Los Veintisiete ratifican ‘in extremis’ la ley de biodiversidad, una de las normas más atacadas por la extrema derecha

La saga de una de las leyes europeas más politizadas e instrumentalizadas de los últimos años llega a su fin: los ministros de Medio Ambiente de la UE han dado este lunes en Luxemburgo el visto bueno final a la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN). La normativa, que busca recuperar la deteriorada biodiversidad europea como elemento clave del combate contra el calentamiento global, se había convertido en el gran chivo expiatorio de l...

La saga de una de las leyes europeas más politizadas e instrumentalizadas de los últimos años llega a su fin: los ministros de Medio Ambiente de la UE han dado este lunes en Luxemburgo el visto bueno final a la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN). La normativa, que busca recuperar la deteriorada biodiversidad europea como elemento clave del combate contra el calentamiento global, se había convertido en el gran chivo expiatorio de la fuerte polarización que vive una UE donde el miedo al avance de la extrema derecha ha llevado a muchos países (y al principal partido en la Eurocámara, el Partido Popular Europeo, PPE) a recular en sus compromisos para luchar contra el cambio climático, sobre todo tras las protestas agrícolas de este año.

Pero no era solo un problema verde: el “atasco” de la normativa, como lo ha definido el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, al comienzo del Consejo de Medio Ambiente, se estaba también convirtiendo en un problema grave de “credibilidad” de las instituciones europeas. La marcha atrás de un acuerdo cuando ya había sido negociado (y aprobado por la Eurocámara) “socava todos los acuerdos institucionales de la Unión”, advirtió durante el debate el ministro irlandés, Eamon Ryan. Poco antes, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también había incidido en la necesidad de proteger los procesos institucionales: “Si lo que acordamos no nos gusta y lo volvemos a reabrir, no somos confiables”, resumió la española nada más llegar a la cita en Luxemburgo. De no haberse aprobado, se habría abierto una “grave crisis con respecto a la confianza en la que debemos basar las decisiones entre las distintas instituciones europeas”, agregó tras la votación final, recordando además que la ley era un compromiso internacional de una UE que busca liderar en materia medioambiental. No haber ratificado la legislación, ha corroborado al respecto Greenpeace, habría sido un “bochorno” para la UE en un momento en el que se prepara el próximo encuentro de la ONU sobre biodiversidad en Colombia en octubre.

Tras la aprobación definitiva de este lunes por una ajustada mayoría cualificada (el 55% de los Estados miembros debe votar a favor y los Estados miembros favorables a la propuesta deben representar al menos el 65% de la población total de la UE, se ha logrado con el 66%) y una vez publicada en el Diario Oficial de la UE, la LRN empezará a ser implementada de inmediato. La normativa busca restaurar para 2030 el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE, donde el 81% de los hábitats terrestres y acuíferos están en mal estado.

Concluye así, a priori, un calvario legislativo que comenzó cuando el Partido Popular Europeo (PPE), que hasta entonces había apoyado la normativa, dio un giro de 180 grados a comienzos de 2023 y llamó a tumbarla en la Eurocámara, algo que finalmente no logró, pero a costa de mucho drama político —casi tanto como el que ahora han protagonizado los Estados— y un fuerte desgaste de todos. El fuerte viraje conservador —acompañado de algunos eurodiputados y líderes liberales— se dio justo después de que el partido agrario y populista BBB venciera en las elecciones provinciales holandesas, dando el primer susto del asalto populista a las urnas que ha acabado un año más tarde con un fuerte incremento en el Parlamento Europeo de la extrema derecha, que ha prometido acabar con el Pacto Verde y ha hecho de la LRN su máximo símbolo. Paradójicamente, en Países Bajos, el BBB ha salido muy debilitado de unas elecciones europeas lideradas por la coalición verde-socialdemócrata de Frans Timmermans, el exvicepresidente de la Comisión Europea responsable hasta el verano pasado del Pacto Verde y gran impulsor de la LRN. Aun así, el país, a punto de formar gobierno bajo la batuta del ultra Geert Wilders en el que el BBB se llevará la cartera de Agricultura, ha votado este lunes en contra de la ley de biodiversidad.

