El Gobierno de Boric se enfrenta a la Fiscalía por acceder al teléfono móvil de Miguel Crispi, quien era el principal asesor del mandatario

En el marco de la investigación del cuestionado convenio del Gobierno Regional de Antofagasta con la Fundación ProCultura, por 630 millones de pesos (unos 655.000 dólares), caso conocido en 2023, el fiscal Patricio Cooper interceptó las comunicaciones telefónicas del entonces subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) de la Administración de Gabriel Boric, Miguel Crispi, quien en ese puesto validó el convenio. Crispi fue, además, el principal asesor del mandatario, hasta marzo, cuando renunció. Según el medio Ex-Ante, Cooper también pidió intervenir el celular del mandatario, lo que fue rechazado por el juzgado de garantía. ProCultura fue fundada por el psiquiatra Alberto Larraín -quien fue asesor de Boric en temas de salud mental cuando era diputado-, está siendo investigada por eventual fraude al fisco. Desde La Moneda han informado este lunes que solicitaron al Ministerio Público aclarar la presunta solicitud de acceso al móvil del presidente.

La portavoz de Gobierno, Aisén Etcheverry, sostuvo que, por la naturaleza de las conversaciones de los jefes de Estado, estas tienen un estándar de protección más alto, “porque si son conocidas por terceros podrían eventualmente comprometer la seguridad nacional”. Y dijo este lunes que están a la “espera que el Ministerio Público, el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda confirmar o negar” la información publicada por Ex-Ante y, a partir de ahí, “tomar los resguardos que sean necesarios”. Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, planteó este martes que lo único que pide el Gobierno “es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley”.

El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Juan Santana, adelantó que si el fiscal Valencia no aclara el intento de pinchazo al teléfono del presidente Boric, juntarán las firmas para solicitar su remoción. “Estamos hablando de que el fiscal Cooper pidió escuchar las conversaciones ni más ni menos que del presidente de la República en un verdadero abuso de poder. Esto se volvió un tema de seguridad nacional y debe tener algún tipo de freno. El fiscal nacional es el responsable directo y si no toma medidas urgentes se vuelve cómplice de la conducta temeraria e inconstitucional de Cooper. Así haremos valer su responsabilidad”, advirtió.

El candidato presidencial del Partido Republicano, de la derecha dura, José Antonio Kast, emitió un mensaje este martes presionando para que Botic entregue su celular y saber qué habló, qué sabía y qué coordinó con Larraín.

Las escuchas telefónicas están en el centro del debate público. La Tercera publicó el fin de semana un artículo en el que dio cuenta del pinchazo al teléfono de Crispi, exjefe del Segundo Piso -como se conoce a la oficina de asesores de los presidentes en Chile en La Moneda- de una conversación que sostuvo con su madre, la socialista Claudia Serrano, el 7 de enero. Ocurrió en momentos en que el Gobierno de Boric lidiaba con la fallida compra y venta de la casa del expresidente Salvador Allende, que la Administración de izquierdas pretendía convertir en un museo de memoria. Tras conocer su contenido, aunque el pinchazo se relacionaba con el caso ProCultura, la Fiscalía abrió una investigación penal por la causa de la adquisición de la residencia del exlíder de la Unidad Popular.

La entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende, y la exsenadora Isabel Allende Bussi, hija del exmandatario, eran dos de las cuatro propietarias de la residencia. El proceso para la adquisición ignoró que las leyes chilenas impiden que los funcionarios públicos celebren contratos con el Estado, por lo que la compra fracasó a los pocos días de concretarse. Tanto Fernández como Allende Bussi, ambas socialistas, tuvieron que dejar sus cargos por la controversia (la primera renunció en marzo y la segunda fue destituida por el Tribunal Constitucional en abril).

En la conversación publicada por La Tercera, Serrano le cuestionaba a Crispi, su hijo, del Frente Amplio, por los errores de cómo se había llevado a cabo el intento de compra. El exjefe de asesores de Boric le asegura a su madre que Isabel Allende insistió en que se llevara a cabo la venta -algo que la exsenadora niega- y que el abogado de la familia Allende también tiene responsabilidad por lo ocurrido. “[Isabel Allende ] llamó hasta el portero del ministerio”, le dijo su hijo para graficar la situación.

Ante los cuestionamientos a las escuchas telefónicas a raíz del caso Crispi, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, defendió que este tipo intervenciones son herramientas legales “que también se aplican en casos de narcotráfico y terrorismo sin generar el mismo nivel de controversia”. “La intervención telefónica del señor Crispi tenía fundamentos y estaba autorizada por un tribunal de la República”.

La Fiscalía regional de Coquimbo, que lidera Cooper e indaga el caso ProCultura, emitió este martes un comunicado público en el que señaló que la indagatoria, por tratarse de lavado de activos, “se encuentra sujeta a reserva, lo que impide divulgar públicamente detalles sobre su contenido o avances”. Con ello cerró cualquier posibilidad de referirse al caso: “Con el fin de resguardar cualquier interferencia en su desarrollo, la Fiscalía regional no realizará declaraciones respecto de los antecedentes o diligencias específicas a la causa”.

Y agregó: “En cuanto a las eventuales solicidtudes de medidas intrusivas, se recuerda que estas son controladas por los respectivos juzgados de garantía, conforme a la ley, y que la Fiscalía no entrega información sobre tales solicitudes a terceros ajenos al proceso”.

Cooper lleva la causa de ProCultura, pero también la investigación por la compra fallida de la casa del expresidente Allende en la calle Guardia Vieja, en Santiago. En las pesquisas, el fiscal hizo declarar a la exministra Fernández y a la exsenadora Allende. Además, el pasado marzo le tomó una declaración voluntaria al presidente Boric por el asunto.