La justicia holandesa obliga al Gobierno a acelerar la reducción de los depósitos de nitrógeno

La organización ecologista Greenpeace ha conseguido este miércoles una victoria jurídica crucial en Países Bajos relativa a la disminución de los depósitos de nitrógeno en la naturaleza. El juzgado de Distrito de La Haya ha fallado que el Estado debe adoptar más medidas para reducir las emisiones que los generan, y le impondrá una multa de 10 millones de euros si no cumple con los objetivos fijados para 2030. Ese año, el 50% de las zonas neerlandesas señaladas en la Red Natura 2000 ―diseñada por la Comisión Europea para salvaguardar la biodiversidad...

La organización ecologista Greenpeace ha conseguido este miércoles una victoria jurídica crucial en Países Bajos relativa a la disminución de los depósitos de nitrógeno en la naturaleza. El juzgado de Distrito de La Haya ha fallado que el Estado debe adoptar más medidas para reducir las emisiones que los generan, y le impondrá una multa de 10 millones de euros si no cumple con los objetivos fijados para 2030. Ese año, el 50% de las zonas neerlandesas señaladas en la Red Natura 2000 ―diseñada por la Comisión Europea para salvaguardar la biodiversidad― ya no deben estar sobrecargadas de nitrógeno. Ahora está protegido un 28%. Ambas parte pueden recurrir la sentencia, pero su aplicación tiene que comenzar ya.

El tribunal ha concluido que Greenpeace ha aportado suficientes pruebas científicas de que la naturaleza se ha deteriorado debido al nitrógeno, y señala que el Gobierno afronta ahora “una serie de reducciones firmes e inevitables”. Andy Palmen, director de Greenpeace en Países Bajos, ha calificado la decisión judicial de “celebración de la naturaleza”.

Espera que el Ejecutivo “asuma al fin su responsabilidad y garantice que todos los sectores relevantes, incluidos la agricultura, el tráfico, la aviación y la industria hagan una contribución justa”. La organización ecologista sostiene que debe protegerse a los agricultores que ya operan de forma sostenible “e impulsar ayudas para los que quieran hacer el cambio”.

La contaminación por nitrógeno es uno de los temas más espinosos para la actual coalición en el poder, encabezada por la extrema derecha del Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, debido a sus repercusiones en la ganadería, la construcción y la industria. El fallo afecta en especial al ministerio de Agricultura, que considera desequilibrado en control del nitrógeno y lo ha calificado de “cruzada” contra las empresas y el sector agrario. El departamento está en manos del Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), que representa al populismo agrario y es contrario a obligar a los granjeros a vender sus propiedades.

En noviembre pasado, Greenpeace pidió a los jueces que declararan que la política gubernamental en este ámbito era “insuficiente para salvar a la naturaleza más vulnerable”. La ONG impugnaba así el enfoque del Ejecutivo en su conjunto, dado que, según dijeron, “este Gobierno ha barrido de la mesa casi todos los planes del anterior”. Se ha pasado de los 24.000 millones asignados en los últimos años al Fondo de Transición de Zonas Rurales, a los 5.000 millones fijados por la actual coalición.

La rebaja sí contempla una partida adicional de 500 millones anuales para la gestión de la naturaleza por parte de los agricultores. Los jueces afirman que “tienen la firme impresión” de que este Ejecutivo “quiere dar un paso atrás”, pero también subrayan que no les corresponde prescribir opciones políticas. Se centran en “sopesar diversos intereses sociales”. En este caso, se trata, por un lado, del estado de la naturaleza. Por otro, de los intereses agrícolas, la transición energética y la construcción de viviendas.

El fallo indica que los objetivos para 2030 “corren peligro si el Estado no toma medidas inmediatas para reducir las emisiones de nitrógeno”. Dice también que el Ejecutivo debe dar prioridad a las zonas más precarias de la red Natura 2000. De este modo, y teniendo en cuenta el 28% ya protegido, “llegar al 22% restante para finales de 2030 es posible con las medidas adecuadas”.

En la legislación neerlandesa se trata del denominado “valor crítico de deposición” que determina la cantidad de nitrógeno tolerable por la naturaleza sin sufrir daños. La Ley de Medio Ambiente establece que el 50% de las zonas sensibles al nitrógeno en el apartado de Natura 2000 debe situarse por debajo de ese valor.

El nitrógeno es un elemento que abunda en la naturaleza, forma la base de las proteínas del cuerpo y contribuye a la fertilidad de la tierra. Es un nutriente primario esencial para la supervivencia de los organismos vivos. Sin embargo, hay dos compuestos nitrogenados que sí dañan el entorno natural. Se trata del amoniaco, una forma gaseosa del nitrógeno, y el óxido de nitrógeno.

La precipitación excesiva de estas sustancias provoca acidificación. La primera procede sobre todo de la ganadería por el estiércol y la orina del ganado. La otra se libera durante la combustión a altas temperaturas, como sucede en las fábricas o con los motores de los coches.

El Gobierno neerlandés ha creado un equipo de crisis debido a los problemas derivados de la concesión de licencias (para la industria, ganadería y construcción) y esta decisión judicial ejerce aún más presión. En 2022, se sucedieron las protestas de los ganaderos contra los recortes planeados para reducir las emisiones de nitrógeno.

Según el Instituto para la Salud y el Entorno (RIVM), la mayoría de las emisiones de amoniaco salen del campo, entre el estiércol de los establos y los fertilizantes artificiales. De ahí el énfasis puesto en la transformación sostenible de las fincas ganaderas. O bien su venta.

Durante el procedimiento, el abogado de Estado adujo que las emisiones de nitrógeno ya se habían reducido a niveles de 1960 en las últimas décadas, y se gastan hoy unos 7.000 millones de euros en políticas para reducirlas y para la mejora de la naturaleza. Calificó además de “prácticamente inviable” la reclamación de Greenpeace.