Australia obligará a gigantes tecnológicos como Google y Facebook a pagar un impuesto para financiar el periodismo
El Gobierno laborista impondrá a partir del próximo año la medida, que afecta a las plataformas digitales con ingresos superiores a 152 millones de euros
El cerco a la competencia que las grandes plataformas digitales hacen a los medios de comunicación con la difusión de noticias se estrecha en Australia. El Gobierno laborista del primer ministro Anthony Albanese se dispone a imponer un impuesto desde el próximo año que obligará a gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Tik Tok a financiar el periodismo. La medida, en vigor a partir de enero, afectará a las plataformas que ingresen más d...
El cerco a la competencia que las grandes plataformas digitales hacen a los medios de comunicación con la difusión de noticias se estrecha en Australia. El Gobierno laborista del primer ministro Anthony Albanese se dispone a imponer un impuesto desde el próximo año que obligará a gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Tik Tok a financiar el periodismo. La medida, en vigor a partir de enero, afectará a las plataformas que ingresen más de 250 millones de dólares australianos (152 millones de euros).
Ha sido el ministro de Servicios Financieros, Stephen Jones, quien ha hecho el anuncio este jueves durante una conferencia de prensa. Jones ha aclarado en declaraciones recogidas por la agencia Efe que la decisión de su Ejecutivo “incluirá un cargo (tributario) para las plataformas pertinentes basado en los ingresos de origen australiano”. Y ha añadido: “La tasa incluirá una generosa compensación por los acuerdos comerciales que se celebren voluntariamente y las empresas de medios de comunicación”.
En Australia opera desde 2021 el News Media Bargaining Code (Código de Negociación con los Medios de Noticias), que obliga al pago por la difusión de las publicaciones que generan las compañías de noticias en Australia. Pero Meta (matriz de plataformas como Facebook e Instagram) anunció la pasada primavera que no renovaría su contrato con los medios. Además, los acuerdos del Bargaining Code vencen a finales de este año, razón por la que el Ejecutivo de Anthony Albanese ha impuesto la nueva medida como un refuerzo de dicho código.
En un comunicado recogido por la BBC, el gigante Meta ha mostrado su preocupación por que el Gobierno australiano “repercuta a una industria para financiar otra”. La ministra de Comunicaciones del Ejecutivo australiano, Michelle Rowland, contrapone que el rápido crecimiento de las plataformas digitales ha provocado una “disrupción” del ecosistema mediático y “amenaza la viabilidad del interés público del periodismo”.
El Gobierno laborista ha defendido desde su aprobación la treintena de acuerdos derivados del News Media Bargaining Code, por el cual las organizaciones de noticias han llegado a pactos con las grandes plataformas que han supuesto una inyección de decenas de millones de dólares en medios locales. La decisión de Meta de no renovar sus acuerdos supondría una pérdida de 200 millones de dólares australianos (122 millones de euros) para las empresas editoras del país. “Las plataformas digitales reciben inmensos beneficios fiscales de Australia y tienen una responsabilidad social y económica de contribuir al acceso de los australianos al periodismo de calidad”, ha afirmado el ministro Stephen Jones durante la presentación del nuevo impuesto.
En España, el conflicto por la competencia económica entre los medios de comunicación y las grandes plataformas ha tomado forma de demanda presentada por más de 80 cabeceras —entre ellas, EL PAÍS— contra Meta por competencia desleal. Dicha demanda, cuya audiencia previa tuvo lugar el pasado 27 de noviembre en el juzgado mercantil número 15 de Madrid y dejó fijado el juicio para octubre del año que viene, solicita a la compañía liderada por Mark Zuckerberg y con sede en Irlanda el pago de más de 551 millones de euros por la venta de publicidad digital mediante el uso de datos personales de sus usuarios contraviniendo la legislación europea. Meta afronta además en España otra demanda similar, presentada en octubre por las televisiones y radios asociadas de UTECA y AERC Radio Value y con la que reclaman más de 160 millones de euros por los mismos hechos.