La dura batalla contra la desinformación

Durante los cinco días que permaneció ausente para meditar si dimitía o permanecía al frente del Gobierno, Pedro Sánchez ha tomado conciencia de que España tiene un problema con la desinformación. “Mi autocrítica es que yo he estado muy centrado en lo urgente y también importante, la pandemia y las guerras, y no he valorado en sus justos términos la dimensión de este grave problema que afectaba a mi país”, dijo el pasado martes por la mañana en la cadena SER. Habían pasado 24 horas desde que Sánchez anunciase que nada iba a cambiar en La Moncloa para que todo cambiase en ...

Durante los cinco días que permaneció ausente para meditar si dimitía o permanecía al frente del Gobierno, Pedro Sánchez ha tomado conciencia de que España tiene un problema con la desinformación. “Mi autocrítica es que yo he estado muy centrado en lo urgente y también importante, la pandemia y las guerras, y no he valorado en sus justos términos la dimensión de este grave problema que afectaba a mi país”, dijo el pasado martes por la mañana en la cadena SER. Habían pasado 24 horas desde que Sánchez anunciase que nada iba a cambiar en La Moncloa para que todo cambiase en un país acechado, según su cita de Umberto Eco, por “la máquina del fango”. A ella se refirió en su carta a la ciudadanía que colgó en su perfil de la red social X y con la que puso en jaque a la nación a las 19.09 horas del pasado 24 de abril, la misma maquinaria también aludida en su alocución sin admitir preguntas del pasado lunes. “Pongamos fin a este fango de la única manera posible: mediante el rechazo colectivo, sereno democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza”. A la hora de encarar uno de los grandes desafíos de las democracias contemporáneas los expertos consultados coinciden: contra la desinformación, autorregulación frente a legislación.

Así lo corrobora Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, en sus siglas en inglés). Desde esta institución, Gutiérrez incide en la dificultad de acotar qué es la desinformación. “No hay país alguno donde exista una definición estricta, y legislar al respecto puede suponer en muchos casos un atentado contra la libertad de expresión. En países como Rusia y Turquía, la regulación estatal se usa para censurar a periodistas. Alemania y Francia han desarrollado proyectos relacionados, pero finalmente desistieron ante el riesgo de censura previa. ¿Cómo defines si una información es obvia o no, cuando hay trolls que propagan contenidos desde Macedonia del Norte mediante las redes sociales en tu país? La mejor lucha contra esta lacra es fortalecer el periodismo”. Gutiérrez esgrime un reciente informe de la OCDE para concluir: “Autorregulación, sí, pero no regulación estatal”.

Ese informe de la OCDE publicado en marzo se titula Hechos frente a falsedades: fortaleciendo la democracia a través de la integridad de la información. Y advierte de que las medidas necesarias para contrarrestar “la amenaza que representa el aumento de la desinformación” no deben “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia llevar a un mayor control de la información en nuestras democracias”. El documento plantea un “marco para fortalecer la integridad de la información” en base a tres ejes: mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de las fuentes de información; actualizar las medidas de gobernanza y la arquitectura institucional para reforzar la integridad del espacio informativo; y desarrollar defensas individuales y colectivas contra la desinformación. En este último aspecto, el documento insiste en la necesidad de fomentar la capacitación de los ciudadanos para contrarrestar la información falsa y engañosa. “Esto se puede lograr mediante la integración de la alfabetización mediática e informacional (AMI) en los planes de estudio educativos, la implementación de programas de formación personalizados para educadores y profesionales de todas las edades, la evaluación del impacto de las iniciativas AMI y el respaldo a la investigación para entender cuáles son las poblaciones más expuestas a la desinformación”. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desinformación?

