Andalucía ha roto la negociación con la multinacional sueca Boliden para que esta pague por el desastre ecológico que en 1998 desencadenó la rotura de la balsa de su mina en Aznalcóllar (Sevilla). Después de seis años de conversaciones infructuosas con la compañía minera, el pasado enero la Junta interrumpió el diálogo para obtener los 89 millones que le costó la limpieza medioambiental provocada por los seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos vertidos al entorno de Doñana. El caso s...

Andalucía ha roto la negociación con la multinacional sueca Boliden para que esta pague por el desastre ecológico que en 1998 desencadenó la rotura de la balsa de su mina en Aznalcóllar (Sevilla). Después de seis años de conversaciones infructuosas con la compañía minera, el pasado enero la Junta interrumpió el diálogo para obtener los 89 millones que le costó la limpieza medioambiental provocada por los seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos vertidos al entorno de Doñana. El caso se juzgará previsiblemente el próximo invierno después de 24 años de laberinto judicial.

Desde 2016 el Gobierno andaluz (entonces liderado por el PSOE y desde 2019 por PP y Ciudadanos) negoció en secreto con Boliden para lograr esos 89 millones, hasta que hace 11 meses las conversaciones —en punto muerto entonces— salieron a la luz. Este pasado invierno, ante la falta de resultados y el poco dinero ofrecido por el gigante sueco, el Ejecutivo autonómico dijo basta y comunicó al juzgado del pleito civil en curso que optaba por ir a juicio. Y ahora el caso por la catástrofe medioambiental, en estado de letargo durante los últimos seis años, se reactiva.

La audiencia previa para dilucidar el caso se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla el próximo 29 de septiembre, cuando se vislumbre si la matriz sueca deberá afrontar el abono de esos 89 millones a las arcas públicas andaluzas. La Junta y Boliden acudirán a esa reunión con el magistrado José Manuel Martínez, que puede dejar el caso visto para sentencia tras examinar las pruebas o fijar una vista oral con periciales y testificales que aten los cabos sueltos de la causa. Un proceso que va camino del cuarto de siglo sin responsables –empresarios, sociedades o políticos– que respondan por la vasta contaminación que provocó en los ríos Agrio y Guadiamar, a un paso de la Reserva de la Biosfera más emblemática de España. La limpieza de los cauces ascendió en total a 132 millones, incluidos los 43 millones que invirtió el Ministerio de Medio Ambiente (hoy para la Transición Ecológica) y que también aspira a cobrar algún día.

Boliden, con 1.078 millones de beneficio operativo y 6.000 empleados el año pasado, echa balones fuera: “La cuestión es si Boliden Apirsa [filial en España de la matriz sueca] tiene responsabilidad sobre la rotura de la balsa. Y aunque nosotros pensamos que no la posee, posteriormente deberá decidirse si el grupo Boliden tiene que asumirla. Apirsa era una empresa separada y con entidad legal propia, con sus propios recursos y responsabilidades”, alega un portavoz de la multinacional escandinava. “El caso legal sigue su curso y estamos abiertos al diálogo constructivo, aunque consideramos que no hemos causado el retraso del procedimiento”, sostiene dicho portavoz.

El cauce del Guadiamar inundado en 1998 por aguas ácidas con metales pesados procedentes de la actividad minera es hoy un corredor ecológico tras la compra de los terrenos afectados por la Administración. Pero este alambicado caso demuestra la dificultad para encausar a los responsables si hubiera otra rotura de una balsa de residuos mineros, algunas de ellas abandonadas tras la extracción de los minerales. Muchas explotaciones en activo están en España en manos de multinacionales y sus bufetes de abogados aprovechan las grietas legales para dilatar los plazos y las sanciones impuestas. “Entramados empresariales están diseñados expresamente para poder eludir cualquier responsabilidad futura en caso de un nuevo accidente”, critica Isidoro Albarreal, del área de minería de Ecologistas en Acción.

El caso Aznalcóllar tuvo una vía penal que se archivó y tras 24 años, hoy sobreviven la civil por la reclamación monetaria de la Junta andaluza y la mercantil, que dilucida el concurso de acreedores de la filial Boliden Apirsa. A esta última se agarra el Ministerio para la Transición Ecológica, cuya sanción de 43 millones impuesta a la compañía confirmó en la vía contencioso-administrativa el Tribunal Supremo en 2005. Carmen Julia García, abogada de varios afectados por la rotura de la balsa en el proceso penal, censura: “Se van a cumplir 24 años de uno de los mayores desastres ecológicos a nivel mundial sin que se haya reparado el daño causado y cada vez es más probable que dicha reparación no se consiga. El archivo penal hoy no sucedería por la mayor contundencia que existe para perseguir los delitos medioambientales”.

El concurso para liquidar la filial de Boliden lleva suspendido los mismos seis años que la causa civil. Es decir, si la Junta obtuviera una sentencia favorable el próximo invierno en la vía civil, acudirá al Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla para desatascar el concurso. A continuación, para que finalmente la matriz sueca pagara por la quiebra de su filial en España, el juez deberá declarar dicho concurso culpable, ya que si lo considera fortuito, ningún acreedor —los primeros en la lista son la Junta y el ministerio— cobrará ni un euro. Tanto la Junta como el bufete Uría y Menéndez, que ha representado a Boliden en la negociación, han rechazado opinar sobre el accidentado devenir del caso.

¿Tiene otras derivadas y soluciones el caso Aznalcóllar?

A pesar de los 24 años transcurridos, la Junta de Andalucía podría acudir a la justicia sueca para reclamar el pago al grupo sueco Boliden si la reclamación en España no prospera, según Juan Antonio Carrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla: “Si la jurisdicción civil diera la razón a la Junta, su crédito contra Boliden sería ejecutable fuera de España de acuerdo con el Reglamento 44/2001 del Consejo de la Unión Europea [aplicable a este pleito], relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales”. A diferencia del Ejecutivo autonómico, el ministerio acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa. “El mayor problema para que el Estado [Gobierno central] pueda liquidar estas cantidades es que, según la legislación de Hacienda Pública, los créditos de derecho público no pueden ser ejecutados fuera de España”, añade Carrillo. Fuentes del departamento de Teresa Ribera se han limitado a señalar: “Respetamos el cauce legal y la Abogacía del Estado irá paso a paso en función de la evolución del caso”.

Hace un año Anders Sand, coordinador del área de investigación y desarrollo de Boliden, aclaró en un foro de expertos europeos sobre residuos mineros que la puerta a una reclamación ante la justicia sueca jamás se cierra sobre un accidente en el país escandinavo: “Si gestionas una mina en Suecia, después del cierre de la instalación serás siempre responsable, no hay límite temporal. Algunos dicen 30 años, lo cual no es verdad, algunos dicen la próxima era glacial, lo cual tampoco es cierto. Los gestores de una mina son responsables para siempre”.

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