No hay tiempo que perder en la lucha contra la deforestación

El año pasado el mundo perdió una superficie forestal casi tan grande como Suiza; una destrucción que liberó aproximadamente la mitad de dióxido de carbono que Estados Unidos emitió por la quema de combustibles fósiles. En estos momentos, el Pantanal brasileño (el mayor humedal tropical del mundo y uno de los santuarios de biodiversidad más importantes del planeta) se enfrenta a una temporada de incendios sin precedentes, causados deliberadamente por la agroin...

El año pasado el mundo perdió una superficie forestal casi tan grande como Suiza; una destrucción que liberó aproximadamente la mitad de dióxido de carbono que Estados Unidos emitió por la quema de combustibles fósiles. En estos momentos, el Pantanal brasileño (el mayor humedal tropical del mundo y uno de los santuarios de biodiversidad más importantes del planeta) se enfrenta a una temporada de incendios sin precedentes, causados deliberadamente por la agroindustria para producir pastos o cultivar soja. La deforestación, responsable por sí sola del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero, juega un papel crucial en la proliferación de estos fuegos. La pérdida de bosques tiene impactos en la regulación del clima y genera un aumento de emisiones de CO₂. El cambio climático resultante reduce las cosechas (desde café hasta maíz), eleva las temperaturas, la severidad de las olas de calor y las sequías, lo que a su vez incrementa la frecuencia y gravedad de los incendios forestales. Unos incendios que causan más deforestación, perpetuando así un círculo vicioso.

El Reglamento de la UE de productos y materias primas libres de deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) fue aclamado como una gran oportunidad para proteger la naturaleza y las personas. Es la primera normativa de este tipo en el mundo y, cuando entró en vigor en junio de 2023, contaba con un abrumador apoyo social, de los Estados miembros de la UE y del Parlamento Europeo.

El reglamento señala su determinación de poner fin a la contribución de la UE en la destrucción de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. En teoría, permite únicamente el acceso al mercado de la UE de productos elaborados con vacuno, madera, cacao, soja, aceite de palma, café y caucho que demuestren estar libres de deforestación. La agricultura y ganadería industrial son el principal factor de deforestación del planeta, y el impacto del comercio internacional de estas materias primas sobre los ecosistemas y los derechos de los pueblos es catastrófico. Además, son las empresas importadoras y comercializadoras las que tienen que demostrar que el origen de sus mercancías no ha causado daño ambiental ni ha violado leyes locales.

Argumentos retorcidos

A medida que se acerca el día de la aplicación completa de esta normativa (30 de diciembre de 2024), el optimismo ha sido sustituido por intentos de descarrilar su aplicación. Las multinacionales comercializadoras de las materias primas reguladas y sus productos derivados, las Cámaras de Comercio, los representantes de algunos países productores, así como el Partido Popular Europeo y la extrema derecha han dirigido sus críticas al Reglamento en el marco de un rechazo general a las regulaciones ambientales de la UE.

En marzo, el representante austriaco se puso a la cabeza de algunos ministros de Agricultura de la UE que pedían un aplazamiento, alegando que supondría una carga administrativa desproporcionada para el sector agrícola europeo. Desde entonces, el debate se ha vuelto cada vez más enconado. El gobierno de los EE UU escribió a la Comisión Europea solicitando que la UE retrasara la aplicación de este reglamento, para beneficiar a grandes firmas estadounidenses como Bunge y Cargill. Algunos diplomáticos sudamericanos advirtieron que esta normativa europea agravaría el problema de la droga, argumentando de forma demagógica que si los agricultores peruanos y colombianos no pudiesen vender su café o cacao, estas se pasarían a cultivar coca. Los fabricantes de papel estadounidenses se inventaron el bulo de que habría menos pañales, compresas y otros productos de higiene en los supermercados. La industria maderera europea, por su parte, afirmó que la ley era “un enorme monstruo normativo y administrativo”.