Su rastro se ha expandido sin freno por las democracias durante los últimos. Desde el burdo Pizzagate que propagaron redes sociales y páginas web de noticias falsas en la campaña estadounidense de 2016, y por el que una pizzería de Washington se presentaba como el eje de una red de pedofilia asociada a la candidata a la presidencia Hillary Clinton, hasta bulos más recientes como la creación de deep fakes (falsos profundos) mediante avatares creados con inteligencia artificial por candidatos a las elecciones en India que han difundido mensajes en varios idiomas y se han viralizado recientemente por Whatsapp, o la difamación en redes amplificada en una tertulia de televisión diciendo que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, es transexual. Ante la dificultad de alumbrar un concepto definitorio de consenso sobre la desinformación se puede acudir a la Comisión Europea, donde este problema lleva siendo objeto de preocupación desde hace años.

La Comisión Europea encuadra este fenómeno en la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público, perseguir lucro económico, tener fines ideológicos y electoralistas o atender a intereses geopolíticos. En España, el informe anual de Seguridad Nacional conocido en marzo dedicó un apartado específico. Dicho escrito recordaba que el Foro Económico Mundial situó a principios de este año la desinformación y la información errónea en el corto plazo —a dos años vista— en el primer puesto de diez para la clasificación de riesgos globales, mientras que 12 meses antes este término no entraba en la lista de las diez principales amenazas globales ni a corto (dos años) ni a largo plazo (un decenio).

Para los vigilantes de la seguridad nacional en España, “las tensiones globales están llevando a un incremento de la difusión de campañas de desinformación, entendidas estas como acciones llevadas a cabo por actores extranjeros, tanto de ámbito estatal como no estatal, con la intención de desestabilizar y polarizar la sociedad y socavar su confianza en las instituciones”. La recién actualizada Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras acaba de mejorar la posición de España y sitúa a el país en el puesto 30 de 180 naciones, seis puntos por encima de la anterior edición. La razón se debe “a la mejora del contexto legal y de seguridad, y por el declive de otros países”, según el informe que muestra una preocupación global. “A escala mundial, se impone una constatación: la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: las autoridades políticas”.

En la Federación Europea de Periodistas tienen claro que las amenazas relacionadas con la propagación de bulos han de combatirse desde el propio periodismo con el fortalecimiento de consejos deontológicos que fiscalicen el oficio. Su secretario general defiende el caso de Bélgica, donde ejerció durante más de dos décadas para el diario Le Soir. “El Consejo estatal belga, perteneciente a la red internacional de Press Council, cuenta con representantes de los sindicatos de periodistas, dueños de los medios de comunicación y representantes de la sociedad civil. Las denuncias llegan al órgano y si se falla contra un periodista que no ha respetado el código deontológico establecido su medio está obligado a publicar la misma nota que se difunde en la web del Consejo. Ese compromiso viene determinado por tener acceso a ayuda estatal. Ningún medio que no se someta a las pautas de fiscalización del Consejo tiene derecho a ese tipo de ayudas en Bélgica. La red de Press Council cuenta con fondos europeos para la creación de estos órganos. Francia ha sido de los últimos en sumarse”.

Y aquí es donde España supone una vez más un caso peculiar. La red internacional de Press Council tiene como único órgano asociado en el territorio nacional a la institución pionera en la fiscalización del periodismo: el Consell de la Informació de Catalunya, que vigila exclusivamente el quehacer de los medios con implantación en dicha comunidad autónoma, entre ellos EL PAÍS. Su financiación se basa en las aportaciones de dichos medios a una Fundación de la que depende y su presidente es el veterano periodista Josep Carles Rius, autor del reciente libro Periodismo y democracia en la era de las emociones (Edicions Universitat de Barcelona). Rius recuerda la creación de este órgano de autorregulación en 1997, años después de que el colectivo alumbrase un código deontológico al calor de un núcleo de periodistas muy comprometidos entre los que destacó Josep Pernau. Es la generación que se movilizó contra el caso Huertas, por el que el periodista Josep María Huertas Clavería fue condenado ante un juez militar en el verano del 75 tras publicar un artículo en el que escribió que “un buen número de meublés estaban regentados por viudas de militares”.

