El Tribunal Supremo ratifica que Iberdrola debe derribar la polémica presa de Los Toranes

El Tribunal Supremo ratifica que Iberdrola debe hacerse cargo de la demolición de la presa de Los Toranes, en Teruel, una vieja infraestructura hidráulica construida hace cerca de 80 años cuyo derribo genera un fuerte rechazo en la zona. Según la sentencia con fecha de 8 de julio a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta, h...

El Tribunal Supremo ratifica que Iberdrola debe hacerse cargo de la demolición de la presa de Los Toranes, en Teruel, una vieja infraestructura hidráulica construida hace cerca de 80 años cuyo derribo genera un fuerte rechazo en la zona. Según la sentencia con fecha de 8 de julio a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta, han desestimado el recurso de Iberdrola Generación S.A, que intentaba evitar hacerse cargo de los costes de la demolición, como le exige la Administración estatal tras la extinción de la concesión de esta obra hidroeléctrica.

La presa de Los Toranes está ubicada sobre el río Mijares, a su paso por Albentosa (Teruel), tiene un muro de 17 metros de altura y una capacidad de un hectómetro cúbico. Su orden de construcción es de 1943, hace más de 80 años, y en 2018 expiró su concesión a la empresa Iberdrola, tras lo cual la Confederación Hidrográfica del Júcar emitió un informe en el que consideraba que su mantenimiento es “contrario al interés público, a las exigencias medioambientales y al plan hidrológico”, además de “dudosa” su rentabilidad. Estas obras suponen un riesgo de seguridad cuando son muy antiguas y obligan a afrontar de forma permanente unos costes de mantenimiento, además existe una estrategia europea para eliminarlas cuando dejan de ser útiles para recuperar las condiciones ambientales de los ríos del continente, fragmentados de forma excesiva por multitud de barreras.

En este caso, la decisión de derribarla por parte del Ministerio para la Transición Ecológica encontró una fuerte oposición en la zona, donde sí creen que todavía se le puede dar uso. Sin embargo, en los tribunales el principal punto de discusión se ha centrado en quién tiene que hacerse cargo y pagar el derribo. El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció que debe ser Iberdrola la que corra con los gastos de la demolición. Entonces, los jueces consideraron que “la demolición [por parte de la empresa] está perfectamente justificada”, porque una vez que finalizó en 2018 el plazo de explotación otorgado por el Estado, se considera que la infraestructura es “inviable”. Tras esta sentencia, la compañía eléctrica, que no ha mostrado interés por continuar con la explotación de la presa, recurrió al Tribunal Supremo, que se pronuncia ahora.

La compañía Iberdrola defendía que en la Real Orden de 1929 en la que se acordaba la concesión (que incluía la construcción de la presa) se fijaba que al término de esta se tendrían que revertir las obras e instalaciones al Estado. Como se explica en el texto de la sentencia, “la recurrente expresamente indica que no se opone a la extinción de la concesión y que no cuestiona que, por razones medioambientales, la Administración Hidráulica pueda, en su caso, optar por la demolición de lo construido, lo que no considera ajustado a Derecho es que se le imponga la obligación de ejecutar y costear la demolición, dado que no puede ordenarse al concesionario que lleve a cabo la demolición a su costa si el título concesional prevé la reversión de las obras e instalaciones”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que la legislación posterior valida a la Administración estatal para obligar a la empresa concesionaria a hacerse cargo de la demolición de esta vieja infraestructura. Según la sentencia, “esto no implica retroactividad, sino la aplicación de la legislación vigente en el momento de incoación del procedimiento de extinción de la concesión”. Como detalla el tribunal: “Aunque el título concesional establecía que las instalaciones revertirían al Estado al finalizar la concesión y no preveía la demolición por parte del concesionario, la obligación de retirar las instalaciones se fundamenta en la legislación vigente al momento de incoar y resolver el procedimiento de extinción de la concesión, promulgada con la finalidad de proteger el dominio público hidráulico. La Administración no ha modificado los términos de la concesión, sino que han cambiado los efectos legales derivados de la extinción por el vencimiento del plazo”.

“Estamos contentos porque el río Mijares y los Estrechos de Mijares mejorarán mucho con la demolición de esta presa”, asegura David Hammerstein, exeurodiputado de Los Verdes y ahora representante de la organización Ecologistas en Acción Gúdar-Javalambre, que ha estado personada en este caso en el Supremo. Según este ambientalista, “se ha hecho mucha demagogia con esta vieja obra, el propio [Santiago] Abascal ha estado aquí para hacerse la foto”, pues partidos como Vox han convertido el derribo de viejas infraestructuras hidráulicas, la mayoría azudes muy pequeños, en un ariete contra el Gobierno en momentos de sequía. “La realidad es que esta presa y la central hidroeléctrica son inútiles, ruinosas e inviables”, recalca Hammerstein. “Los Toranes no sirve para luchar contra los incendios, ni contra avenidas, pues es muy pequeña, además tiene defectos de seguridad muy graves”, comenta. “También se ha dicho que puede servir para regadíos, pero eso también es falso, no hay ni un solo regante en la zona dispuesto a pagar el canon de agua”. En su opinión, la gran oportunidad es derribar la presa para recuperar esta parte del Mijares. “Esta zona depende mucho más del río que de esta vieja infraestructura”, subraya.

Entre los contrarios a su desaparición se encuentran los alcaldes de los pueblos de alrededor como Olba (el más cercano, de 226 habitantes), Albentosa y San Agustín. El embrollo llegó hasta tal punto que el Gobierno de Aragón intentó declarar las instalaciones Bien de Interés Cultural. No lo consiguió porque se invadían competencias estatales. El regidor de Olba, Federico Martín (PSOE) se queja de que “se está jugando desde una silla con los sentimientos de una comarca y de unos vecinos de la España vaciada a los que el Gobierno central no ha escuchado”.

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