Radiografía a las mujeres de las cárceles chilenas: en prisión preventiva, delitos de drogas y una de cada cuatro, extranjeras

Chile es el segundo país de América Latina con la mayor tasa de población penal femenina, sólo superado por Guayana Francesa, representando un 8% de las 55.751 personas privadas de libertad. El punto de inflexión en el incremento sostenido se produjo en 2020. Desde entonces, el número de mujeres en prisión ha aumentado un 56% hasta alcanzar las 4.464 en mayo de este año, una cifra récord en los últimos 13 años, según los datos entregados a EL PAÍS por el Ministerio de Justicia. “La situación de la privación de libertad está aumentando en todas partes del mundo, pero en el caso de las mujeres en Chile es significativamente superior a cualquier otro lugar”, apunta este miércoles por teléfono el ministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero.

Las personas en prisión preventiva casi se han duplicado en los últimos 10 años, alcanzando las 20.704, lo que se traduce en el 36,5% de la población penal. De las 4.464 mujeres presas hasta el 31 de mayo, un 47,2% se encuentran en prisión preventiva. Las privadas de libertad tienen en promedio 35 años, la inmensa mayoría son madres y jefas de hogar y una de cada cuatro son extranjeras. Más de la mitad acabaron en la cárcel por un delito relacionado con la ley de drogas (un 56% de las mujeres condenadas y un 63% de las imputadas), seguido por robo. “Las mujeres suelen ser las que transportan drogas o las custodian. La relación de la mujer, el delito y la cárcel está muy vinculada al tipo de delito que genera ingresos a su familia. Por eso habitualmente son reincidentes”, señala el ministro Cordero, quien remarca la complejidad del asunto ya que, al no ser líderes de bandas u organizaciones, se puede meter una mujer a la cárcel, pero la actividad delictual que ejercía la va a cometer otra.

¿Cómo se explica este disparo en las cifras? Cordero señala dos factores clave: las normas relacionadas con los delitos de drogas -el más prevalente en las mujeres privadas de libertad- se han ido rigidizando en los últimos años y, debido a una reforma legislativa que impide la expulsión de detenidos extranjeros, la población de mujeres foráneas ha aumentado significativamente. Este nuevo escenario se puede ver especialmente en la zona norte del país, por ejemplo, en Alto Hospicio. El 25% de las reclusas hoy son extranjeras: 54% bolivianas, venezolanas (19%) y colombianas (14%). Casi la mitad (45%) se encuentran en la región norteña de Tarapacá y solo un 20% en la región Metropolitana de Santiago.

En 2010, la población extranjera privada de libertad en Chile era el 4,8%. Hoy representa el 14,7%. En solo 24 meses ha aumentado más de un 100%. “Es un número muy, muy alto y la población masculina es muy prevalente en ese momento. Las nacionalidades prevalentes son colombianos y venezolanos”, señala el ministro Cordero. “Los encarcelamientos mirados simplemente como rigidez y aumento de penas, sin prospección, al final del día es un autoengaño en materia de seguridad. Si quiere seguridad en el largo plazo, se va a tratar de disminuir los delitos y, en consecuencia, disminuir la reincidencia”, añade.

Chile es el sexto país con mayor tasa de personas privadas de libertad en Latinoamérica. El alza en las personas privadas de libertad ha estado empujada principalmente por hombres, pero el secretario de Estado pone el acento en el incremento de las mujeres porque considera que el impacto que tiene “es brutal”. Explica que la mujer es el grupo de la población penal que menos visitas recibe y regularmente su pareja las abandona. Además, cuando tienen hijos menores de dos años, están con ellas en la cárcel. Cuando sus hijos son mayores, muchas evitan que las visiten para que no se acostumbren al contexto carcelario. “La situación de una mujer privada de libertad tiene efectos multiplicadores muy, muy grandes en su grupo familiar. Y también en la sociedad porque cuando salen, no solo tienen que ver cómo se reinsertan, sino que también cómo recuperar a sus hijos”.

La dimensión del impacto que tiene una mujer privada de libertad, afirma Cordero, no se está considerando, ni tampoco el efecto de que rigidizar las leyes como la de drogas. Una reforma a la Ley de Migraciones hace un par de años prohibió a las personas extranjeras condenadas por infracción a la Ley de Drogas acceder a la pena sustitutiva de expulsión del país. El Gobierno de Boric hoy busca revertir esta medida en los casos que la pena sea inferior a los cinco años y un día. Un 34% de las mujeres está cumpliendo una condena de cinco a 10 años, un 29% de tres a cinco años y un 15% de 10 a 15 años.

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