Sabotaje

Combatir la deforestación afecta directamente a los poderosos intereses económicos dentro de las industrias que se benefician de la destrucción ambiental, tales como la cárnica, automovilística, petroquímica, logística, de muebles y neumáticos, etc. Lo sorprendente no es que estos sectores intenten sabotear la regulación. Lo grave es que algunos gobiernos de la UE colaboren con esta injusticia en vez de proteger el interés general y respetar las decisiones democráticas. Las mismas grandes corporaciones que provocan la deforestación en Sudamérica, África y Asia son las que con su posición de dominio en los mercados empobrecen a la agricultura familiar y las pequeñas empresas y cooperativas, tanto en Europa como en el resto del mundo. Cuando nos hemos movilizado por una normativa para combatir la deforestación, siempre hemos insistido en la necesidad de garantizar que los pequeños agricultores reciban el apoyo específico que necesitan.

La pequeña producción ya cumple

Lejos de declaraciones sensacionalistas contra esta normativa, el trabajo de preparación para su aplicación avanza sin cesar. Mientras la industria europea y las grandes empresas madereras estadounidenses afirman que no pueden cumplir los requisitos de la UE, el organismo regulador del cacao en Ghana (COCOBOD) ha declarado recientemente que su sistema de trazabilidad (rastreando los granos de cacao desde la granja donde se producen hasta el puerto de embarque) estará operativo. En Costa de Marfil también se está desarrollando un sistema similar, que permitirá acabar con los pagos fraudulentos generalizados que tanto perjudican a la subsistencia de los pequeños agricultores.

Hay que recordar que Costa de Marfil y Ghana, son los mayores productores de cacao del mundo, y Europa su mayor mercado. Por tanto, la nueva normativa podría tener un impacto positivo en las economías de estos países. No es de extrañar, pues, que un grupo de 120 organizaciones agrarias y de la sociedad civil de Ghana y Costa de Marfil escribieran a la UE para expresar su profunda preocupación por los intentos de retrasar la aplicación de la ley. La UE debería apoyar estos esfuerzos y proveer fondos para ayudar a la pequeña agricultura a adaptarse a las nuevas exigencias.

Apoyo internacional

Hay numerosas organizaciones de pequeñas producciones agrarias, sociales, indígenas, no gubernamentales y empresariales en el mundo que apoyan la ley europea señalando que ayudaría a aplicar las leyes nacionales y a salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas en los países con altos niveles de deforestación. Es el caso de la mayor organización de pueblos indígenas de Brasil (APIB), que lleva mucho tiempo al frente de los esfuerzos por proteger la Amazonia, el Cerrado y otros valiosos biomas brasileños ante los estragos de la agroindustria y los madereros. O la ONG Madani Berkelanjutan, que tiende puentes entre el gobierno indonesio, el sector privado y la sociedad civil para hacer frente a las crisis medioambientales en el país asiático. También empresas del cacao y el chocolate defienden la ley como “un importante paso adelante para impulsar la necesaria transformación del sector”.

Afrontar el reto

Retrasar la tramitación de este reglamento no es una opción, pero su efectividad dependerá de cómo se aplique: la UE no debe permitir retrasos, ni rebajar su ambición. Los Estados miembros, por su parte, deben cumplir con sus obligaciones y aumentar su apoyo a los pequeños productores y los países afectados. Por ello, hacemos un llamamiento al Gobierno de España y los grupos parlamentarios democráticos de Las Cortes para que aprueben, cuanto antes, el anteproyecto de Ley que desarrolla el reglamento europeo y que la doten presupuestariamente para que se aplique correctamente.

La aprobación de la Ley de Presupuestos Generales es una oportunidad inmejorable para demostrar el compromiso de España con la justicia climática y la biodiversidad, aumentando los recursos que permiten a las autoridades –estatales y autonómicas– velar por el cumplimiento de la ley y evitar la deforestación importada. La Alianza Cero Deforestación se compromete a seguir trabajando para que las personas que viven en España puedan estar seguras de que a través de sus compras no están colaborando con la deforestación del planeta y la destrucción de hábitats como las selvas tropicales.