Ecologistas y técnicos alertan de una ola de denuncias por eximir de evaluación ambiental a proyectos de energías renovables

El Gobierno ha abierto una vía rápida para eximir de evaluación de impacto ambiental a grandes proyectos de energías renovables que considere estratégicos, independientemente de su tamaño y salvo que se pretendan instalar en zonas protegidas o en el mar. Impulsado por una directiva europea, este procedimiento abreviado temporal —que durará hasta final de 2024— empezó con un decreto en marzo del año pasado, pero ahora se han modificado varias de sus características ...

El Gobierno ha abierto una vía rápida para eximir de evaluación de impacto ambiental a grandes proyectos de energías renovables que considere estratégicos, independientemente de su tamaño y salvo que se pretendan instalar en zonas protegidas o en el mar. Impulsado por una directiva europea, este procedimiento abreviado temporal —que durará hasta final de 2024— empezó con un decreto en marzo del año pasado, pero ahora se han modificado varias de sus características con un nuevo decreto. El Ejecutivo destaca que es una medida de emergencia por la guerra de Ucrania, mientras que organizaciones ecologistas, de defensa del territorio y técnicos ambientales alertan de que este proceso puede servir para aprobar megaparques con fuerte rechazo social o que afecten a la biodiversidad, y pronostican una oleada de denuncias.

La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento técnico y administrativo que analiza los posibles riesgos para el medio ambiente de un proyecto antes de que la Administración le dé el visto bueno. En él pueden participar todos los organismos implicados y también la sociedad civil a través del periodo de información pública. “El órgano competente pide informes de impacto ambiental, inundabilidad, ruidos, de afección a paisajes o biodiversidad… Luego hay un periodo de consultas de otros órganos del Estado y a entidades de la sociedad civil. Toda esa información se devuelve luego al promotor para que modifique el proyecto”, señala Íñigo Sobrini, portavoz de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA). Las plantas de energías renovables de más de 50 megavatios (MW) tienen que pasar ese proceso ante el Ministerio de Transición Ecológica, mientras que las de menos las tramitan las comunidades autónomas.

El decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, creó un procedimiento temporal acelerado —denominado “procedimiento de determinación de afección ambiental”— para tramitar instalaciones eólicas y fotovoltaicas a las que se eximía de esa compleja evaluación que se podía aplicar a plantas solares de hasta 150 MW y eólicas de hasta 75 MW, siempre que se encontraran en una zona de baja afección ambiental (según una zonificación que elaboró Transición Ecológica).

El decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, amplía esa vía exprés a parques sin límite de tamaño y elimina también el requisito de la baja afección ambiental. En cambio, mantiene la evaluación ambiental completa para proyectos situados en espacios protegidos (como la Red Natura 2000 y otros), en zonas marinas, o cuyo cableado hasta la subestación eléctrica sea de más de 15 kilómetros. Fuentes del ministerio destacan que la mayoría de los proyectos que se presentan tienen entre 50 y 100 MW, aunque es cierto que algunos exceden ese tamaño.

La AEEIA critica que este nuevo procedimiento elimina la fase de información pública y la posibilidad de participación de la sociedad, evita que se consulte a otros organismos y supone un agravio comparativo respecto a los proyectos que sí han pasado la evaluación ambiental. “El desarrollo de las renovables no se debe hacer rebajando las exigencias ambientales”, dice su presidente, Íñigo Sobrini.

Luis Bolonio, portavoz de la Alianza Energía y Territorio (Aliente) —que aglutina a más de 200 entidades— considera que el decreto “es un atentado a la democracia y a la participación pública que aumentará la conflictividad en el medio rural con las renovables”. Por eso, augura que las entidades vecinales y ecologistas llevarán a los tribunales muchos de los parques fotovoltaicos o eólicos que se aprueben a través de este procedimiento, dado que la sociedad civil no podrá participar de otra manera. “Nosotros desde luego vamos a ir a los juzgados, es muy triste que la única vía que dejen a la ciudadanía sea esta”, dice Bolonio. Sobrini coincide: “Ya se denuncia cualquier proyecto con tramitación impecable, con lo que si no hay evaluación ambiental se hará mucho más. Esto crea inseguridad jurídica”.

