La vida comprimida en los ‘guetos verticales’ de Estación Central

Las torres descomunales que bordean la calle Santa Petronila, en Estación Central, una comuna al suroeste de Santiago, parecen tragarse el horizonte. Pero al cruzar la puerta de uno de esos edificios de casi 30 pisos y centenares de departamentos, la vida se contrae hasta lo mínimo: 18 metros cuadrados en el caso de algunas viviendas. Carmen Araujo, una venezolana de 34 años, conoce las complejidades de habitar en los llamados guetos verticales: “Son como mundos en sí mismos”.

Llegó a una de estas edificaciones en 2018. Había salido de Trujillo, una región en el occidente de Venezuela, para instalarse en Santiago, la capital de Chile, y apenas estaba en trámites para obtener una visa de residencia. Fue en una de estas torres, localizada en la calle Coronel Souper 4160, donde halló una alternativa para alquilar sin tantos documentos: solo un pasaporte, un aval y una garantía. Casi nada era malo al principio, pero las fisuras se asomaron en dos años. “Se pobló de una manera impresionante”, recuerda Carmen.

Eso generó hacinamiento, cuya máxima expresión se vio en prolongadas filas para abordar los ascensores, problemas de convivencia como peleas y música a alto volumen, colapso en los servicios, y robos. La inseguridad comenzó a preocupar a los residentes, que optaron por instalar torniquetes en la entrada del edificio para evitar el ingreso de desconocidos. Pero lo que más llamó la atención de los vecinos fue cuando desaparecieron las casas viejas cercanas a los edificios para ser construidos locales comerciales e instalados puestos ambulantes de comida.

Cada cierto tiempo, los problemas en las enormes torres de Estación Central son noticia en Chile. En agosto, la comunidad de uno de estos edificios localizado en la avenida Conde del Maule presentó una demanda contra la inmobiliaria Toro Mazzotte por fallas frecuentes en las instalaciones, lo que fue negado por la empresa constructora que responsabilizó a los residentes del desgaste, según reseñó The Clinic en agosto. Pero también destacan los episodios violentos, como el ocurrido a principios de septiembre, por ejemplo, cuando inspectores municipales que realizaban una fiscalización por ruidos molestos fueron agredidos por dos vecinos de uno de los guetos verticales. En un video se observa cuando los golpean, lanzan botellas y hasta puñaladas con un cuchillo.

Muchos de estos inmuebles son habitados por migrantes latinoamericanos, mayormente colombianos y venezolanos, al punto que un sector de Estación Central, entre las avenidas como Conde de Maule y Toro Mazotte, fue bautizado informalmente como la Pequeña Caracas. “Generalmente son arrendatarios. Estas torres son construidas para la inversión, vendidos como paquetes de inversión y sus habitantes se constituyen como inquilinos transitorios. Muchos se suelen ir por una serie de problemáticas”, explica Loreto Rojas-Symmes, doctora en estudios urbanos y directora del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado. Y añade: “Si bien en su mayoría residen migrantes, esto no significa que sean los productores de precariedad, pues el problema está en la alta densidad de los inmuebles. Es decir, en la cantidad de apartamentos sin espacios de uso públicos ni áreas verdes, en entornos sin capacidad para suplir la demanda de esta población en cuanto a colegios, jardines infantiles, espacios de esparcimiento; lo cual hace que se construya una especie de cápsula, un almacenamiento de personas, sin entender que el espacio para vivir no es solo la vivienda en sí”.

Alberto Herrera, de 40 años, dice que dentro del edificio en que reside, en Toro Mazzotte, existen guarderías informales, bodegas, venta de comida y se ofrecen servicios técnicos, de costura, entre otros. Él ha tenido vecinos, familias de nueve miembros, viviendo en un espacio de 30 metros cuadrados: “Son lugares estresantes por lo poco espacioso y, como todo, hay quienes saben respetar las reglas y otros que no saben convivir. Pero uno no tiene muchas opciones, así que por lo céntrico y barato [200 a 350 dólares], vivimos acá”.

Torres de inversión y alta precariedad

La construcción de estos edificios comenzó en 2008, pero fue a partir de 2017 que aumentaron de forma explosiva. Según datos de la Municipalidad de Estación Central, entre 2013 y 2021 se construyeron 118 edificios en la comuna, de los cuales 68 son considerados de “agrupamiento continuo y altura ilimitada”; es decir, guetos verticales.

Rojas-Symmes asegura que, a diferencia de Estados Unidos y Europa donde se construyeron grandes torres residenciales en el periodo postguerra para dar una respuesta del sector público en las ciudades destruidas, en Chile se hicieron estos conjuntos residenciales de gran magnitud en otro contexto. “Es algo que no tiene parangón respecto a otros países de Sudamérica por tener particularidades como su producción, que es privada y no pública para la vivienda social; estar localizadas en un territorio con alta demanda inmobiliaria, y no en las periferias; y construido bajo una regulación desregulada”, dice.

Las autorizaciones de construcción de estos inmuebles se otorgaron en la gestión del exalcalde Rodrigo Delgado (2008-2020) y hasta 2018, cuando un dictamen de la Contraloría General de la República ordenó la invalidación de permisos para edificación de este tipo en esta comuna. Esta decisión fue ratificada años después por la justicia chilena y, en julio de este 2025, la Municipalidad de Estación Central, encabezada por el alcalde Felipe Muñoz, presentó oficialmente el primer plan regulador de la comuna que establece alturas máximas de hasta 12 pisos para los proyectos inmobiliarios, condicionadas al cumplimiento de incentivos normativos como la incorporación de viviendas de interés público, cesión de áreas verdes y otras medidas.

El caso chileno es más que una anomalía urbanística, escribe Rojas-Symmes en el capítulo Torres de inversión y alta precariedad habitacional: una mirada de contraste con la vivienda social del libro Cartografía social de Chile 2024, Ediciones UAH, Santiago 2025. “Es el síntoma de una ciudad entendida como activo financiero, donde los espacios de vida se subordinan a la lógica del rendimiento económico. Representan un punto de inflexión en la historia del desarrollo urbano de Chile”.

Según la académica, estas edificaciones han sido una respuesta del mercado a la necesidad de vivienda en zonas céntricas, “reproduciendo un nuevo tipo de precariedad habitacional y normalizando el hacinamiento central”.