Olímpicos

Sin empacho, vergüenza ni pudor. Olímpicamente, se podría decir, algunos parlamentarios interpelaron hace unos días a la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, en el curso de lo que la prensa describió como una tensa sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. ¿La razón? El rol jugado por el instituto emisor en el contexto de las masivas liquidaciones de activos que realizaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a raíz de los retiros de recursos previsionales dispuestos al alero del subterfugio de reformas constitucionales que los viabilizaron.

Visto desde el punto de vista de las percepciones ciudadanas en torno a las instituciones de nuestro país, lo que ocurrió ese día en el Parlamento fue que algunos miembros del Congreso, la institución que los chilenos perciben más infiltrada por la corrupción según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), y una de las que goza de menor confianza junto a los partidos políticos, interpelaron a la máxima representante de una de las instituciones que según otros sondeos se cuenta entre las mejor evaluadas del país.

La acusación que se le hizo al Banco Central fue haber ‘subsidiado’ a las AFP, al realizar operaciones de mercado abierto destinadas a adquirir parte de las masivas ventas de instrumentos en que estaban invertidos los recursos previsionales y que se debieron realizar para cubrir la estampida de retiros generada por los propios parlamentarios. La acción del Banco Central, que buscaba dar gradualidad y contención al tsunami de ventas y evitar que las pérdidas de valor de los instrumentos ocasionaran mayores estragos de los que efectivamente se produjeron, en la lectura de los parlamentarios acusador no eran sino una acción cómplice maquinada perversamente para evitar un mayor menoscabo del sistema privado de pensiones.

Los retiros de fondos de pensiones dispuestos totalizaron cerca de US$ 48.000 millones, una cifra descomunal desde el ángulo que se mire (un 18% respecto del PIB y porcentaje elevadísimo del mercado de capitales), y sus esquirlas generaron un reguero de daños que destrozaron los equilibrios de mercado y que seguramente acompañarán a la economía chilena aún por bastante tiempo más.

A los millones de personas que quedaron sin fondos para sus pensiones y a las que aún no recuperan los saldos que tenían antes de estas medidas, con lo cual sus tasas de reemplazo se han visto mermadas, se han sumado consecuencias de manifestación instantánea como el alza del costo de la vida, expresada en una inflación anualizada que alcanzó un peak de 14,1% en agosto de 2022; una agresiva política monetaria que se tuvo que activar para contrarrestar la inflación y que terminó trastocando transversalmente todo nivel el mercado crediticio, con mayores tasas de interés, menores plazos para los préstamos (especialmente los hipotecarios) y mayores exigencias de elegibilidad para las personas.

Nada de esto ha sido indiferente en términos de calidad de vida y expectativas de realización personal de los chilenos, por no hablar de las consecuencias de segundo orden asociadas a un país donde la incertidumbre y desconfianza institucional golpean los planes de inversión de las empresas, y las menores tasas de crecimiento de la economía se traducen en ajustes de dotaciones, quiebras, y planes postergados, y un consecuente desempleo.

En fin. Einstein dijo una vez que hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. El pasado 23 de julio se inició en la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados la tramitación de una consolidación de mociones parlamentarias que plantean nuevos retiros previsionales. La propuesta conjunta se verá el próximo 27 de agosto a nivel de la Comisión de Constitución, desde donde se proyecta despacharlo a la sala para que sea analizada la primera semana de septiembre.

Independiente de que, a la luz de la evidencia, una iniciativa como esta sólo podría ser aprobada en un arrebato de delirio, no deja de llamar la atención que haya quienes recurrentemente la promuevan y defiendan, a sabiendas de sus seguros efectos perjudiciales para el país. Sin ir más lejos, ya en mayo de 2023 la presidenta del Banco Central tuvo que acudir a la Honorable Cámara a explicar los Impactos Económicos y Financieros de los Retiros de Ahorros Previsionales, en ese caso cuando se proponía un sexto retiro.

En aquella oportunidad Rosanna Costa proyectó que una medida de esta naturaleza supondría un nuevo impacto inflacionario que podría llevar al alza del costo de la vida nuevamente a niveles de doble dígito; a un aumento del tipo de cambio de entre 10% y 20% respecto del escenario base del Ipom y a una expansión sin fundamentos del consumo que obligaría nuevamente a elevar la tasa de política monetaria, con su consecuentes impactos a lo largo y ancho de la dinámica de una economía. Una economía que no ha podido recuperarse y que, como bien se sabe, tiene hoy un potencial de crecimiento que, descontado el efecto poblacional, es prácticamente nulo.

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