Voto decisivo de Austria

Como no podía ser de otra manera en un expediente que, en muchos momentos, ha parecido una “película de terror”, como ha dicho Ribera, la aprobación de la LRN se ha logrado este lunes bajo la amenaza del fracaso hasta el último momento, y con la posibilidad de futuras secuelas no solo legales, sino políticas, incluida una crisis de gobierno en Austria, que en septiembre celebrará nuevas elecciones y donde el partido de ultraderecha FPÖ ha sido el más votado en todo el país en los comicios europeos de la semana pasada.

Para que la ley saliera adelante, se requería que al menos uno de los Estados que había dicho no cambiara su voto a un sí, después de que, pese a haber votado a favor en su momento, Hungría diera marcha atrás, desequilibrando una ya de por sí frágil balanza. Cuando la presidencia de turno belga ya asumía que tendría que volver a retrasar el voto por falta de apoyos, sorpresivamente, la ministra de Medio Ambiente austriaca, la ecologista Leonore Gewessler, anunció el domingo que votaría a favor este lunes, al considerar que está legalmente habilitada para apoyar el texto debido a un cambio de equilibrios a nivel federal en su país (un Estado, Viena, cambió del no al sí, rompiendo la unanimidad en contra de la ley que tenía atada a Gewessler hasta entonces).

“En 20 o 30 años, cuando le enseñe la belleza de nuestro país a mis sobrinas y me pregunten qué hice yo, les diré que hice todo lo que pude para preservarla”, dijo a su llegada al consejo, en el que ratificó su decisión pese a las amenazas de los miembros conservadores de su propio Gobierno de coalición: el canciller, Karl Nehammer, ha anunciado que presentará una denuncia penal por abuso de poder contra su ministra y amaga también con presentar un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Una amenaza —secundada por los ultras del FPÖ— que el ministro belga que presidió este lunes la cita, Alain Maron, desestimó al considerar que los que votan son los ministros que acuden a la cita y que esa es la voz válida a tener en cuenta. Según fuentes diplomáticas, también el servicio legal del Consejo ha confirmado que el voto que hace un ministro en nombre de su país es legalmente vinculante.

La dificultad de lograr este voto a favor es un símbolo, coinciden fuentes diplomáticas, de muchas de las disfuncionalidades que ha mostrado recientemente la UE. Porque los bandazos negociadores que ha dado la LRN el último año, pero sobre todo los últimos meses, se han convertido en una advertencia de todo lo que puede ir mal (y probablemente lo hará) en un nuevo quinquenio con un mayor peso de las derechas más extremas, euroescépticas y negacionistas del cambio climático, tanto en el Parlamento Europeo como en varias capitales, quizás incluso en París tras las elecciones legislativas del 7 de julio, donde el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen tiene grandes posibilidades de llegar por primera vez al poder.

No se trata ya solo de un previsible fuerte retroceso de la agenda verde en unos años en los que ya no queda margen de tiempo para avanzar en la lucha contra el cambio climático, el problema es también estructural: esta ley ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema negociador de la propia UE, de los acuerdos (tanto los puestos por escrito como los tácitos) que han permitido hasta ahora funcionar al difícil engranaje de una miríada de países europeos todos, sí, pero con pasados y visiones de futuro, y de cómo llegar a ese futuro, a menudo muy divergentes. Varias leyes de la agenda verde ya han roto todas las convenciones en los últimos años: la fiabilidad de los Estados a la hora de negociar estaba ya a la baja por la marcha atrás que han dado varios gobiernos, que exigieron cambios a los textos ya acordados con el Parlamento durante el proceso de ratificación de varias normativas medioambientales, desde la prohibición de la venta de coches de combustión a partir de 2035 a la directiva de diligencia debida, que exige a grandes empresas un mayor respeto de derechos humanos y medioambientales.

Pero con la LRN el pulso ha sido más extremo aún, puesto que, pese a haber sido ya muy rebajada durante las negociaciones, varios Estados intentaron que fuera renegociada incluso cuando ya había sido ratificada por la Eurocámara, algo insólito al menos en los últimos años.

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