Rius considera que las claves para el control de la profesión periodística deben obedecer a la autorregulación y la transparencia. “¿Somos transparentes los medios respecto a la propiedad y la financiación? Unos sí y otros no. Y es algo que afecta a la sociedad y también a la libre competencia. Durante los cinco años del gobierno tripartito en Cataluña conseguimos que las ayudas públicas de la Generalitat a los medios estuvieran determinadas por su vinculación a la vigilancia del Consell. Después, con la llegada de Artur Mas, aquello se revirtió”. Rius incide también en otro aspecto que afecta a quienes directamente ejercen el periodismo. En un ecosistema digital donde la apariencia de un medio de comunicación no lleva aparejada necesariamente la exigencia de que quienes distribuyen contenido sean profesionales que se avienen a los cánones del oficio, el presidente del Consell de la Informació de Catalunya —que también ha sido decano del Col.legi de Periodistes de Catalunya— propone reforzar las instituciones de los periodistas. “Actualmente se agrupan en asociaciones y colegios profesionales, pero sería necesaria la creación de un Consejo General de Colegios de Periodistas”.

La Red de Colegios Profesionales ha repetido la misma exigencia estos días mediante un comunicado bajo el argumento de considerarla “una herramienta fundamental para regular el sector y evitar que se produzcan situaciones de desinformación como las denunciadas por el presidente del Gobierno”. El establecimiento de ese órgano, recuerdan en su comunicado, “tiene que ser creado mediante Ley en el Congreso de los Diputados”. A este respecto, Luis Menéndez, responsable internacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), recuerda que “en España el periodismo no es una profesión regulada sino de libre elección amparada en la Constitución”. Y añade: “Quien decide quién ejerce son los directores de los medios”. Además de reforzar las peculiaridades del colectivo, Josep Carles Rius también cree que debería apostarse por un Consejo audiovisual español independiente —los hay autonómicos, como el de Cataluña y Andalucía— y otro Consejo nacional de información que operase en todo el territorio con independencia del Consell de la Informació de Catalunya.

Este órgano autorregulatorio pionero en España tiene un equivalente posterior de ámbito nacional en la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que empezó a funcionar en 2004, opera de manera independiente al Consell de la Informació de Catalunya y no pertenece a la red internacional de Press Council. Su origen emana de la aprobación del Código Deontológico de la FAPE en 1993 y el actual presidente es el veterano periodista Fernando González Urbaneja. “La FAPE nos provee de fondos y en 2023 tuvimos 13.000 euros de presupuesto”, explica González Urbaneja. “Hemos dictado 220 resoluciones en estos 20 años de vida de la institución”. Como ocurre con el Consell de la Informació de Catalunya, dichas resoluciones que señalan malas prácticas se hacen públicas en sus correspondientes páginas web, pero no se obliga —como sí ocurre en Bélgica, donde además su órgano regulatorio es único y para todo el territorio— a los medios que se someten a sus códigos deontológicos a difundirlas también en sus propias cabeceras. “No tenemos poder sancionador”, admite González Urbaneja. “Únicamente, el sentido moral. Pero la legislación de control ya existe: el artículo 20 de la Constitución, el derecho de rectificación y los delitos de injurias y calumnias”.

Las libertades reconocidas en el artículo 20 de la Constitución —el derecho a la libertad de expresión y a transmitir y recibir información veraz— no son derechos absolutos y encuentran límites en el respeto al resto de derechos, con especial atención al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Cuando estos derechos y libertades entran en conflicto, la jurisprudencia del Constitucional ha mantenido que la libertad de información prevalece siempre que cumplan tres requisitos: veracidad, relevancia pública e interés general. Ahora bien, la veracidad de la información exigida por el artículo 20 de la Constitución consiste en un término objeto de interpretación del tribunal de garantías, dado que la verdad universal y absoluta es inalcanzable. En su sentencia 176/1995, el Constitucional determinó que de identificarse la veracidad de la información a la idea de narrar únicamente “la realidad incontrovertible” tal circunstancia implicaría limitar el cauce informativo a hechos o acontecimientos demostrados previamente. Algo incompatible con la inmediatez propia de una noticia, además de constituir, según aquella sentencia, “la tentación de quienes ansían la censura previa”.

