92.000 millones de dólares

El 30 de septiembre, como máximo, el ministerio de Hacienda debe concluir la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos 2025, el cual debe ser aprobado antes del 30 de noviembre para entrar en vigor el 1 de enero del próximo año, en que debe aplicarse. Se trata del tercer y último presupuesto íntegramente diseñado y ejecutado por la actual administración de gobierno, involucrando recursos que seguramente superarán los cerca de 84 millones de pesos (unos 92.000 millones de dólares) que contempló la hacienda pública en 2024.

La cifra es de una dimensión tan vasta que casi todos los intentos por hacerla asible, traduciéndola, por ejemplo, en eventuales nuevos hospitales, escuelas, puertos o carreteras, apenas permiten hacerse una difusa idea de su envergadura, aunque pocos rebatirán que su importancia macroeconómica es significativa por el solo hecho de representar sobre un 25% del Producto Interno Bruto (PIB).

Pero más allá de la vastedad del guarismo, el rito de alumbramiento de un nuevo Presupuesto de la Nación, con sus cadenas televisivas nacionales y sus debates parlamentarios de madrugada, es un ejercicio que suele hacer friccionar los anhelos de ‘legado’ con la dura realidad. Y la realidad presente es que, si bien en los últimos años no ha habido grandes estropicios, quizás el mejor legado que puede dejar a estas alturas el gobierno sería volver a poner al país en la senda de los equilibrios fiscales y, de ese modo, reencauzar el ciclo macroeconómico en la senda del crecimiento y el progreso, hoy tan lejanos.

A lo largo de los años en Chile fue ido articulando un completo y complejo engranaje de instituciones que buscaban mantener el devenir del sector público y de las cuentas fiscales dentro de un corredor de escenarios razonables y sin grandes desajustes. Se ha tratado de un proceso político institucional loable, donde conceptos como el de balance estructural fiscal, la operación de Comités de Expertos Consultivos de PIB y Precio del Cobre y los ejercicios de evaluación ex ante y ex post de programas públicos han intentado conformar una dinámica virtuosa donde no sólo los grandes agregados macroeconómicos se puedan mantener en vereda, sino que también la eficiencia y eficacia del gasto permitan una adecuada resolución y atención de las urgencias de la sociedad. Pero éste no ha sido el resultado.

Por ejemplo, en lo que respecta a los grandes números, es ampliamente sabido que la deuda pública del país no ha dejado de acercarse al límite de tolerancia de 45% del PIB recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo (el año 2023 la deuda cerró en 39,7% del PIB) y que abiertamente este organismo habla de que Chile atraviesa una situación de estrés fiscal que urge sea abordado en forma mancomunada por el gobierno y el Congreso.

De igual forma, y aunque a nivel regional la foto de Chile pueda verse mejor que la de otras naciones, hay variados antecedentes que ponen en cuestión la eficiencia y pertinencia del gasto público en el país. Es más, quienes han hecho el ejercicio de adentrarse en la maraña de los cientos de programas que anualmente reciben recursos fiscales, suelen salir de ese periplo con decenas de ejemplos de despilfarro que escandalizarían al más laxo de los observadores. Este es un tema que se torna candente no sólo durante la tramitación de la Ley de Presupuestos, sino que es uno que adquiere contornos crispados cada vez que se saca a colación la necesidad de reformar el sistema tributario.

El lunes 30 de septiembre, como muy tarde, comenzará una nueva discusión presupuestaria, donde probablemente los titulares de prensa pondrán la mirada en los porcentajes de aumento anual por sector, o en cuánto de esos recursos irá a seguridad pública, salud, educación y otras urgencias. Seguramente, otra parte del debate político seguirá empantanado en cómo se pretenderá cumplir la hoy llamada ‘solución’ al problema del CAE, en un contexto de discusión parlamentaria donde lo que quedará patente es la evidente escasez de recursos e infinidad de necesidades que tiene el país. Sin embargo, más allá de esa danza de números y titulares, lo que no debería ser pasado por alto en estos meses de acaloradas discusiones es si la dirección que están tomando las cuentas públicas en este último Presupuesto de la administración del presidente Boric es la correcta, tanto en términos de su impacto macroeconómico como en cuanto a la pertinencia de los gastos que se decide acometer en el país.