesado Jorge de San José —autor del discurso con el que anunció asomado a la primera planta de la Facultad de Económicas la suspensión del examen— ha propuesto días atrás ante la Comisión de Empleo quitar en el futuro dicha valoración de méritos. Ante la complejidad que ha llevado atender el aluvión de alegaciones, Ana Cerrada planteó ceñir las próximas oposiciones a “examen teórico, examen práctico y a correr todos”. Durante esa reciente reunión de la Comisión de Empleo en RTVE, Cerrada conminó a los presentes a “pensar ya en la inminencia de la siguiente convocatoria y cómo la vamos a plantear”.