El exministro de Boric, Giorgio Jackson, apunta contra 23 diputados de la UDI por difamación

El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, principal aliado político del presidente Gabriel Boric, ha demandado a 23 diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la derecha tradicional. Lo ha hecho por difamación debido a que en julio del año pasado los parlamentarios lo vincularon, a través de una carta que enviaron al mandatario, tanto al Caso Convenios como al robo de 23 ordenadores desde el ministerio que lideraba en ese entonces. Es delito que, según ha indagado hasta ahora la Fiscalía, protagonizó una banda de delincuentes dedicada a realizar estafas telefónicas desde una cárcel de Santiago.

Jackson, quien ha sido compañero de ruta de Boric desde que ambos eran dirigentes universitarios en 2011, dimitió el 11 de agosto de 2023 al ministerio de Desarrollo Social. Lo hizo presionado ante el anuncio de la oposición de presentar una acusación constitucional en su contra, para sacarlo del cargo. Lo acusaban de responsable político del caso Convenios, la trama de corrupción sobre el traspaso de dineros del Estado vía trato directo a fundaciones privadas —la primera denunciada fue Democracia Viva en la ciudad de Antofagasta en el norte del país— para apoyar a asentamientos urbanos. Es un escándalo de dineros que investiga el Ministerio Público, protagonizado principalmente por exmilitantes de Revolución Democrática (RD), partido del Frente Amplio, la coalición del presidente. Jackson fue fundador y líder de RD.

Jackson, que está en Barcelona por una temporada para dar clases y realizar asesorías, había presentado primero una acción prejudicial en contra de la UDI, pero ahora acotó la demanda a los diputados que firmaron el texto acusándolo. El libelo, ha publicado La Tercera, se fundamenta principalmente en la carta que el grupo de parlamentarios envió a Boric en julio del año pasado exigiendo la salida del ministro del Gobierno dentro de 48 horas. Fue una misiva que redactaron luego que la cartera de Desarrollo Social sufriera el robo de 23 computadores portátiles y una caja fuerte. Según la acción judicial, las imputaciones fueron “sostenidas tan solo sobre la base de meras y aparentes creencias y asociaciones populares que, hasta la fecha, no se han demostrado ni se podrían llegar a demostrar como ciertas”.

La demanda ha sido presentada por el abogado Miguel Schurmann, quien también representa a Jackson en las querellas por injurias, calumnias y difamación que en enero interpuso el exsecretario de Estado en contra del senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, a quienes imputa injurias, calumnias y difamación.

En la entrevista que Jackson concedió en enero a EL PAÍS, aseguró que en esa carta se le “imputaron dos delitos: orquestar un esquema de defraudación al fisco y estar directamente involucrado en el robo de 23 computadores y una caja fuerte en el ministerio de Desarrollo Social”. Jackson agregó sobre la UDI: “Es un partido que dentro de sus filas ha tenido militantes como Pablo Wagner, Virginia Reginato, Iván Moreira, Marta Isasi, Jovino Novoa, involucrados en casos de corrupción –varios con condena–, por lo que con todo el poder que la UDI ostenta, sus dirigentes deberían medir sus declaraciones al referirse de manera calumniosa contra alguien”.

Disculpas públicas

En la demanda Jackson ha señalado que se dañó su honra, y ha exigido que los diputados de la UDI sean condenados a pagar las costas del juicio, a pedir disculpas públicas y al pago de una indemnización, sin mencionar el monto, del que se dice que debe ser precisado en su momento.

De acuerdo con La Tercera, el escrito señala: “Nuestro representado sufrió cuantiosos daños que deben ser indemnizados solidariamente por los demandados y cuya especie y monto se discutirán en la etapa procesal correspondiente”. Y agrega: “No pretendemos, mediante esta presentación, reclamar ningún posible tipo de daño patrimonial que haya sufrido”. Con la mención a la salida del Ministerio de Desarrollo Social, “no querríamos justificar ningún tipo de daño emergente ni lucro cesante respecto de un cargo de confianza de S.E. el Presidente de la República y respecto del cual don Giorgio Jackson renunció, sino que simplemente apuntaremos a la última forma de daño a la honra que provocó el ilícito civil cometido por los Honorables Diputados”.

La demanda sostiene, además, que los parlamentarios señalaron en la carta que tanto el robo sufrido por el ministerio como el caso Convenios “son hechos que tienen en común la participación del señor Jackson como un agente obstructor de la investigación penal”. “Y acaso como intentando justificar dicho vínculo, indican en su texto que la gran mayoría de los chilenos -de forma bastante transversal- ha vinculado el robo en el Ministerio de Desarrollo Social como una operación política para ocultar justamente toda la información relacionada con el eventual fraude al Fisco que se investiga’”.

La tarde de ese lunes, Jackson ha publicado en mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que ha dicho: “Es una lástima tener que llegar a instancias judiciales, pero si queremos tener una mejor convivencia democrática es bueno afirmar que NO TODO VALE. Hace ocho meses parlamentarios UDI firmaron una carta difamándome, por supuesto, sin prueba alguna. Reitero estar disponible a desistirme de esta demanda respecto de quienes ofrezcan genuinas disculpas públicas”. Y añadió: “Reitero estar disponible a desistirme de esta demanda respecto de quienes ofrezcan genuinas disculpas públicas”.

El robo de los computadores y la caja fuerte caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en el centro de Santiago, habría sido perpetrado por una banda comandada desde la cárcel de Puente Alto, en el sur de Santiago, por Miguel Ángel Apablaza, de 24 años, alias Negro Chico, quien estaba privado de libertad por otro delito. Es lo que, al menos hasta ahora, se sabe de aquel delito. Ocurrió la noche del 19 de julio, cuando los guardias respondieron un llamado telefónico de un hombre que dijo ser Giorgio Jackson y que les señaló que unos supuestos sobrinos suyos irían a retirar los computadores. Se ha conocido que el delito lo concretó a través del llamado cuento del tío, luego que un grupo de sujetos vestidos con overoles blanco, llegaran hasta la secretaría del Estado.

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