De hecho, las cinco grandes ONG ecologistas españolas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) han aventurado lo mismo en un comunicado el viernes: “Es probable que se ralentice el despliegue renovable a base de demandas en los juzgados”. Estas organizaciones consideran que la medida “expone a numerosas especies amenazadas y espacios de alto valor ecológico a un riesgo innecesario y sin precedentes” y exigen “combinar el despliegue de las renovables con la protección a la biodiversidad”.

Una medida coyuntural

El departamento de Teresa Ribera responde que se trata de una medida coyuntural en una situación de guerra y que los proyectos los seguirán evaluando los técnicos del ministerio. “Esta medida responde al acuerdo del Consejo de Ministros de la Energía de la Unión Europea del pasado 19 de diciembre, que exigía procesos de autorización más cortos en zonas de menor riesgo ambiental”, señala un portavoz del ministerio. “Es una respuesta temporal a la agresión rusa a Ucrania, porque las renovables pueden contribuir a evitar que Rusia use la energía como arma. El reglamento europeo considera así que las renovables son de un interés público superior y contribuyen a la salud y seguridad públicas, lo que justifica restringir temporalmente los procedimientos habituales”, prosigue. En resumen, “no queda más remedio, Europa nos dice que hay que actuar ya” frente al atasco en las licencias de renovables.

Pedro Fresco, exdirector de Transición Energética de la Comunidad Valenciana, apunta dos causas para este atasco: “Hay muchas más peticiones de parques renovables de las esperadas y la Administración no está bien dimensionada, hay poco personal técnico para tramitarlas”. Además, se trata de un proceso largo y tedioso, que suele durar más de un año pero se puede alargar fácilmente a dos o tres si hay alegaciones. Juan Fer, portavoz de la Fundación Renovables, cree que la iniciativa servirá para desatascar importantes proyectos de renovables, “pero es un parche, lo que realmente necesitamos son más técnicos en la Administración para agilizar los trámites en todos los niveles”.

Fuentes del ministerio apuntan otro problema: se presentan muchos proyectos que son inviables —a veces, para especular y paralizar otras iniciativas—, pero la Administración no puede denegarlos sin más, sino que tiene que completar todo el proceso, lo que consume recursos y ralentiza a los parques viables. “La Administración es muy garantista, aunque sepa que ese parque no se puede hacer tiene que demostrarlo”, señalan.

Con la nueva vía, el promotor deberá presentar un procedimiento de afección ambiental que realiza una consultora externa y, tras estudiarlo, serán los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica los que decidan si con ese paso es suficiente y pueden seguir por la vía rápida; si tienen dudas, exigirán el procedimiento completo, más lento. En ambos casos los técnicos pueden exigir modificaciones al proyecto. Enoch Martínez, técnico de consultoría ambiental y divulgador, explica: “Los promotores no son tontos. Quien quiera hacer una planta fotovoltaica irá primero al pueblo a preguntar. Si alguno se acoge al proceso rápido y hay contestación social, corre el riesgo de que denuncien su proyecto, y eso supone muchos meses de retraso”.

Pedro Fresco, que también es autor de El futuro de la energía en 100 preguntas (Nowtilus), defiende que exista un procedimiento exprés: “Lo ideal sería tener siempre una evaluación de impacto ambiental, pero llevamos un retraso histórico terrible en la implantación de renovables y necesitamos cambiarlo con urgencia. No sé si esta regulación es la ideal, pero algo tenemos que hacer, aunque siempre hay riesgo de equivocarse”. El valenciano recuerda que la Unión Europea ha urgido a tomar este tipo de medidas a todos los países miembros. De hecho, Portugal aprobó una iniciativa similar en diciembre.

El portavoz de la Fundación Renovables pone otro pero: “Que las renovables se conviertan en una actividad extractiva, es decir, que las grandes empresas, que son las que pueden construir macroplantas de forma rápida, sigan controlando la energía”. Desde la fundación defienden una democratización de la energía, con iniciativas como las comunidades energéticas o el autoconsumo fotovoltaico.

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