Las comunidades con más lobo y asociaciones ganaderas se unen para recurrir la prohibición de cazar la especie

La prohibición de cazar al lobo mediante su inclusión como especie protegida desde el 22 de septiembre se ha convertido en un frente político y agrario para el Gobierno. Tanto las comunidades autónomas que aglutinan al 95% de la población de este animal, Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, como las asociaciones rurales y ganaderas, han decidido recurrir la orden dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica ante la Audiencia...

La prohibición de cazar al lobo mediante su inclusión como especie protegida desde el 22 de septiembre se ha convertido en un frente político y agrario para el Gobierno. Tanto las comunidades autónomas que aglutinan al 95% de la población de este animal, Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, como las asociaciones rurales y ganaderas, han decidido recurrir la orden dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica ante la Audiencia Nacional. Al mismo tiempo, reclaman la suspensión cautelar o cautelarísima de la inclusión del lobo como especie no cinegética en todo el territorio nacional hasta que se dicte sentencia.

La interposición del recurso contencioso-administrativo se ha pactado en una reunión celebrada este martes en Santander, donde se han citado los representantes de los cuatro territorios con más presencia del lobo. La medida para dejar de abatir lobos adoptada por el Ejecutivo, una coalición PSOE-Unidas Podemos, ha logrado poner de acuerdo a gobiernos de distintos partidos. El PP dirige la Xunta de Galicia, en Castilla y León gobierna PP con Ciudadanos, en Cantabria se encuentran Partido Regionalista de Cantabria junto al PSOE, y en Asturias el mando es socialista. Asimismo, otras comunidades sin implantación lobera como Murcia y Andalucía, con presidentes del PP, han apoyado esta reacción como medida de presión al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aragón, comandada por Javier Lambán (PSOE), también receló de la orden pese a la oposición de su socio, Podemos.

Los consejeros de las cuatro comunidades loberas han mostrado su oposición a la orden publicada el pasado día 21 y han cargado contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien han acusado de haber cometido una “tropelía” porque no permite la “coexistencia” entre el animal y los ganaderos. El ministerio ha incorporado al lobo dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el que se incluyen las poblaciones que necesitan una protección particular por su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza. La ley anterior posibilitaba que el polémico carnívoro se pudiese abatir al norte del río Duero, mientras que estaba completamente protegido al sur de esa frontera, donde solo se pueden capturar con permisos especiales y siempre que hubiese episodios demostrados de conflictividad con el ganado.

Ribera también ha recibido múltiples reproches por parte de las entidades agrarias, que han demandado su dimisión si no se rectifica esta normativa, que ya está vigente tras ser publicada en el BOE. Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), insiste en que “esto no va a quedar así” y que las movilizaciones se sucederán para que la ministra no se vaya “de rositas ante una decisión desde el autoritarismo”.

Este mismo lunes unos 200 ganaderos acudieron a una visita de Sánchez a Santander para abuchearlo y pedir la cancelación de la nueva ley. El representante de COAG reivindica el recurso ante la Audiencia Nacional para superar esta “puñalada por la espalda al sector” apoyada en “movimientos radicales” que dan la espalda “al medio rural y agrario”. Blanco destaca que la gran presencia de lobos en esas comunidades convierte en “una insensatez” prohibir su caza, porque su conservación “estaba garantizada” y de este modo se perjudica, según él, la diversidad. La norma “unilateral e injusta” ha alzado a 11 comunidades, con o sin lobos, y se apoyó en una votación “sin sentido” en la que participaron regiones como Melilla, en absoluto afectada por el animal. Blanco detalla que estas plataformas no quieren “erradicarlo” porque es “emblemático y enriquece a la biodiversidad”, pero matiza que no puede ser “a costa de los ganaderos”. Así, confía en la concesión de la medida cautelar para evitar “daños graves” al gremio.

El discurso indignado coincide con el de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), cuyo presidente en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha esgrimido que la ganadería extensiva “está en juego en muchas zonas”, no solo en su comunidad. “El lobo es un viejo conocido y el ganadero está acostumbrado, pero no con la intensidad de los últimos años”, ha añadido, y ha vaticinado que ante la falta de control pueda colonizar nuevas zonas. El colectivo, asegura, respaldará las movilizaciones “en la calle, en los juzgados y donde haga falta. Dujo ha exigido que el titular de Agricultura, Luis Planas, con quien el sector se reunirá este jueves, deje de “ponerse de perfil y aclare si está con los ganaderos o con el lobo”. La inclusión de esta especie salvaje en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, asegura, incrementarán los ataques en Castilla y León, el territorio con más manadas y ejemplares, que según sus datos provocaron unas 4.000 muertes de animales de granjas. Las estimaciones sobre la presencia del cánido apuntan a que en toda España hay unos 2.500 ejemplares repartidos en unos 300 grupos.

Blanco también ha recordado que la instrucción publicada en el BOE choca con los planes de las comunidades, que han trazado sus propias políticas para gestionar al cánido. El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha sido uno de los grandes detractores de la ley de Ribera. Los datos de la región, han afirmado los cántabros, avalan que su plan consigue resultados: en 1997 tenían registradas a cinco manadas contra las 19 actuales y en 2019 notificaron 2.644 animales víctimas de ataques lobunos contra los 1.700 del año pasado. Román Santalla, portavoz del área de ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), defiende el mismo punto de vista mostrado entre los colectivos rurales y los consejeros y siente que el campo “recibe un mensaje de infravaloración” con esta ley pese a haber “hecho posible la convivencia” con la especie. Santalla censura la falta de “diálogo y consensos con el mundo rural” y achaca la “precipitación” a la influencia de “un ala talibán de los ecologistas”, pues resalta que la UPA y otros colectivos tratan habitualmente con conservacionistas que defienden el lobo: “Nos han ninguneado”.

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