Desde la Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de 80 asociados españoles —entre ellos, EL PAÍS— ante instituciones nacionales, europeas e internacionales, su directora general, Irene Lanzaco, defiende que “la libertad de información sostiene al resto de libertades públicas”. Lanzaco aboga por la autorregulación del sector “antes que legislar sobre él”, además de incidir en la necesidad de la “alfabetización mediática del país”. Y afirma que los editores de medios asociados a AMI estudian propuestas autorregulatorias que esperan anunciar pronto. Esta misma entidad es una de las promotoras de la reciente Declaración de Santiago + 30, que con motivo del Día de la Libertad de Prensa este 3 de mayo han rubricado en Santiago de Chile una decena de organizaciones nacionales e internacionales representantes de más de 1.500 medios de información y por la que reafirman el espíritu democrático de la Declaración de Santiago, firmada en 1994 en la capital chilena. Entre otros aspectos, la renovada Declaración de Santiago + 30 solicita a los Estados “evitar el discurso y las narrativas de polarización política, que incluyen la estigmatización del trabajo periodístico en sus roles democráticos ligados a transmisión de noticias, vigilancia sobre funcionarios electos, tolerancia ante las opiniones disidentes y la construcción de consensos”. El texto también pide “desactivar regulaciones que mantienen censura directa o indirecta en contra de medios y periodistas”.

A la legislación española hay que añadir el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, recientemente aprobado por la Eurocámara y de aplicación obligatoria en los Estados de la UE. La desinformación generalizada, la falta de transparencia sobre la propiedad de los medios y la creciente presión sobre los periodistas llevó al bloque comunitario a promover esta normativa de la UE para salvaguardar la libertad de prensa, considerada piedra angular de la democracia europea. Su articulado defiende la protección a los medios frente a injerencias, así como promover su despolitización obligándoles a revelar con transparencia información sobre la propiedad, financiación y publicidad institucional que reciben. La legislación incluye un mecanismo de control de las grandes plataformas en línea como Facebook, X e Instagram cuando restrinjan o eliminen arbitrariamente contenidos de medios independientes. Para la aplicación efectiva de la normativa se creará el Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. “Hay que exigir responsabilidad a las plataformas digitales: son la gran fuente de fragilidad de los medios al llevarse gran parte de la publicidad que los sostienen”, concluye Josep Carles Rius. “Y necesitamos distinguir un proyecto periodístico del resto de cosas en el ecosistema digital donde todo puede ser la selva y quien se impone es el más feroz: la ultraderecha”.

Para ello, como sostiene la periodista Carmela Ríos, experta en los estragos de la desinformación a cuyo estudio ha dedicado años de su carrera, “es necesario definir los contornos del problema, que tiene una gran capacidad de mutación narrativa”. Ríos afirma que España lleva un retraso de años respecto a otros países europeos, “donde hay una concienciación mayor y los periodistas se han dado cuenta de que el problema es de ellos mismos”. Ríos lo comprobó tras los aldabonazos de las victorias de Trump en Estados Unidos y del Brexit en Reino Unido. Y sobre el terreno, al cubrir la campaña electoral del presidente Emmanuel Macron en Francia durante 2017. “Se propagó el bulo de una supuesta homosexualidad de Macron, se hackearon los correos de su equipo… La junta electoral francesa reaccionó y actuaron contra Sputnik y Russia Today. En España hemos podido ver la experiencia de Vox en el uso de las herramientas que permiten las redes sociales con total impunidad. La desinformación es un asunto político, pero también económico y estratégico. Autorregulación, sí, pero hay que replantearse el periodismo. Si no le damos la vuelta ante el complejo contexto que afrontamos seremos los tontos útiles de esta profesión”.